El manejo de los subsidios a desocupados originó una nueva crisis, con la decisión de José Manuel de la Sota de retirar a la provincia de Córdoba de la administración del Plan para Jefas y Jefes de Hogar, el mayor programa social del Gobierno. El portazo del gobernador se produjo tras haber sido denunciado por pagar a los beneficiarios con bonos locales, es decir en Lecor, y no con los Lecops que le había enviado el Tesoro nacional. De la Sota argumentó que su apartamiento se debe a que no está dispuesto “a participar de disputas por falsas acusaciones de tipo político- partidista”. Se sumó así a la polémica abierta por su par de Santa Fe, Carlos Reutemann, sobre el criterio de distribución de los subsidios de 150 pesos.
La disputa por el control y la asignación de los planes sociales involucra el uso, de acá a fin de año, de mil doscientos millones de pesos, recursos con los que recibirán un subsidio un millón cuatrocientos mil desempleados. Esa cantidad de beneficiarios, todos ellos mayores de 18 años y en condiciones de votar, es diez veces superior a la de diciembre pasado. Junto con la expansión del subsidio, en estos cinco meses del 2002 también varió el mecanismo de asignación de los planes.
En enero, la primera estrategia en el área social de la gestión de Duhalde, a diferencia de la actual, había puesto en manos de los gobernadores la utilización de los subsidios de empleo.
El mecanismo fue el siguiente: la Nación enviaba a cada provincia una partida de dinero para planes sociales cuyos fondos se calculaban en base a un mix de índice de pobreza y coparticipación. En cada provincia, los mandatarios definían, según su criterio, cómo utilizarlos.
El razonamiento era que esta descentralización ayudaría a invertir el dinero en emprendimientos productivos: “Nadie mejor que los funcionarios de cada región para saber cómo utilizar provechosamente los planes”, decía el argumento oficial. Como los programas exigían a los desocupados una cantidad de horas de trabajo a manera de contraprestación, estas horas de trabajo se utilizarían para impulsar huertas, desarrollar microemprendimientos o hacer pequeños trabajos de construcción y mantenimiento municipal.
¿Como se decidía cuántos planes había para cada intendencia? Con el mismo criterio: el mix de índice de pobreza y coparticipación. Es decir que cada ciudad tenía un cupo, una cantidad limitada para distribuir entre los solicitantes.
Es en este contexto donde se desarrollaron las organizaciones de desocupados. Como grupos no dependientes de los partidos políticos en el poder, los piqueteros fueron obteniendo, con cada corte de ruta, nuevos paquetes de planes propios. En diciembre –momento de mayor avance del sector– llegaron a manejar el 10 por ciento de todos los planes. Es decir que 9 de cada 10 planes Trabajar se distribuían a través de canales políticos y el restante por intermedio de las organizaciones piqueteras.
El Plan Jefes y Jefes de Hogar, al menos en teoría, modificó estas dos vías de asignación. El cambio fundamental es que desaparecieron los cupos: el Gobierno dice que pagará tantos subsidios como jefes de hogar desocupados con hijos en edad escolar existan. La segunda novedad fue que volvió a centralizar su asignación, creando un padrón único de beneficiarios dentro de la Anses, que es donde se autoriza o no a los solicitantes a cobrar los 150 pesos.
La clave del plan pasó a ser entonces no quién inscribe a los desocupados, sino quién controla que efectivamente cumplan con los requisitos para recibirlos. Pero ocurre que el organismo encargado de hacerlo, el Consejo Consultivo Nacional, se creó recién la semana pasada, cuando un millón de planes ya habían sido asignados. Es decir que de hecho, la mitad de los subsidios se otorgaron sin que el Consejo responsable de administrar el plan (cuya principal virtud es estar integrado por representantes de la Iglesia, el empresariado, elsindicalismo, las organizaciones sociales y sólo tres funcionarios de gobierno) haya monitoreado esas asignaciones.
Quedan, además, dos cuestiones abiertas. La primera es que efectivamente, tal como se quejaron Carlos Reutemann y Felipe Solá, el gobierno nacional acordó cupos de planes con las organizaciones de desocupados. Los dirigentes piqueteros argumentan que necesitan de esos acuerdos para que los integrantes de sus organizaciones no sean discriminados mediante distintas maniobras (como perder las planillas de inscripción, cajonear las aprobaciones o poner objeciones formales).
La otra cuestión es el destino que se le va a dar a un programa que por primera vez permite “ayudar” a empresas privadas a tomar personal, pagando parte de los sueldos. Los que deben aceptar o rechazar esas solicitudes empresarias son los Consejos Consultivos locales, pero al igual que en el caso nacional, en muchos municipios estos consejos aún no se han creado.