A Domingo Cavallo le está por llegar su propio corralito y será una noticia desafortunada en medio de su ya poco prometedora campaña electoral. La Sala I de la Cámara Federal tiene listo un fallo que lo llevará a enfrentar su primer juicio oral y público. El ex ministro de Economía deberá ser juzgado por haber instado a los bancos, en diciembre de 2001, a desacatar las órdenes judiciales que los obligaban a devolver a los ahorristas los depósitos inmovilizados.
En marzo de 2001 el juez federal Jorge Ballestero procesó a Cavallo por instigación a la desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de 20 mil pesos. Fue por haber dictado una resolución, la 850/01, que “provocaba un serio estímulo a los directivos de las entidades bancarias para que incumplieran o cuanto menos retardaran el cumplimiento” de las decisiones judiciales que ordenaban devolver depósitos superiores al límite de extracción de 1000 pesos que había fijado el Gobierno.
Aquella disposición establecía que el cumplimiento de las medidas cautelares estaba sujeto a la intervención del Estado, que –según Cavallo– debía evaluar “la vigencia” de la resolución del juez. A ese planteo, Ballestero replicó: “No puede un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional cuestionar la vigencia de la orden de un magistrado por fuera del expediente judicial”.
Los delitos que están en juego son excarcelables, lo que no exime a Cavallo de tener que rendir cuentas ante un tribunal oral. Sus abogados, encabezados por Eduardo Oderigo, intentaron evitarlo y por eso el caso llegó a la Cámara Federal. Presentaron un escrito en el que pedían la nulidad del pedido de elevación a juicio del fiscal Gerardo Di Masi y lo trataban de ignorante. Ahora los camaristas Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler estarían dispuestos a decidir dos cosas: rechazar el planteo de nulidad y cuestionar a los letrados por usar expresiones agraviantes hacia Di Masi.
Junto con Cavallo irían a juicio, como partícipes, el ex secretario Legal y Administrativo del Palacio de Hacienda, Alfredo Castañón, y María Ester Fanti, ex directora de Asuntos Jurídicos del ministerio. Ambos también habían sido procesados por Ballestero. Cuando declararon ante el juez negaron, igual que Cavallo, haber cometido algún delito. Argumentaron que su intención había sido que el Estado pudiera defenderse de manera eficaz porque había jueces que no notificaban a Economía las medidas cautelares que resolvían.
Cavallo enfrentó en su vida más de medio centenar de causas judiciales, pero pocas avanzaron. Muchas, producto de su colérica verborragia, fueron acusaciones por calumnias e injurias y quedaron en el aire. Quizá lo peor que le pasó fue ir preso por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, un expediente que se le puede volver a complicar. Aun así, nunca llegó a estar cerca de una condena como ahora. Todo indica que la Sala I firmará la semana próxima, según pudo saber Página/12, la resolución que lo pondrá cerca de su primer juicio oral. Bastará para eso con un trámite de Ballestero.