Los seis dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que estaban detenidos en Santa Cruz desde el viernes fueron liberados luego de pagar una fianza de 500 pesos cada uno. La jueza Graciela Ruata de Leone, quien ordenó la excarcelación, mantuvo contra los gremialistas los cargos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
ATE había hecho, el martes, un paro nacional en reclamo por los presos, entre quienes estaba el secretario general de la Asociación a nivel provincial, Alejandro Garzón, y cinco delegados de la Municipalidad de Pico Truncado. Los dirigentes fueron arrestados luego de que el intendente local, Osvaldo Maimo (PJ), denunciara que lo habían presionado para firmar con el sindicato un aumento de sueldos.
Ayer, la jueza amplió la indagatoria a dos de los dirigentes y escuchó a cinco testigos. El conflicto se originó porque los estatales de la ciudad –son unos 600 trabajadores– venían sosteniendo, desde mayo, un plan de lucha en reclamo de una mejora de 300 pesos y por el blanqueo del personal contratado. El reclamo se extendió por 44 días, en 37 de los cuales hubo piquetes. Finalmente, el municipio firmó un acta-acuerdo, pero luego el intendente denunció que la mejora había sido conseguida en forma “compulsiva” y aseguró que él y otros funcionarios fueron “tomados de rehenes hasta las 5 de la mañana para llegar a una propuesta”.
Con la libertad de los detenidos, volverá a primer plano el reclamo salarial, ya que el acuerdo con el intendente fue declarado nulo por la Justicia luego de la denuncia. El punto de desacuerdo está centrado no en el monto en reclamo, sino en su incorporación al básico, piso sobre el que se calculan todos los adicionales.