El juez federal Norberto Oyarbide decidió sobreseer al ex presidente Fernando de la Rúa, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex jefe de Gabinete Chrystian Colombo en una causa sobre el pago de 30 millones de dólares a Correo Argentino, en un momento en que la empresa tenía una deuda millonaria con el Estado. Los tres ex funcionarios fueron indagados este año y justificaron la cancelación de la deuda con el argumento de que los obligaba la ley. El magistrado les dio la razón.
El pago se hizo poco antes de la caída de De la Rúa, en septiembre de 2001, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El decreto que lo habilitó fue publicado en el Boletín Oficial el mismo día que la empresa, controlada entonces por el Grupo Macri, se presentaba en concurso de acreedores ante la Justicia. Tenía una deuda de 257 millones de dólares con el Estado desde 1999 en concepto de canon por la concesión del servicio privatizado.
Oyarbide investigó el delito de administración fraudulenta. Analizó en el expediente las razones por las que el gobierno de la Alianza dispuso pagar y por qué lo hizo con un decreto (el 1176/01) que habilitó el dinero (se usaron bonos) sin especificar el destinatario. Aquel decreto estaba firmado por todo el gabinete aliancista y se refería a la “decisión del gobierno nacional de dotar al organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía” de recursos económicos para hacer frente a las “deudas originadas en facturas impagas al 31 de diciembre de 2000 por la prestación de servicios básicos”.
Al entender del juez Oyarbide, no existió intención de favorecer a la compañía sino que se cumplió con un trámite legal que estaba pendiente. Su resolución concluye: “El proceder del gobierno nacional de entonces obedeció a la decisión judicial indicada y, por lo tanto, no puede serle imputada como un hecho antijurídico, por lo que habrá de desvincularse a los nombrados de la investigación”. El sobreseimiento no sólo benefició a De la Rúa, Cavallo y Colombo sino que se extendió al ex secretario de Infraestructura Carlos Bastos, y al ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, que también aparecían imputados.
Cavallo declaró en junio durante tres horas y sostuvo que estaba obligado legalmente a cancelar la deuda. Lo que el Estado debía, explicó, era la prestación de servicios a la AFIP, que utilizaba el Correo para repartir las facturas. De la Rúa planteó algo similar cuando llegó su turno: “Nada puede cuestionarse acerca de la legalidad de mi proceder”. Fundamentó que el decreto “no llevaba mención al Correo porque tiene valor de ley, es un decreto de necesidad y urgencia, debe ser general”. Colombo se explayó a lo largo de dos horas a fin de agosto. Sostuvo que el pago fue “correcto”, recordó la “crisis laboral” de la época y dijo que “era muy importante la recaudación del organismo”, independientemente de lo que adeudaran los concesionarios.
Cuando el Correo Argentino, que manejaban Franco Macri y Eduardo Escasany, entró en convocatoria, apuntaba toda su artillería a forzar la renegociación del contrato. “¿Dónde está escrito en la Constitución que no se pueda renegociar?”, decía Macri. E insistía en que el Estado le reconociera una inversión para mejorar el servicio de 99 millones, luego usada en indemnizaciones. Todo era conocido por el Gobierno que igual decidió pagarle 30 millones a su deudor. Para Oyarbide estuvo bien.