La parte sustancial del caso IBM–Banco Nación ya está en condiciones de ser sometida a juicio oral y público. Esto dirá hoy la Cámara Federal porteña en una resolución referida a las apelaciones de algunos imputados. Por lo tanto, los ex funcionarios Mario Dadone, Alfredo Aldaco, Genaro Contartese, Hugo Gaggero y Walter de Fortuna, además de los ex directores de IBM Ricardo Martorana y Gustavo Soriani, tienen ya un lugar reservado para el banquillo de los acusados.
Los camaristas de la sala I Gabriel Cavallo, Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani revocarán el sobreseimiento dictado a Alfonso Millán, y otros cinco ex directivos del Banco Nación y el de media docena de ex presidentes de las empresas vinculadas a IBM que participaron de la maniobra, tales como Deloitte & Touche y Avalaibility. Página/12 pudo saber que con la resolución que firmarán hoy sólo se beneficiarán las esposas de los funcionarios del Nación porque quedarán confirmados sus sobreseimientos. En mayo de 1998 la Justicia helvética le confirmó al ex juez Adolfo Bagnasco la existencia de dos cuentas en la Unión de Bancos Suizos (UBS) a nombre de las esposas de Aldo y Mario Dadone.
Hace pocos días, el fiscal del caso Carlos Cearras advirtió ante la fiscalía de Cámara sobre la importancia de resolver con celeridad las apelaciones que estaban pendientes por la inminente posibilidad de prescripción que sobrevuela la causa. Al parecer el mensaje llegó a destino y los camaristas resolvieron dividir el expediente. Por lo tanto, el juez federal Jorge Urso, que está a cargo provisoriamente del juzgado número 7 tras la renuncia de Bagnasco, se encargará de profundizar la investigación sobre las responsabilidades de aquellos imputados a los que les revocarán su sobreseimiento. Pero para que esto no dilate la elevación a juicio oral y público indicarán que los hechos referidos a Dadone, Aldaco, Contartese, Gaggero, De Fortuna, March, Martorana y Soriani, entre otros, ya están en condiciones de ser sometidos a la última instancia judicial. Todos ellos fueron procesados por defraudación y cohecho, decisión que ya fue confirmada por la Cámara Federal. El caso se originó en 1996 a partir de una investigación del periodista Santiago Pinetta.