“Lo van a tener que sacar a patadas porque no se quiere ir”, comentaban ayer en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería cuando se enteraron de que Carlos Grosso, preso allí desde hace un mes, no se quiere notificar de una resolución judicial según la cual debe estar en libertad porque su detención no fue debidamente ordenada. “No, no. Yo me quedo acá”, dicen que dijo el ex intendente porteño ante los empleados judiciales. ¿Cuál es la razón por la cual alguien puede preferir los barrotes, aunque la celda sea más cómoda que las de las cárceles comunes, a la libertad? Fuentes que conocen la causa que mantiene en jaque al ex funcionario especularon con que Grosso se victimiza porque piensa argumentar que su “arbitraria” detención vulnera sus derechos e invocará el Pacto de San José de Costa Rica ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo: lograr que el máximo tribunal emita un fallo sobre su caso similar al que permitió la liberación de Carlos Menem y Emir Yoma, cuando hizo caer la acusación de jefes de una asociación ilícita que los había llevado a prisión.
“Me presento espontáneamente detenido para demandar que se me haga justicia”, escribió el miércoles 24 de abril cuando apareció en el juzgado de instrucción de Eliseo Otero. En realidad, circulaba la versión de que la sala VII de la Cámara de Apelaciones se preparaba para ordenar su detención como jefe de una asociación ilícita, en la causa por la irregular concesión del complejo Golf-Velódromo. El 15 de marzo, ese tribunal lo procesó con prisión preventiva al considerarlo coautor de esa banda pero Otero lo salvó de la cárcel con una exención de prisión a cambio de una caución de 20 mil pesos.
El primer intendente porteño del menemismo y fugaz asesor de Adolfo Rodríguez Saá mandó a su esposa y a su abogado Roberto Vald al juzgado de Otero para que retiraran esa caución, tras lo cual el magistrado lo mandó a Gendarmería. Grosso se quejó porque había pedido no tener un “tratamiento especial”, y las comodidades del Escuadrón Buenos Aires podían jugarle en contra al momento de desplegar su estrategia de victimización. El expediente estaba en la Cámara para que fueran resueltas apelaciones presentadas por la defensa del ex funcionario y por el fiscal Pablo Lanusse, y el juez lo pidió ad effectum videndi, es decir, supuestamente sólo para verlo. Pero en realidad lo necesitaba para revocar la exención de prisión que le había dictado y ordenar su detención.
Fuentes del caso explicaron a Página/12 que ese trámite no es válido, es decir que técnicamente la detención de Grosso nunca fue ordenada. Por eso ayer los camaristas Abel Bonorino Pero y Juan Manuel Piombo le indicaron a Otero que no tenía competencia para firmar esa resolución. Por lo tanto, mantuvieron la exención de prisión y le fijaron una nueva fianza ahora de 100 mil pesos. Esa es la notificación que el ex intendente se negó ayer a recibir, provocando la inédita situación de un imputado que quiere estar preso cuando la justicia lo deja en libertad. Y planteando un escenario con final abierto.
En caso de seguir detenido, Grosso intentará que su caso llegue a la Corte Suprema, aunque sea por la vía de la queja porque la Cámara seguramente le rechazaría un eventual recurso extraordinario. La apuesta sería lograr que los supremos apliquen a su expediente el mismo criterio que utilizaron con el ex asesor presidencial Emir Yoma, que también benefició indirectamente a Carlos Menem: rechazaron que la estructura de poder que ellos protagonizaron haya operado como una asociación ilícita. Grosso y los demás imputados en la causa, iniciada en 1992 con la denuncia del actual intendente Aníbal Ibarra y continuada luego por el querellante Eduardo Guarna, habrían conformado una banda que cometió fraudes en las concesiones del Golf-Velódromo, el Club Hípico Argentino y la llamada Escuela Shopping.