Todo empezó cuando cuatro jueces, un defensor oficial y un asesor de menores se juntaron para hacer catarsis, café de por medio, desbordados por causas que los contactan permanentemente con el deterioro social. Entre relatos sobre los sin techo, enfermos que reclaman medicamentos, gente acorralada, y ciudadanos que llegan a los tribunales y se desmayan de hambre, los funcionarios judiciales terminaron redactando un documento que alerta “sobre la actividad que ejercen fuertes concentraciones económicas externas e internas para socavar los cimientos del Estado social de Derecho”. En menos de dos semanas, al pequeño grupo se sumaron cerca de 500 personas. Mañana a las 18 la declaración será leída en un acto junto al Cabildo en el que participarán magistrados, fiscales y otros funcionarios de Poder Judicial, juristas, abogados, estudiantes y ONG.
“Sabemos que las presiones externas han disciplinado al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y que ahora vienen por el Judicial”, explica a Página/12 Andrés Gallardo, juez de la Ciudad de Buenos Aires. En su despacho, frente a su escritorio, hay un cuadro multicolor. Es un retrato del Che Guevara fumando habano y vistiendo una remera con su propio rostro. “Somos un grupo de funcionarios de la Justicia que creemos que si bien nuestra militancia partidaria está limitada eso no nos impide hacer un pronunciamiento político en base a lo que vemos en nuestro trabajo”, señala. Gallardo es autor del documento junto con las juezas porteñas Helena Liberatori y Patricia López Vergara, el juez Juan Vicente Cataldo, el defensor oficial Fernando Lodeiro y el asesor de menores y personas con problemas mentales Gustavo Moreno. Algunos tramos dicen:
- “Asistimos a la desarticulación del Estado de Derecho y el abandono de la población al poder absoluto de la fuerza”.
- “Se pretende que las leyes y las sentencias se adecuen a lo ‘factible’ y no a lo que según la Constitución y lo justo corresponde”. “No vamos a guardar silencio ante el cúmulo de provocaciones y tergiversaciones”.
- “No toleraremos ser un nuevo objetivo de disciplinamiento de ciertos organismos internacionales ni de ningún gobierno extranjero”.
- “Las necesidades básicas insatisfechas de nuestro pueblo son derechos vulnerados y la primera prioridad del Estado según nuestro ordenamiento jurídico”.
Hace quince días el texto comenzó a circular por la comunidad jurídica. Entre las cerca de 500 personas que lo suscribieron hasta ayer figuran -además de varias asociaciones de abogados y magistrados– el constitucionalista Germán Bidart Campos, el juez Eduardo Luis Duhalde, el juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, la titular de la Defensoría del Pueblo porteño Alicia Oliveira, el juez Oscar Garzón Funes, el camarista contravencional Raúl Dessanti, el abogado y consejero de la Magistratura Diego May Zubiría, el juez de Chubut Alejandro Panizzi y el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Víctor Abramovich.
La jueza Liberatori tiene biromes, protector de pantalla y calcomanías de “todos somos Aerolíneas”. “Parte de mi familia perteneció a la empresa”, explica. Y busca de una palabra: “atosigada sería –dice–, así me siento”. “En las causas del corralito me la paso viendo gente que injustamente tiene que venir a contar las intimidades de para qué necesita su propia plata –relata–. Gente que tiene que operarse o que quiere hacerse un tratamiento de fertilización asistida depende de un juez que la escuche. La intención del acto del jueves es que los jueces podamos mostrar eso que José Saramago llamó ‘una justicia compañera’”. Su colega López Vergara agrega: “Podemos hablar fuera de nuestras sentencias cuando lo que está en juego es el interés nacional. No somos como nos trató el periodista Joaquín Morales Solá, jueces desvalijadores”.
“Los derechos de la gente, los derechos humanos, no pueden estar debajo de los intereses financieros”, coincidieron Moreno y Lodeiro. Oliveiraelogió al sector de la Justicia que acuñó el documento. “Piensan en el otro. Hacen a la política en lo más alto del interés político”, dijo.
“Sin Estado de derecho, sin un sometimiento absoluto del poder estatal y privado al único imperio posible en un país civilizado, el de la ley; sin el respeto esencial a la voluntad del pueblo soberano; menospreciados hasta la indignación el bien común y el bienestar; sin Estado de Derecho, en suma, no queda más que esperar la desintegración definitiva de la Nación”, concluye la declaración.