Si bien ningún miembro del Episcopado abre la boca para expresarlo de manera abierta, los habituales voceros de los obispos no ocultan el “malestar” que está produciendo en la jerarquía católica el hecho de que la dirigencia política siga sin expedirse sobre el “acuerdo nacional” al que se convocó desde el Diálogo Argentino y cuyo borrador está circulando desde hace más de dos meses entre los principales referentes políticos de los distintos partidos. Las mismas fuentes les quitaron trascendencia a las declaraciones formuladas por Eduardo Duhalde en Roma el martes pasado, en el sentido de que dicho acuerdo sólo podrá concretarse el año próximo. En todo caso, dicen, la afirmación presidencial se ubica en la misma línea que genera el malestar, pero no agrega nada nuevo.
A esto se suman también otras preocupaciones eclesiásticas, en un caso por “desprolijidades” en la implementación del “derecho de inclusión social” (subsidios a jefes y jefas de hogar) y, en otro, por las diferencias planteadas entre los obispos bonaerenses y el gobernador Felipe Solá a raíz del recorte de los subsidios a la educación en la provincia de Buenos Aires.
Los obispos aguardaron el regreso de Duhalde desde España e Italia para hacerle conocer sus preocupaciones de manera directa al Presidente. En los últimos días todos los obispos con sede en las capitales provinciales hicieron entrega personal a los gobernadores de la declaración “Testigos del diálogo”, el documento aprobado en la última asamblea de la Conferencia Episcopal, en el que se hace un llamado a favor del “acuerdo nacional”. La decisión fue vista como un intento más de la jerarquía por lograr acuerdos básicos entre toda la dirigencia política. Sin embargo, frente a la falta de avances concretos en ese sentido, en los próximos días podría haber nuevos pronunciamientos públicos por parte de figuras significativas del Episcopado. Se aguarda con atención lo que pueda decir el cardenal Jorge Bergoglio el próximo 25 de mayo durante la liturgia de Acción de Gracias (Te Deum) que se celebrará en la catedral metropolitana.
En cuanto a la implementación del llamado “derecho de inclusión social”, los obispos pedirán esta misma semana el pleno funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional y la designación de quien debe hacer las veces de secretario ejecutivo del mismo. Se solicitará además que se investiguen todas las denuncias de fraude de modo tal de “desterrar los vicios de la vieja política”, subrayó una fuente eclesiástica.
Respecto del entredicho suscitado entre Solá y los obispos de la provincia de Buenos Aires por el tema de educación a raíz del anunciado recorte del 10 por ciento en los aportes a la educación católica, el tema puede derivar en un cortocircuito de proporciones si no se encuentra una solución que evite la disminución del monto de los subsidios. “La rebaja de los aportes que se intenta y acerca de la cual hemos sido informados afectará sin duda partidas destinadas al pago de salarios y pondrá en riesgo la existencia misma del sistema. No podemos aceptarlo de ninguna manera”, le dijeron los obispos a Solá a través de una carta firmada por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer.