Por Benjamin Hopenhayn y Alejandro Vanoli *

La relación con el FMI debe analizarse desde una doble perspectiva: desde el punto de vista del organismo como acreedor de la Argentina, y en su carácter de virtual auditor del país en los últimos treinta años. Como acreedor, es notorio y notable que el FMI se constituyera en la principal fuente de financiamiento de Argentina en 2001, año de una rápida y enorme fuga de capitales que anticipaban que el modelo rentístico financiero de la convertibilidad neoliberal se acercaba a su implosión. Vale la pena destacar que desde entonces Argentina llegó a ser el tercer país en cuanto a exposición crediticia, sólo superada por Brasil y Turquía.
En septiembre de 2004 la Argentina suspendió el programa de la facilidad ampliada (EFF) convenida con el FMI el año anterior. La suspensión del acuerdo fue vital para limitar las condicionalidades y presiones cruzadas del FMI, que afectaban la renegociación de la deuda con los bonistas y, más aún, comprometían la recuperación de la economía e insistía en “reformas estructurales” del “modelo” neoliberal, y por tanto incompatibles con un programa de crecimiento con equidad. Esa suspensión, que permitió un mayor margen de maniobra tanto en la reestructuración de la deuda con “bonistas” como en el manejo macroeconómico, ha tenido un costo: la Argentina viene abonando todos los vencimientos de capital e intereses con el Fondo –y gran parte de los vencimientos del Banco Mundial y el BID–, financiándolos básicamente con superávit fiscal y colocaciones en el mercado interno.
Más allá de las críticas efectuadas por la Oficina de Evaluación independiente creada en el propio FMI para analizar los errores incurridos por esa organización en el caso argentino, el problema de fondo es que hace tiempo que en este caso –como en otros– el FMI se ha alejado y se continúa apartando de los fines establecidos en sus Estatutos fundamentales, tanto durante la convertibilidad como en la post crisis y en la actualidad.
En la realidad, el FMI financió y propició como auditor políticas insostenibles a lo largo de los años 90, se despegó de la Argentina después de estallada la crisis y evitó un desahogo financiero cuando era imprescindible fortalecer la posición de reservas para estabilizar la economía nacional. Además, los funcionarios del FMI tuvieron durante la reciente renegociación de la deuda con “bonistas” una actitud abiertamente favorable hacia los acreedores privados, en desmedro del equilibrio entre deudores y acreedores que disponen sus estatutos, circunstancia agravada con su prédica posreestructuración a favor de una minoría de tenedores que se mantuvieron afuera del canje que terminó siendo aceptado por más de las tres cuartas partes del total.
En la actualidad los funcionarios del FMI siguen presionando por un aumento desmedido del superávit fiscal, y por otro lado en forma contradictoria requieren la eliminación de las retenciones, ajustes en las provincias y otras condiciones abiertamente apartadas de sus funciones estatutarias, no sólo en el caso de los bonistas que se autoexcluyeron del canje concertado, sino también presionando por aumentos de precios en los servicios públicos privatizados, lo que implica abogar por mayores ganancias de empresas privadas, aunque ello ponga en peligro la difícil estabilidad de precios lograda en los últimos tiempos.
Es imprescindible negociar un programa con el FMI sobre bases macroeconómicas y estructurales que sean compatibles con un plan sustentable de crecimiento con equidad. Esto deberá incluir el refinanciamiento a mediano plazo de los vencimientos de capital de los próximos tres años con el FMI, a efectos de limitar las transferencias netas al exterior, y evitar que la saturación de la demanda del sistema financiero local genere presiones en la tasa de interés o en la recaudación que afecten el nivel de actividad.
En tanto y en cuanto no haya un acuerdo pleno sobre esas características se podría, como alternativa menos favorable, acordar el refinanciamiento de un margen menor, como ser un 70 por ciento de los vencimientos, sin condicionalidades estructurales. Estimamos que un desendeudamiento con el FMI que implique refinanciar un 70 por ciento de los vencimientos llevaría la deuda con el FMI al cabo de un quinquenio a un monto del orden de 8200 millones de dólares, importe claramente superior al stock histórico de deuda con el FMI durante el período de la convertibilidad.
Un desendeudamiento progresivo sólo puede ser asumido en el marco de un proceso de crecimiento sustentable con equidad. Asimismo, debería tener como contrapartida un compromiso de refinanciamiento del 100 por ciento de los vencimientos e incluso de nuevos desembolsos en caso de algún “shock” exógeno que dificulte el cumplimiento del programa financiero. Esto no implicaría sino devolver al FMI la histórica función compensatoria y anticíclica que nunca debió abandonar.
De no poderse llegar a un acuerdo consistente con las posibilidades y necesidades de la economía nacional, se considera factible en el contexto actual seguir cancelando los vencimientos que constituyan pagos obligatorios, no descartando el uso de reservas mediante mayores adelantos del Banco Central para no saturar el mercado financiero local. Consideramos que durante este año y el próximo sería posible seguir efectuando cancelaciones sin ingresar en un nuevo acuerdo con el Fondo, sin que ello ponga en riesgo la recuperación de la economía nacional. No obstante, en tanto y en cuanto el proceso de desendeudamiento con el FMI pueda implicar riesgos de turbulencias fiscales, externas, monetarias o financieras, Argentina podrá suspender los pagos al FMI hasta negociar con el organismo un acuerdo sobre bases justas y sustentables.
La refinanciación de vencimientos de capital debería también negociarse con el BID y el Banco Mundial. En este último caso habría que negociar la refinanciación de créditos de apoyo financiero y reforma estructural, transformándolos en financiamiento de infraestructura y reconversión productiva. Conviene plantearse en la negociación el objetivo de considerar inaceptable la condicionalidad cruzada de los créditos del Banco Mundial y el BID con el mantenimiento de un acuerdo con el FMI.

* Extracto del documento “Estrategia para la inserción financiera internacional de la Argentina”, trabajo que se presentó en las jornadas del Plan Fénix que terminan hoy.