El cierre de listas solo tuvo anoche un paréntesis para el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Fue cuando ordenó al secretario de Medios, Enrique Albistur, que desistiese de la querella contra la revista Noticias.
Albistur había presentado una demanda penal contra Darío Gallo, Jorge Fontevecchia, Alberto Fontevecchia y Luis Moretti. Gallo fue el autor de una nota sobre Albistur. Los Fontevecchia son los propietarios de Editorial Perfil. Moretti es el abogado de la empresa desde tiempos de la dictadura.
–¿Fue una instrucción del Presidente la querella contra Noticias? –preguntó Página/12 a un alto funcionario del Gobierno.
Tras pedir reserva de identidad, el funcionario respondió:
–No. El Presidente se enteró por los diarios.
Y agregó dos informaciones.
Dijo que Néstor Kirchner se manifestó “disgustado” por la querella criminal.
También citó una frase dicha por el Presidente en la intimidad: “Muchas veces algunos periodistas me criticaron duramente, pero yo nunca entablé una querella contra nadie”.
La información sobre la querella no fue publicada por la revista sino ayer por el diario La Nación. La edición estaba acompañada por una larga nota del subdirector, José Claudio Escribano, en la que describía la querella como “un rayo aislado” y citaba el pensamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa según el que “en los casos punibles cabe con toda lógica el resarcimiento económico, no la persecución penal, por la gravedad de los efectos intimidatorios de ésta y su derivación en la autocensura de la prensa”.
Entre los políticos suele haber posturas distintas frente a las publicaciones periodísticas. En los 22 años de democracia algunos eligieron querellar. El argumento en ese caso fue siempre el derecho a defender la honra individual. Otros planteos prefirieron evitar la querella por razones de fondo o por simple picardía política. La picardía es obvia: al querellar se agranda la noticia, sea falsa o verdadera. Las razones de fondo apuntan a otra cosa: la idea que un funcionario tiene formas de expresión propias para responder a cualquier artículo, y que si actúa penalmente puede dar la sensación de que quiere amedrentar a un periodista.
La Administración Kirchner nunca había querellado a ningún periodista. Albistur llegó a ser el primero, pero una decisión superior cambió su movida inicial.