En Esteban Echeverría seis de cada diez habitantes están por debajo de la línea de pobreza. La desocupación llega al 26 por ciento. Gobierna el partido Alberto Groppi, un vecinalista que fue funcionario de la dictadura. Hace 20 días una delegación de desocupados se acercó hasta la intendencia para ver si el municipio podía enviar a los barrios más pobres algo de comida. Se encontraron, como es costumbre dentro de los cánones de cierta cultura política, con que la responsable de Acción Social era la mujer del intendente. Ana María Groppi recibió a los peticionantes, tomó nota de la situación e hizo, posiblemente, todo lo que estaba a su alcance: ofreció a los desocupados champignones y palmitos.
Los piqueteros debieron endurecer sus medidas para conseguir que, días más tarde, les mandaran una partida con alimentos básicos. El envío llegó, pero con carácter de asistencia única. Es decir que el mes próximo, si pretenden acceder nuevamente a ese paquete de yerba, de harina, o a una caja de leche en polvo, deberán volver a pulsear por comida en la municipalidad o convencer a alguno de los hipermercados de la zona.
El episodio refleja bien la situación en los barrios del Conurbano, donde desde diciembre hasta hoy la llegada de alimentos se espació y se volvió más escasa, la demanda de comida siguió en aumento, pero las posibilidades de enfrentar la crisis con éxito a través de reclamos en los niveles de decisión local son a la vez más improbables.
En la jornada de lucha nacional de ayer contra el modelo económico, el pedido de asistencia alimentaria estuvo así al tope de la lista de reclamos de los piqueteros.
La protesta de los desocupados de la Federación de Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista y Combativa se concentró en el Conurbano con una decena de cortes de ruta. El principal estuvo ubicado en La Matanza, sobre la Ruta 3, junto a las vías del ferrocarril Belgrano.
El grupo de Esteban Echeverría que escuchó el ofrecimiento de palmitos y champignones cortó el tránsito en la entrada del Aeropuerto de Ezeiza. En total fueron unos 500 desocupados y estatales de ATE. Entre ellos estaba Emilio Alí, quien volvió así a participar de una manifestación luego de pasar un año y ocho meses detenido por haber encabezado un pedido de comida a un supermercado marplatense.
En la provincia de Jujuy hubo veintidós piquetes. En San Juan, Tucumán, Salta y Mendoza se realizaron movilizaciones. Los integrantes del Movimiento Barrios de Pie se sumaron a los cortes en los accesos a la Capital Federal, mientras que la Juventud de la CTA marchó hasta el Ministerio de Trabajo.
Las manifestaciones fueron anunciadas como el inicio de un plan de lucha que culminará con el paro del 29 de mayo convocado por la Central de Trabajadores Argentinos y la CCC. En ese marco, para hoy están anunciados nuevos cortes de ruta en Santa Fe y Rosario. El próximo 24, los desocupados prevén también sumarse al banderazo convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado.
En la jornada de ayer, por primera vez, los reclamos no incluyeron la demanda de una mayor cantidad de planes de empleo. Ocurre que la Federación de Tierra y Vivienda y los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa, al igual que otras organizaciones piqueteras, tienen un acuerdo nacional con el Gobierno por un cupo de planes sociales dentro del Programa Jefes y Jefas de Hogar. Este cupo, posiblemente, es al que se refiere el gobernador Felipe Solá con sus recientes críticas sobre la distribución de los planes (ver página 6).
Como parte de ese acuerdo, que abarcó la liberación de Alí y el reconocimiento de las organizaciones de desocupados, la FTV y las CCC se sumaron al Consejo Nacional que administra y controla el nuevo Plan Social, organismo en el que son representados por Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete. Desde La Matanza, ambos dirigentes subrayaron a otro tipo de incumplimientos. D’Elía apuntó que “entre 12 mil y 13 mil beneficiarios fueron dados de baja de los planes sociales bonaerenses sin motivo”, al tiempo que sostuvo que todavía no han enviado al distrito 140 mil kilos de alimentos comprometidos como resultado de los últimos planes de lucha.
En cuanto a la tarifa social reclamada por los piqueteros, hay negociaciones avanzadas en lo que hace a la energía eléctrica. Según detallaron los dirigentes, por los menos una de las empresas del sector inició conversaciones por una tarifa de diez pesos mensuales para quienes están sin trabajo o con empleos precarios y por debajo de la línea de pobreza. Si el acuerdo se concreta, abrirá un espacio para que las otras distribuidoras del área analicen la misma posibilidad.