“Vamos a discutir una nueva Ley General de Educación”, sorprendió el presidente Néstor Kirchner al enviar al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo. Sorprendió porque si hay algo que unifica los reclamos de la mayoría de la comunidad educativa es la derogación de la Ley Federal de Educación, sancionada en abril del ‘93 de la mano del menemismo. El motivo: el caos que se generó con su aplicación sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Basta decir que conviven en el país cincuenta y cinco formas de articulación entre la Educación General Básica y el Polimodal, los niveles que reemplazaron a la tradicional primaria y secundaria en la mayoría del país. La disparidad de estructura tiene un correlato aún más heterogéneo en lo que se enseña y en los criterios de evaluación de cada nivel. Antes de fin año, en Educación prometen que estará listo un documento base para disparar el debate.
“Hoy carecemos de un sistema educativo nacional”, describe ante Página/12 el ministro de Educación, Daniel Filmus, quien confía en que una vez que se sancione el incremento de recursos, en el 2006, “que no es un año electoral, se debata una nueva ley o cuánto es necesario transformar de la actual ley”. En el Senado ya empezó la ronda de consultas con miras a aprobar el aumento progresivo del 4 al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a educación en cinco años. A los valores actuales implica un incremento de 9 mil millones de pesos, pero teniendo en cuenta el crecimiento del PBI ese monto puede trepar a 24 mil millones más en el 2010. La discusión no será sencilla: para el 2006, las provincias tendrán que aumentar en 1100 millones de pesos más los recursos para educación y en los primeros escarceos aparecieron remilgos por parte de algunos senadores más allá de la voluntad política prometida por los gobernadores.
–¿Se va a volver a la primaria y a la secundaria?
–Nuestra idea es preparar un primer documento que plantee a lo sumo tres formas de organización concreta para ir homogeneizando el sistema. Abrir la discusión a los sindicatos y a la comunidad porque la intención es homogeneizar sin afectar los derechos laborales docentes. La prioridad es que cualquier cambio se realice de la mano de los docentes porque, de lo contrario, es muy difícil que los cambios lleguen al aula. Queremos iniciar un proceso para tender a la homogeneización, establecer qué cosas es imprescindible cambiar para mejorar la calidad. El peor resultado sería que hagamos la inversión y tengamos el mismo resultado que ahora.

Con los maestros
La situación de los maestros y profesores no es un dato menor. El Censo Nacional Docente 2004 muestra que de los casi 830 mil trabajadores de la educación del país, un 20 por ciento trabaja en el tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB3), el nivel que aglutina el séptimo grado de la primaria con los dos primeros del secundario para así garantizar los nueve años de obligatoriedad que fija la Ley Federal. La aplicación de ese ciclo fue, para muchos, la madre de todos los desatinos que signaron el derrotero de la Ley Federal. “Para mí el séptimo grado tendría que ser ‘flotante’, de forma tal que se pueda integrar a la primaria o a la secundaria. Pero en las escuelas rurales se tendrían que mantener los nueve años de EGB para garantizar así la obligatoriedad”, señala Filmus.
Un minucioso informe elaborado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Dinece), que encabeza Margarita Poggi, da cuenta que “hoy conviven 55 modelos de establecimientos que combinan de diversos modos la oferta educativa de nivel primario, secundario, de Educación General Básica y Polimodal, como resultado de diferentes decisiones provinciales”. Sin entrar en consideraciones pedagógicas y de contenidos esto implica, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires haya chicos que cursan séptimo grado (primer año de la EGB3) en el establecimiento donde hicieron la primaria, pero dependen de una dirección que está en otro edificio, en el que se cursan los otros dos años.
El relevamiento de la Dinece señala que “a nivel nacional, del total de alumnos que cursan séptimo, octavo y noveno año o sus equivalentes en el sector estatal (1.521.308 alumnos), el modelo que atiende la mayor cantidad de matrícula es el de 9 años, dado que el 46,4 por ciento de los alumnos del tercer ciclo de EGB del país, cursan en este tipo de instituciones. Siguen en importancia el modelo de 5 años (18,8 por ciento) y el modelo de 6 años (18,5 por ciento)”. Junto con Buenos Aires, Santa Cruz y Catamarca, son las jurisdicciones que suscribieron masivamente la EGB completa. El gobernador bonaerense, Felipe Solá, ya anunció la revisión de la reforma educativa provincial que, vaya paradoja, fue impulsada por la actual vicegobernadora Graciela Giannettasio, quien en su afán innovador-electoralista llegó a repartir videos para que maestros que no sabían inglés les enseñaran ese idioma a sus alumnos en cuarto grado. En la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, directamente no se aplicó la Ley Federal en las escuelas públicas.
El cambio de estructura tuvo implicancias en los contenidos de aprendizaje y, por consiguiente, en las fuentes de trabajo docente. La complejidad de la revisión es fácil de comprender observando lo que pasó a fines de abril en Mendoza. La Justicia provincial le ordenó al gobierno de Julio Cobos frenar los cambios de planes de estudio instrumentados en octavo y noveno año del tercer ciclo de EGB porque afectaba a maestros y profesores. Las reformas aplicadas habían eliminado horas de Etica y Ciudadanía e incrementado la carga horaria en Lengua y Matemática. Años antes, en Córdoba, que había optado por dividir en seis de primaria y seis de secundaria, intentaron rever las catorce materias con que habían cargado a los chicos del ex séptimo grado y se vieron en figurillas por la resistencia docente. En este contexto, es clave la predisposición que ha mostrado la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) para barajar y dar de nuevo.
“El tema es que la heterogeneidad implica desigualdad porque la desigualdad se potencia cuando la heterogeneidad favorece la reproducción de los sistemas de pobreza y riqueza”, dice Filmus. En paralelo con la discusión sobre una nueva ley, Educación espera avanzar en el debate sobre la profesionalización de la carrera docente, en la creación del Instituto Nacional de Formación Docente Continua, en la puesta en marcha de la televisión educativa y en la revisión de la Ley de Educación Superior “para poner a las universidades en el centro de un nuevo modelo de desarrollo científico-tecnológico que acompañe el modelo económico”.
De cómo avancen las negociaciones sobre financiamiento dependerá el futuro de la controvertida derogación o modificación de la Ley Federal de Educación. Si bien es injusto atribuirle a una norma la decadencia educativa, es justo decir que esa ley se transformó en el emblema de la fragmentación educativa que acompañó la económica.