Las elecciones del 23 de octubre costarán 131 millones de pesos; los primeros datos del escrutinio provisorio se darán a conocer a partir de las 21 de ese domingo, aunque una tendencia casi definitiva estaría lista aproximadamente a las 23. Las encuestas en boca de urna no se podrán difundir hasta pasadas las tres horas del cierre del horario de votación, es decir a las 21, aunque los distintos medios electrónicos siempre se las rebuscaron para dar a conocer los datos, algunas veces abiertamente y otras en forma tácita. El mayor costo de todas las elecciones es el operativo que realiza el Correo –30 millones de pesos– ya que, por ley, hace toda la movilización de urnas, boletas, sobres, actas y telegramas que convergen luego al escrutinio provisional y definitivo. El segundo costo es el de la cobertura de seguridad: la empresa española Indra –que hace el mismo trabajo en Francia, Inglaterra, Holanda, España y otros países– procesará los datos para dar a conocer los resultados provisorios esa misma noche. Indra ganó la licitación internacional por 24 millones de pesos, aunque otra empresa cuestiona la adjudicación.
En conferencia de prensa, el director nacional Electoral, Alejandro Tullio, presentó el plan logístico del Ministerio del Interior para el 23 de octubre. El funcionario hizo una explicación rubro por rubro de los gastos electorales, detallando –por ejemplo– que el Estado les hace un aporte a los partidos de 17 millones y medio de pesos, aunque la mitad de las agrupaciones todavía no cobra porque no tiene hechos, en forma correcta, los balances de los gastos realizados en anteriores elecciones.
Desde el punto de vista operativo, no habrá grandes novedades en esta elección, salvo lo que se conoce como doble tipeo. Esto significa que las actas firmadas por las autoridades de mesa y los fiscales serán ingresadas al sistema informático por dos vías simultáneas, es decir que dos empleados van a tipiar los datos, si hay coincidencia, los resultados de esa mesa seguirán su camino, si no la hay, habrá una especie de clearing inmediato. Es un sistema de seguridad que se probó recientemente en Europa.
La contratación de Indra –una de las multinacionales de software más grandes del mundo– abrió un expediente en la Oficina Anticorrupción a raíz de una denuncia anónima fogoneada –según señalaron en la Dirección Nacional Electoral (DNE)– desde una dirección de mail perteneciente a una empresa llamada Euroinvest. Los titulares de esa empresa son un ex funcionario del Correo, Ernesto Rígoli, que firmó hace años el primer contrato del Correo con Indra, y Roberto Moreno, quien fuera subsecretario de Administración del ex ministro de Eduardo Duhalde Jorge Matzkin. El argumento de la denuncia, que figura con un nombre ficticio, es que hubo un intento de forjar una oferta alternativa entre el Correo y la Universidad de Buenos Aires y que esa propuesta no se presentó por presiones oficiales. En la DNE dicen que la coordinación de la propuesta iba a estar a cargo de Euroinvest, que no se podía presentar porque los ex funcionarios estarían vedados de intervenir por la Ley de Etica Pública. La alianza Correo-UBA nunca se presentó –en la DNE no saben si porque todavía no tienen el desarrollo suficiente del software o por otros motivos–, razón por la cual se le adjudicó la licitación internacional a Indra. En el mail que contiene la denuncia hay un facsímil de un relato hecho en una hoja con membrete falso del Ministerio de Justicia y Seguridad, que ya hace rato dejó de ser de seguridad. De todas maneras, la palabra la tendrá la Oficina Anticorrupción.
Desde el punto de vista del presupuesto, el precio testigo para todo el procesamiento de datos que hará Indra fue fijado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en 20.400.000 pesos, pero luego la Sigen aceptó que se firmara el contrato por 24.600.00 incluyendo varios procesos adicionales, entre ellos la doble digitación.
Los datos que se dieron a conocer en la DNE mencionan los precios pagados por procesamiento de datos en las últimas elecciones. En 1999, el Estado destinó 24 millones de dólares, en 2001, nueve millones de dólares, en 2003, 39 millones de pesos y en estas elecciones 24 millones. Hay que tener en cuenta que en algunas elecciones, como la actual, sólo se votaron cargos legislativos, en otras también para Presidente y vice e incluso se gastó dinero en preparar los procesos de ballottage.
Paralelamente, ayer la Dirección Nacional Electoral dio a conocer que en el total del padrón, de 26.098.000 votantes, existen únicamente 20.000 personas que figuran con una situación irregular de documentos mellizos y que aparecen en el padrón en dos lugares distintos, lo que está siendo investigado por los jueces electorales de cada distrito.
Uno de los temas de mayor controversia será, nuevamente, el de las encuestas en boca de urna. La legislación –corroborada por un fallo de la Corte Suprema– prohíbe difundir los resultados de las encuestas antes de las 21. Elección tras elección, esa norma fue violada, a veces de forma explícita, dando a conocer los datos en pantalla o a través de la radio, y en otros casos de forma tácita, al estilo de “hay mucha alegría en tal comando y bastante tristeza en tal otro”. Desde ya que los sitios de Internet –poco controlados por la legislación– suelen hacerse una fiesta, incluso desde antes de la hora del cierre de los comicios, algo que sí afecta o puede influir a los que todavía no votaron y van camino a la escuela a sufragar.