Se lo ve relajado, tranquilo consigo mismo. Acaba de llegar a Buenos Aires y se hizo tiempo para caminar por La Boca y San Telmo. “Comí unas pastas...”, cuenta y todavía se le hace agua la boca. Baltasar Garzón, de él se trata, el juez español que encarceló a Augusto Pinochet y se transformó en el blanco de todas las diatribas por parte de los represores argentinos se entrevistará hoy con el presidente Néstor Kirchner antes de recorrer la ESMA convertida en Museo de la Memoria. Su proceso contra los dictadores argentinos abrió un atajo a la Justicia cuando las leyes de impunidad clausuraban toda esperanza de condena, ahora reivindica el fallo de la Corte Suprema que anuló esas leyes y confía más que nunca en la necesidad de afianzar una Justicia universal como única forma de luchar contra el terrorismo. Su convicción en la ley lo llevó a dictar una orden de captura internacional contra Bin Laden, que defiende aunque suene impracticable, y recuerda con legítimo orgullo que lo mismo se pensaba cuando pidió la detención del dictador chileno.
–En el ’97 cuando dictó la orden de captura internacional contra Leopoldo Fortunato Galtieri recibió un llamado del entonces presidente Carlos Menem, al que no atendió...
–Efectivamente fue así. Hubo una llamada y la atendió la secretaria del juzgado. Se puso el teléfono en el speaker y solamente dije que en España los jueces no se ponían al teléfono para hablar con representantes del Poder Ejecutivo.
–¿Lo sorprendió esa actitud?
–Previamente a través de un ministro español trató también de hablar en su momento cuando se investigaba el blanqueo de dinero que se conoció aquí como el Yomagate, intentó hablar y yo tampoco lo consideré oportuno y le dije al ministro de Justicia que no había nada que discutir. En este caso me pareció un poco anormal pero tampoco le di mayor importancia si lo que quería era alguna información, ahora si lo que quería era criticar, mediar o interferir en la investigación me parecía totalmente fuera de lugar.
–Han pasado siete años, en aquel momento el gobierno prohibió toda cooperación con ese proceso, ahora llega a la Argentina invitado por la Secretaría de Derechos Humanos de otro gobierno también peronista. ¿Cómo evalúa este cambio?
–No me gusta hacer una valoración política, pero sí puedo hacer una valoración histórica. Es evidente que la situación no es la misma. Creo que fue un error que se bloqueara la cooperación jurídica internacional: las respuestas políticas a las acciones jurídicas no son precisamente las más idóneas. Cuando en enero del ’97 se prohibió la cooperación hubo una protesta por mi parte que no fue atendida. Hubo sí una cooperación social, fue la sociedad argentina, las víctimas, los organismos de derechos humanos los que, al contrario de lo que pretendía el gobierno de la época, prestaron todo su apoyo. Hoy día estamos en una situación absolutamente diferente: el actual gobierno derogó ese decreto y la cooperación judicial se puso en marcha sin más limitación que los propios términos del Convenio de Asistencia Judicial en materia penal.
–¿Ahora que la Corte Suprema argentina ratificó la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida implica el final del proceso en España?
–No. Los votos de la sentencia de la Corte Suprema, que es una gran obra jurídica, que será un punto de referencia no sólo en la Argentina sino en Latinoamérica y en el mundo entero en el ámbito de la persecución de las violaciones masivas a los derechos humanos, deja bien claro que si en la Argentina hay una vía abierta de actuación judicial frente a ese tipo de delitos de lesa humanidad, no es necesario otro tipo de respuestas. Eso es lo que está en la base del principio de justicia universal: la jurisdicción española en éste y en otros casos ha actuado ante la falta de respuesta por imposibilidad legal en ese momento cuando los hechos son crímenes de lesa humanidad en los que la víctima es la comunidad internacional, en los que no hay una apropiación de víctimas ni se puede aplicar el principio de soberanía para no juzgarlos, es decir, para garantizar la impunidad. Es evidente que ahora no puede haber confrontación sino cooperación. Creo que hay que buscar el principio de integración procesal en el sentido de que cada jurisdicción va a seguir su curso y sólo en el caso de que ya esté actuando una no hace falta que actúe una jurisdicción diferente a la argentina porque siempre será prevalente.
–Es decir, la condena a Adolfo Scilingo y el proceso abierto contra el marino Ricardo Miguel Cavallo continuarán en España...
–Cuando hablamos de jurisdicción me refiero hasta el juicio, cuando se trata de ejecución de penas –y no es firme todavía la condena a Scilingo– hay convenios o puede haber acuerdos entre países para determinar dónde se cumplirá la pena. En el caso de Cavallo, el juicio oral ya está abierto y creo que se debe celebrar en la Audiencia Nacional, máxime cuando ha habido respuestas de la Justicia argentina en el sentido de que no ha habido obstáculos a que eso se produjera. En otros casos que recientemente se han puesto sobre la mesa gracias a la sentencia del Tribunal Supremo español de la semana pasada, en la que se establece que la petición de extradición de militares que cursé en el verano del 2003 y que fue negada por el gobierno español de la época debe tramitarse. El Tribunal lo que ha dicho es que no podía el gobierno español sustituir lo que era la actuación de la Justicia argentina y del gobierno argentino.
–¿No se sentirá frustrado si no se conceden esas extradiciones?
–Yo soy un juez y sé lo que es la administración de Justicia y sé lo que es la cooperación jurídica internacional, en cualquier caso la voy a aceptar aunque no la comparta, pero éste es el juego de la cooperación jurídica internacional: ¿Cuándo conseguiremos que haya una uniformidad absoluta? Cuando hayamos diseñado un espacio judicial único con unas mismas reglas siempre y en todos los casos. Es un poco el fenómeno que se está produciendo en Europa pero también con problemas ahora con la orden de detención europea que Alemania, en un caso de terrorismo reclamado por España, no entrega al ciudadano porque es ciudadano alemán, a pesar de que la orden de detención europea establece lo contrario. Lo importante es que sea en la Argentina, sea en España o en cualquiera de ellas se cierren las puertas a toda posibilidad de impunidad, ésa es la finalidad, es lo que trasluce la sentencia de la Corte Suprema argentina, es lo que trasluce la sentencia del Tribunal Supremo español. Lo que no podemos aceptar es que crímenes contra la humanidad queden impunes porque no seamos capaces de arbitrar una solución para enfrentarlos.
–¿Cómo cuadra esta noción de Justicia universal de juzgar todos los delitos con la persecución contra el terrorismo que están llevando adelante las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos?
–Creo que son perfectamente compatibles. Somos muchos los que pensamos que determinadas manifestaciones de terrorismo integran la categoría de crímenes de lesa humanidad al amparo del artículo 7 del Estatuto de Roma. Creo que la respuesta tiene que ser coordinada y universal frente a fenómenos internacionales y universales como está siendo el terrorismo. Hoy día Naciones Unidas y todas las declaraciones que se están planteando acerca del terrorismo establecen el carácter universal de la respuesta: el principio de justicia penal universal “juzgas o persigues” es la respuesta. El problema es que es un camino abierto en el que a veces avanzas y a veces retrocedes, se está haciendo esa senda y ahí tenemos que contribuir todos.
–¿Cómo analiza la inmunidad que reclama Estados Unidos para sus tropas?
–Yo no puedo aceptar ese planteo, creo que es un error, creo que el día que Estados Unidos entre en la Corte Penal Internacional comprenderá y comprobará que no es ninguna amenaza porque su actuación es complementaria no en sustitución de la jurisdicción de cada país. Por tanto es muy improbable y para mí impensable que si hay una acción judicial en EstadosUnidos se vaya a cuestionar después esa acción en la Corte Penal Internacional. Hay que contextualizarlo porque también Estados Unidos se oponía sistemáticamente a que se aplique la jurisdicción de la Corte y, sin embargo, en el caso de Darfur –el genocidio en Sudán– recientemente al menos se ha abstenido y ha propiciado que el Consejo de Seguridad pida a la Corte que investigue esos hechos. Por lo tanto la situación no es exactamente la misma.
–Usted es realmente un optimista.
–Es un planteo muy optimista pero a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que si no somos capaces de definir nuevas estructuras, de proyectar nuevas acciones en estos ámbitos, estaríamos perdidos. Y es lo que quieren aquellos que están enfrente y amenazando la seguridad y la democracia de los distintos países. Si no creyera en esto no podría seguir haciendo el discurso que hago y lo que es más siendo coherente y poniéndolo en práctica.
–¿Cómo tomó el asesinato por parte de la policía británica de este ciudadano brasileño al que le dispararon en la cabeza?
–En ningún caso la respuesta frente al terrorismo puede sobrepasar los límites del estado de derecho. Yo comprendo la tensión y el nerviosismo que puede haber después de unos ataques terroristas como los de Londres, pero esta tensión no puede ser trasladada a otros que también están padeciendo esa situación, es decir los ciudadanos. Si ha habido un exceso en la acción, hay que investigarlo y hay que sancionarlo y reparar de acuerdo con la ley ese exceso, es lo que marca el estado de derecho. Es un equilibrio entre el estado de necesidad en que se encuentra el policía, pero también el estado de necesidad en el que se encuentra el ciudadano: o es que al ciudadano se le pide más tranquilidad cuando han estallado bombas en los metros y hay una alerta permanente de coacción ciudadana. Es un hecho lamentable y que su alcance presuntamente delictivo debería ser investigado muy seriamente porque de esa forma se daría mayor credibilidad.
–¿Cómo se compatibiliza en una sociedad democrática la demanda de más seguridad con las garantías de libertad ciudadana?
–No tengo una respuesta mágica. Hay que buscar un engranaje que haga compatible dentro del estado de derecho el mundo de la inteligencia, el ámbito de la cooperación judicial, policial, legislativo, la participación social, educativa, el respeto a la diversidad, es muy amplio lo sé, llevará mucho tiempo. La cuestión no es que nos vayan a venir gente de Afganistán o de Irak o de donde fuere, es que están dentro, somos nosotros mismos, son personas que conviven en nuestra sociedad. Cómo puede explicarse que personas que llevan viviendo en el Reino Unido desde los diez años hagan esto.
–Usted es el único juez que dictó una orden de captura internacional por terrorismo contra Bin Laden, ¿con qué expectativa lo hizo? Porque suena como deseable pero impracticable.
–Es una acción lógica, jurídicamente sin crítica y así lo ha entendido el tribunal que confirmó mi resolución. Siempre que he investigado una organización criminal he procurado llegar hasta la cúpula de la misma y no quedarme en la base. Tú me puedes decir pero no se lo va a poder detener... bien, ¿y si no es así? Si no fuera de esta forma en muchas de las resoluciones que he dictado no se habrían producido efectos algunos: todos los procesamientos sobre responsables de la organización terrorista ETA gracias a ellos años después se los está procesando y se los está condenando. También cuando se dictó la orden de detención contra Augusto Pinochet si no se la hubiera dictado no se lo habría detenido en Londres y así sucesivamente. No es por la categoría del individuo sino por el puesto que ocupa en la estructura criminal que se investiga.
–Cuando Estados Unidos invadió Irak usted dijo que lo que lo sorprendía era la “sumisión simiesca” de la mayoría de las naciones, ¿cómo ve la situación ahora?
–Irak es un caleidoscopio de ensayos y acciones terroristas, de proliferación de grupos que cada vez se mezclan más con la insurgencia y ésta con el terrorismo y la sociedad civil está teniendo miles de muertos –algunos apuntan ya más de cien mil muertos–, es una cosa tremenda y lo que dije en aquel momento sigo diciéndolo ahora: no estaba justificada la invasión, no es el mecanismo idóneo para luchar contra el terrorismo y hoy día Irak es un magma de terrorismo. Mi preocupación máxima es qué va a ocurrir cuando esos miles de iraquíes experimentados en explosivos, con armas, curtidos en la acción violenta, decidan ampliar el teatro de operaciones y desarrollar sus acciones suicidas o criminales en otros países. Es una situación previsible, real, de ahí la necesidad de que todos los países y las estructuras políticas, jurídicas y diplomáticas tomemos una posición activa, alejándonos de las diferencias para aglutinar fuerzas en lo que coincidimos y ofrecer una respuesta segura y dentro de la legalidad a los ciudadanos si no vamos a vivir un momento complicado.
–Usted no tiene miedo...
–Yo hago mi trabajo y estoy convencido de que hay que hacerlo. Lo que no voy a aceptar nunca es que me marque la agenda una organización terrorista o me haga doblar la rodilla. La seguridad de uno es importante pero la seguridad y la defensa de los valores sociales es mucho más importante. Podemos acertar o equivocarnos pero no podemos permanecer indiferentes. La indiferencia en general es mala, pero en el mundo de la administración de justicia es mucho peor porque para el ciudadano el último baluarte de protección son los jueces y si fallamos estamos mal.