Tras su ronda de consultas previas a la elaboración y lanzamiento del proyecto para implementar el procedimiento acusatorio en materia penal, el Gobierno recogió la posición favorable de la Academia y de algunos representantes del Poder Judicial. A su vez, Página/12 consultó a Manuel Garrido, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y a Lucila Larrandart, vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA. En términos generales ambos se mostraron fervientes adherentes de una modificación en tal sentido, aunque manifestaron que desconocen la iniciativa y sus detalles. Por su parte, Alberto Binder recordó que el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales) tiene un proyecto en el Parlamento y pidió que el proyecto “no quede en anuncios”.
–¿Por qué es mejor el sistema acusatorio?
Lucila Larrandart: –Evidentemente el sistema penal oral acusatorio es un adelanto, incluso en 1992 cuando se sancionó el código actual propugnábamos que fuera acusatorio. Estoy de acuerdo porque agiliza los tiempos, permite que la prueba se produzca en el juicio delante de los jueces, y pone la investigación en la manos del fiscal. Actualmente hay una primera etapa inquisitiva escrita en la que se junta la prueba, a cargo del juez de instrucción, y las partes están ausentes. Y en la etapa de juicio oral se vuelve a repetir lo que ya se hizo y recién ahí participan las partes. Ese primer procedimiento lleva mucho tiempo, pasan los años, algunos testigos se mudan. En cambio, en el sistema acusatorio el fiscal averigua si hay prueba suficiente para ir a juicio. Esto implica una mayor economía procesal y, sobre todo, devolver los respectivos roles al proceso: la investigación al fiscal, la defensa a las defensas, y el juez mantiene así mayor imparcialidad, no como ahora que investiga, procesa, eleva... El sistema acusatorio implica oralidad y por lo tanto mayor eficiencia, en cambio si tengo una primera etapa escrita el juicio se atrasa.
Manuel Garrido: –Nuestro Código Procesal está atrasado respecto de todos los demás de América latina, incluso el chileno, y este cambio no haría más que responder a las inquietudes académicas. En 1992 cuando se implementó ya era atrasado, aprobaron este código mixto que no sirve, y fracasó el proyecto acusatorio que (Julio) Maier ya había planteado en 1986. Esto debió haberse hecho hace 20 años, y es vergonzoso que Argentina no lo tenga y los países latinoamericanos hayan adoptado la propuesta de Maier. La Académica lo apoya porque es evidente el agotamiento del modelo existente, esto que tenemos no funciona y hasta los propios (empleados y funcionarios) judiciales lo van a apoyar. Se reducen las instancias de apelación porque el juez de instrucción se transforma en juez de garantías y revisa el proceso, mientras el fiscal lleva el peso de la investigación. Nosotros mantenemos la tradición española inquisitiva y esto sería poner a Argentina en sintonía con la mayoría de los países.
Alberto Binder: –El sistema acusatorio permite diferenciar las funciones, implica darles a los fiscales la facultad de investigar y resuelve la cuestión de la eficiencia. Los jueces no investigan sino que hacen lo que les corresponde, que es preservar las garantías y juzgar. Esto permitiría salir del desorden federal. Pero ya existe un proyecto en el Parlamento presentado por el Inecip e impulsado por (María del Carmen) Falbo del PJ, (Margarita) Stolbizer de la UCR y (Marcela) Rodríguez del ARI. De modo tal que sería importante que el gobierno nacional se sume a las iniciativas que ya existen, que no haya anuncios de temas que luego quedan dormidos como ocurrió con el juicio por jurados o la agencia federal de investigaciones.
–¿Qué pasa con la experiencia acusatoria que ya existe en la provincia de Buenos Aires?
Larrandart: –No tuvieron en cuenta el alto nivel de litigiosidad, lo implementaron mal sin estudiar bien esto, con pocos fiscales y pocosjueces, a los fiscales no se les dio un equipo importante para trabajar, no se inventó una policía judicial. La investigación está en manos de la policía bonaerense y los fiscales muchas veces delegan en ella porque no dan abasto. El éxito de un sistema acusatorio no depende sólo de un proyecto bien hecho sino de su correcta implementación correcta y de que se asignen los suficientes medios para llevarlo adelante.
Garrido: –La reforma tiene que ir acompañada con capacitación, policía, peritos... no se trata sólo de cambiar el procedimiento. El código de provincia no es malo, pero le hicieron varios parches en pos de la seguridad y la ola Blumberg. Hay que poner recursos, informatización, fiscales suficientes, y una policía de investigación a cargo del Poder Judicial, diferenciada de la policía de seguridad que puede seguir en manos del Ejecutivo.
Binder: –No sólo hay experiencias en la provincia de Buenos Aires, también existen en Córdoba, Catamarca, y en el resto de América latina. Es importante que haya una adecuada asignación de recursos para evitar algunas deficiencias, y para evitar que se formalice, es decir que a pesar de la división de funciones propiciada por el sistema acusatorio sigue siendo un sistema burocrático. De todos modos, aun con estos problemas se está en la línea de una evolución hacia un sistema positivo.