Hace dos años, el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esto dio impulso a las investigaciones sobre los crímenes del terrorismo de Estado y generó la reapertura nuevas causas. Sin embargo, muchos de esos expedientes no avanzan al ritmo que los organismos de derechos humanos quisieran. Los motivos pueden ir desde la falta de presupuesto a la falta de decisión. Para plantearle esta situación al Presidente, varias agrupaciones pidieron una entrevista con Néstor Kirchner, pero recibieron una respuesta negativa.
“El director general de audiencias nos contestó por escrito que el Presidente tenía una actividad muy intensa y que nos dirigiéramos a la secretaría de Derechos Humanos para pedir asesoramiento. Me parece una falta de respeto. Nosotros somos querellantes, conocemos las causas, no queríamos asesoramiento”, señaló a Página/12 Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que, junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, HIJOS y el Movimiento Ecuménico por los derechos del Hombre, entre otras agrupaciones, reclamó la entrevista.
–¿Qué es lo que le quieren plantear a Kirchner?
–Los problemas que existen. La dilación que hay en muchas causas, la falta de presupuesto de los juzgados que tienen a su cargo estos casos y la necesidad de tomar medidas jurídicas y políticas para acelerar las investigaciones.
–Muchos reclamos tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Hay algún reclamo específico para el Ejecutivo?
–Los lugares de detención de los militares: ésa es una atribución del Poder Ejecutivo. El Presidente podría prohibir que los militares de menos de setenta años vayan a instituciones militares. También pedimos la nulidad de los indultos. Pero además, queremos un pronunciamiento y un impulso político. Por la nulidad de las leyes él fue muy clarito. La Corte se enojó, pero él lo dijo.
–Y fue criticado por inmiscuirse en el Poder Judicial.
–No queremos que interfiera. Pero aún así puede pedir que se aceleren los procesos judiciales y que no se demoren a propósito. No me parece que un poder deba abstenerse de decirle a otro que cumpla con su deber. Además, si la Secretaría de Derechos Humanos se presenta como parte en varios juicios, también debería hacer un seguimiento, poner abogados. Y para eso se necesita infraestructura. El juez (Arnaldo) Corazza (de La Plata) nos dijo en una reunión que con los recursos actuales recién en el año 2040 se podría empezar a resolver estos juicios. Y no queremos que la falta de recursos se convierta en una excusa.
–¿Cuál es su balance sobre el estado de los juicios?
–La nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue muy buena, pero las causas no avanzan al ritmo que esperábamos ni al ritmo que la mayoría de la gente piensa que avanzan. Hay una infinidad de inconvenientes.
–¿Cuáles son?
–Un problema grave es la Cámara de Casación, que es el principal tribunal penal de todo el país. A pesar del fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad, sigue cajoneando las causas. Con el agravante que ahí está un recurso que es el que interpone (Raúl Enrique) Scheller en la causa ESMA, que tiene que ver con los diez represores que fueron apresados en septiembre de 2003: ya se cumplieron dos años y empezaron a pedir las excarcelaciones, aunque les dieron un año más. Casación es un tribunal proclive a la impunidad de los genocidas. Casi lo han dicho explícitamente. Uno de los jueces es (Alfredo) Bisordi, que nos acusó en un escrito. Casación es un gran problema porque todas las causas tarde o temprano van a terminar ahí. La causa de Campo de Mayo está ahí paralizada y, además, la Cámara de San Martín liberó a los cuatro represores que estaban detenidas en esa causa y anuló la anulación del indulto de Santiago Omar Riveros. La causa ESMA está paralizada en parte, la parte que podría ir a juicio. También hay problemas con algunos jueces o fiscales, aunque no se dan en todas las causas. Hay jueces que directamente no hacen nada, como el juez (Manuel) Blanco, en La Plata, que tiene causas presentadas por varios campos de concentración desde antes de la anulación de las leyes. No las movió mientras no se anularon las leyes, pero tampoco hizo nada en estos dos años. No ordenó una sola detención. Y están los casos como el del enfermero Juan Jeringa Barrionuevo, en la ESMA, a quien dejaron en libertad porque dicen que no se prueba que él haya puesto el Pentotal.
–¿Hay una dificultad para conseguir pruebas?
–Cachito Fukman (un sobreviviente de la ESMA) le dijo al juez: “Nosotros no le podemos traer a los compañeros muertos”. Había solo tres enfermeros en la ESMA. Jeringa era uno, y todos los testigos dicen que los enfermeros eran los que ponían las inyecciones, pero nadie lo vio en el momento. Es absurdo tratar esta causa de esta manera. Y no es una dificultad para juntar pruebas porque, por ejemplo, (el juez Daniel) Rafecas acusó a Rolón de la privación ilegal de la libertad de todos los que estaban en el campo, aunque no haya secuestrado a todos directamente. Es un criterio político y jurídico. Lo explicó el fiscal Félix Crous en una presentación que hizo en La Plata. La persona que todos los días renovaba su compromiso, aunque sea abriendo la puerta de la sala de torturas o llevando prisioneros, tiene que ser castigado. El grado de responsabilidad y si le ponen más o menos años es otro problema. En la mayoría de los campos estábamos tabicados y no veíamos a los represores, pero podemos demostrar quiénes estaban allí. Con el criterio de algunos jueces, todas esas personas van a quedar en libertad.
–Sin embargo, hay más de 150 represores detenidos. Es un avance...
–Según los datos que tenemos, actualmente hay 959 causas abiertas y más de 1100 personas imputadas por las fiscalías. Hay 172 detenidos y 33 con procesamiento firme.
–172 son bastantes detenidos.
–¿De más de 1100 imputados? Podría haber muchos más. Y muchos están avisados y se pueden escapar. Además, son casi los mismos que estaban detenidos o investigados antes de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Corazza arrestó a seis represores ‘nuevos’ y Rafecas a unos quince. Pero en Capital Federal y La Plata no hay prácticamente más detenidos ‘nuevos’, son los mismos que en 1987. En toda la causa Camps no hay un sólo detenido más que los tres que cumplían condena en 1987. Hace falta una política para estas causas. Esto no es un robo de gallinas ni un robo a un banco. No pueden tomarse los mismos criterios y la ley permite que los criterios sean distintos. Hay jueces que lo entienden, pero la mayoría toma un criterio restrictivo. Por eso le pedimos a (el procurador Esteban) Righi que de instrucciones claras a los fiscales para que actúen con criterios claramente definidos. Cuando en San Martín se cerró la causa por Campo de Mayo, el fiscal no apeló. Y hay jueces que dicen que no van a detener a nadie si el fiscal no se lo pide. También hay que impedir que las causas se desmembren en diferentes juzgados porque eso significa que, en lugares en los que los detenidos pasaban de un campo a otro, se duplica o se triplica el trabajo y se impide ver el conjunto, es decir, cómo funcionaba el sistema.