“Hasta la época de la guerra de Malvinas la comisión directiva de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland manejó de manera muy reservada el reparto del mercado entre las empresas, pero la situación por la que atravesaba el país era muy preocupante y había que agudizar al máximo el ingenio. La solución fue comercial. Se estableció que los gerentes de ventas se reunieran en forma periódica para poder tomar soluciones concertadas rápidas también en cuanto a los precios. De esta manera quedó conformada la Mesa de Acuerdos, lo que aún es llamado en forma íntima el Club o Clubcito, dado su escaso número de integrantes. Todo se arreglaba en ese Club, y luego se coronaba el encuentro con un importante almuerzo o cena, bien regado por supuesto.” El párrafo anterior es parte del libro que escribió en 1999 Luis Jorge Capurro contando en detalle cómo funcionó el cartel de cemento del cual él fue operador privilegiado. Si bien el libro nunca pudo publicarse, fue uno de los documentos fundamentales en la investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que desembocó el martes pasado en la aplicación de una multa al conjunto de los integrantes del oligopolio por casi 310 millones de pesos.
El libro se titula Cemento-Asociación Ilícita, y en la portada se describe como “un veraz y atrapante relato de todo lo ocurrido durante dos décadas en una Mesa de Acuerdos que funciona con máxima precisión”. El relato es todo lo veraz posible, desde el momento en que su autor fue el representante de Loma Negra en ese Club en el que se distribuía el mercado artificialmente, fijaba precios por encima de los que hubieran surgido de una libre competencia, e incluso se repartía licitaciones convocadas por el Estado para la provisión de cemento a valores concertados que, obviamente, implicaban sobreprecios.
Nunca pudo publicarse porque al desvincularse de la empresa en marzo de 1998, por mutuo disenso, Capurro firmó un acuerdo de confidencialidad que le prohibía difundir todas las maniobras colusivas de las que había participado en un rol estelar. Capurro se tiró el absurdo lance de pedir autorización a Loma Negra para que lo dispensen de la prohibición mediante una carta-documento dirigida en mayo de 1999 a Víctor Savanti, por entonces número dos de Amalia Lacroze de Fortabat: “Solicito autorización expresa de parte del Grupo Fortabat para editar y comercializar el libro Cemento de mi autoría, un ejemplar del que remití a usted por separado vía Correo Argentino”, se lee en la carta. Tres días después, con la firma de Savanti y de Alejandro Bengolea (familiar de Amalita y director de la compañía), Capurro recibió por correo la obvia respuesta: “Denegamos toda autorización para publicar dicho libro inédito Cemento y hacemos reserva de ejercer acciones civiles y penales que nos pueden corresponder en caso de su publicación” (ver facsímiles).
El libro llegó de inmediato al autor de esta nota, que tras publicar una síntesis de la historia que dio lugar al inicio de la investigación por parte de la CNDC, aportó copias del mismo y de toda la documentación anexa por requerimiento de las autoridades. Esta es la primera vez que se reproduce partes del libro que sin la documentación anexa alcanza las 208 páginas.
Según cuenta el autor, la concertación comenzó en 1981 mediante el establecimiento de las cuotas que cada empresa iba a tener en el mercado. El cuadro de la página 22 detalla el reparto: Loma Negra 48,38 por ciento; Cementos San Martín 12,34; Corcemar 14,64; Juan Minetti 10,62; Cemento Avellaneda 10,98, y el resto entre dos firmas pequeñas, Petroquímica y Sandrín. Capurro señala que desde entonces “la variación de los porcentajes fue mínima... No fue tarea difícil haber logrado laregularidad en los despachos de cemento en forma porcentual dentro del total de las ventas del país. ¡El cálculo era matemático!”
¿Cómo lograban mantenerlo? Capurro lo explica: “Era común escuchar a los vendedores de cemento expresar ‘tenemos que frenar o demorar las entregas porque estamos pasados o excedidos en los despachos’. O también manifestar ‘andamos con el acelerador a fondo porque tenemos que colocar el cemento de cualquier manera para no quedarnos atrás con el porcentaje que nos corresponde’”. La información se intercambiaba entre las empresas primero con frecuencia mensual, y en función de los desvíos se ordenaba pisar el freno o el acelerador a cada uno de los socios.
Otra manera de corregir los desvíos era a través de los precios, que en aquellos primeros años de inflación se movían mucho. “Cuando había cambio de precios –cuenta Capurro–, la Asociación autorizaba a los socios que estaban atrasados en el porcentaje de participación en el mercado a mantener el precio sin aumento por una semana o hasta tanto recuperara su posición. Esto era obviamente bien aprovechado por los clientes más importantes de las cementeras.”
Claro que este último mecanismo implicaba resignar márgenes de utilidad, lo que llevó al cartel a preguntarse “¿cómo efectuar el ajuste en las cantidades de venta para reacomodar la participación sin tener que ceder bonificaciones en los precios?”. La solución fue la creación formal de la Mesa de Acuerdos, Club o Clubcito, que tuvo como primera tarea “tratar de igualar precios en los distintos puntos de venta del país. El primer acuerdo importante que se logró establecía el siguiente sistema: el precio de venta de un determinado sitio es el que corresponde al precio de lista de la fábrica más cercana al lugar; el resto de las empresas deberá ajustar sus precios al valor que la fábrica más próxima tiene en la zona y nunca podrá ser inferior al mismo”.
Como se trataba de intercambio de números, datos y varias planillas por semana, los miembros del Club terminaron siendo los gerentes comerciales de las diferentes compañías, es decir ejecutivos de alto nivel pero no de la máxima confianza. Capurro era uno de ellos.
El libro intercala los cuadros anuales de la distribución del mercado entre las empresas. Es notable cómo se mantienen casi milimétricamente los porcentajes acordados. A medida que ganaban confianza, el cartel fue avanzando cada vez más en la fijación de condiciones de venta (precios, plazos, bonificaciones, etc.) a sus clientes. En definitiva, en perjuicio de los consumidores, ya sean los constructores y compradores de inmuebles o el Estado con sus obras públicas. Cada tanto la Mesa se reunía para ajustar los porcentajes. Al momento de escribir el libro, hace seis años, regía todavía el reparto acordado en una reunión en Córdoba del 24 de abril de 1991.
Una vez hubo una rebelión. La que se atrevió fue Petroquímica Comodoro Rivadavia, que no quiso ajustar hacia abajo su porcentaje excedido del acuerdo. El escarmiento fue rápido y contundente. Loma Negra, Cemento San Martín y Calera Avellaneda invadieron la zona de venta de PCR en la Patagonia con bolsas de cemento a precio de dumping. El ataque no pudo ser resistido y la rebelde sucumbió rápidamente. “Petroquímica aprendió la lección y no sacó nunca más los pies del plato. Comprendiendo además que si bien tuvo la obligación de resignar mercado, recuperó una importante porción del precio que estaba perdiendo con el operativo escarmiento”, cuenta Capurro en la página 105.
Las prácticas colusivas llegaban a extremos burdos. “Como prueba de la inexistencia de competencia, Loma Negra compartió con Juan Minetti las instalaciones de su depósito en Córdoba durante varios años.” O llegado el caso, daba la casualidad de que todas las empresas eliminaban lasbonificaciones exactamente el mismo día, dejando a los clientes sin alternativas.
El libro relata varias reuniones del Club en el que se pactaron la magnitud y la secuencia de los aumentos del producto, al estilo en tal lugar primero una y luego otro, y en tal otro al revés. Por ejemplo se cita una reunión de la mesa de fecha 12 de junio de 1997 en Córdoba, en la que se acuerdan precios más altos para la zona Córdoba-San Luis-Mendoza: “Se resolvió que en Córdoba saldrá primero el aumento de Minetti, una vez puesto en marcha le seguirán Corcemar y en último término Cemento El Gigante. En Mendoza, primero saldrá Minetti, segundo Corcemar y al final El Gigante. En San Luis liderará la movida El Gigante, a continuación Corcemar y cerrará la aplicación Minetti”. Lo que se dice, coordinación.
Como se señaló, también complotaban para establecer a priori quién ganaba las licitaciones, lo que por supuesto les permitía cotizar muy alto. Cuenta Capurro una reunión de la mesa en el Hotel Dorá de Córdoba, donde entre otras cosas se resolvió que “en las licitaciones se deberá intercambiar datos para acordar precios a cotizar”.
En algunos casos, el ganador de la licitación del momento era decidido en la Mesa para beneficiar a la empresa que estuviera abajo en su porcentaje de participación en el oligopolio. En la página 180 se cuenta que en una ocasión “Loma Negra obtuvo la conformidad de la Mesa de Acuerdos para tener preferencia en el abastecimiento de obras públicas presionando con el déficit de participación que tenían en ese momento. Con este argumento coaccionaron para lograr proveer la obra puente Rosario-Victoria y las rutas de acceso a la ciudad de Córdoba”.
La pluma de Capurro no es brillante, pero consigue transmitir la sensación de impunidad con que funcionaba el cartel. Sensación que al final de cuentas les costó que la CNDC pudiera verificar fácilmente muchos de los datos aportados en el libro. Por ejemplo, varias de las reuniones citadas pudieron ser constatadas con el simple hecho de consultar en los hoteles donde se habían realizado sin ningún tipo de disimulo.
En el epílogo del libro, Capurro cita la Ley de Defensa del Consumidor que tipifica el delito de práctica anticompetitiva cuando hay “acuerdos, convenios, prácticas concertadas entre competidores, cuyo objeto sea la fijación, concertación o manipulación en forma directa o indirecta del precio de venta, así como el intercambio de información con el mismo objeto o efecto”. Y señala que “en base a esta ley y a los hechos relatados es posible pensar que quizá nos podríamos encontrar frente a una postura oligopólica. Aunque es necesario aclarar que no es para nada mi intención querer juzgar esta actitud, pues considero que no soy quién, no tengo autoridad, ni debo hacerlo. El objetivo del libro es narrar mi experiencia vivida en la comercialización de uno de los productos básicos de la economía de un país”.
Irónico o sincero, lo cierto es que fue el Estado el que se encargó de juzgar a las cementeras en base al aporte de Capurro, que dicho sea de paso sufrió varias amenazas y hasta el día de hoy tiene paradero desconocido. Y la condena no fue poca: más de 100 millones de dólares. Aunque para algunos la multa es ejemplar pero irrisoria frente a los beneficios extraordinarios que dieciocho años de oligopolio les generaron.