La Justicia reactivó una vieja causa y ordenó un procedimiento en el Hospital Garrahan, donde detuvo por unas horas a una empleada bajo la acusación de robar equipos. El operativo policial, que incluyó seis allanamientos, fue realizado cuando el personal no médico iniciaba un nuevo paro en reclamo de un aumento salarial y generó en el hospital una situación de mucho nerviosismo. La policía quiso llevarse a la mujer en un vehículo, pero los enfermeros en conflicto lo impidieron, mientras las cámaras de televisión mostraban los forcejeos. Cuando el lugar empezaba a recuperar la calma, la Federal entró al edificio con perros, alegando una amenaza de bomba. El gremio consideró ambos episodios como una provocación.
El operativo fue encabezado por el fiscal Daniel Pavlovsky, a raíz de una causa abierta hace tres años, en la que se investiga la sustracción de elementos médicos como balanzas pediátricas electrónicas, respiradores de transporte y lupas oftalmológicas que fueron robados de los servicios de Terapia Intensiva.
La acusada es auxiliar del Servicio de Neonatología. Se supo que no pertenece al sector sindical que realiza las medidas de fuerza, sino a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Mientras la mujer era interrogada, la policía realizó otros allanamientos, uno en un comercio de artículos de medicina de la calle Pasteur. Fuentes judiciales dijeron que la enfermera quedó en libertad, mientras que un acusado de reducir la mercadería fue detenido y un tercer imputado está prófugo.
Los delegados gremiales sostuvieron que la movida del fiscal buscó embarrar el reclamo por los salarios. “Quisieron involucrarnos, asociar el paro a la imagen de una enfermera detenida por robo”, dijo Mercedes Méndez, integrante de la comisión interna. “Es paradójico, porque (los delegados) venimos denunciando hace años los robos y nunca nadie los investigó” (ver aparte). Méndez señaló que dentro del hospital se vivió una situación que pudo haberse desbordado, ya que los huelguistas vienen sufriendo la presión de las amenazas de despido y han sido acusados por un fiscal en lo penal de abandono de personas. “Cuando vino la policía, y hasta que se aclaró la situación, lo que veía cualquiera de los que estamos acá dentro era que se estaban llevando presa a una compañera.”
También el abogado de la CTA Juan Carlos Capurro habló de “provocación”. “Me llama la atención que justo hoy suceda esto. Tiene tono mediático”, sostuvo. “Están jugando con trabajadores que lo único que quieren es un aumento de sueldo.”
Las autoridades del Garrahan, en cambio, defendieron la pureza de la medida judicial. “Fue una investigación paciente, ardua, secreta, que finalizó el día de hoy porque tenía que hacerse en forma simultánea con otros allanamientos”, dijo el presidente del Consejo de Administración, Alberto Goldberg. El funcionario agregó que la jornada de paro tuvo menor acatamiento. “Creo que la gente está recapacitando. En el turno de la mañana prácticamente la planilla estuvo completa. Si no hubiera habido este hecho delictivo (Goldberg se refirió así, seguramente, al operativo), el hospital hubiera trabajado de manera normal.”
El conflicto en el centro pediátrico de mayor complejidad del país lleva veintisiete días de huelga. Los enfermeros, técnicos y maestranzas nucleados en ATE piden un salario básico de 1800 pesos y un aumento del 2 por ciento por cada año de antigüedad. Tienen como piso de su reclamo una mejora salarial de 600 pesos, con la que levantarían la huelga. Hace tres semanas, el Ministerio de Salud hizo una oferta de un 20 por ciento de aumento, que los otros tres gremios del hospital aceptaron, pero la asamblea de trabajadores de ATE rechazó. Su objeción principal es que la propuesta es inequitativa, ya que significaría un incremento de 1200 pesos para los directivos, mientras que los camilleros, cuyos sueldos básicos nocubren la canasta familiar, recibirían apenas 120. El Gobierno sostiene que no modificará su oferta.
El diálogo entre las partes está cortado. Ayer fracasó un nuevo intento de abrir una vía de negociación: los abogados de ATE pidieron a la Cámara del Trabajo que convocara a una audiencia de conciliación; los camaristas pusieron como requisito que la audiencia fuera solicitada también por las autoridades del Garrahan, pero en el Consejo de Administración se negaron a abrir esa puerta. Ante la consulta de Página/12, el presidente del Consejo dijo que “lo que la Cámara tiene que resolver es la apelación hecha a la medida de la jueza” Silvia Sayago. Traducido, que la dirección del hospital sólo espera que la habiliten para avanzar con los despidos de quienes hacen paro. En esta trabada situación el reclamo cumplirá hoy cinco semanas seguidas con medidas de fuerza.