Difícilmente resulte posible ponerle una cifra al daño social producido por los delitos económicos en la Argentina durante los últimos años, pero el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el crecimiento, una ONG dedicada a la recuperación de activos de origen espurio, calculó en 40 mil millones de dólares el monto provocado en los casos que fueron denunciados ante la Justicia. Los datos se dieron a conocer ayer durante la presentación pública de la primera base de datos nacional sobre corrupción y criminalidad, un proyecto elaborado por la ONG con un archivo de 750 causas judiciales y 1485 imputados con nombres de ex funcionarios, funcionarios y empresarios.
Tal como lo anticipó Página/12, el Cipce presentó en Sala C del Centro Cultural del Teatro San Martín la primera parte de los resultados del proyecto logrado después de dos años de trabajo, investigación, análisis y, en muchos casos, la restricción del acceso a la información, expedientes y causas de parte de los juzgados.
El archivo en este momento está integrado por 750 casos sistematizados y pretende lograr el funcionamiento de “un archivo histórico nacional sobre la corrupción y la criminalidad económica”, explicó Pedro Biscay, director de Cipce. La base de datos, aclaró, “se construyó con el propósito de producir una herramienta que organice la información sobre empresarios, empresas y funcionarios públicos investigados en la justicia penal por delitos económicos” como asociación ilícita, malversación de fondos, defraudación o estafas entre otras causas.
La idea es que el mecanismo permita desarrollar políticas de control y prevención de la delincuencia económica, en un contexto –dijo– “signado por la ineficiencia del sistema judicial para perseguir delitos y en el que existe la necesidad de reforzar la conciencia pública sobre este tema”.
En la práctica, la base contará con información a la que se podrá acceder a través de distintas vías: número de causa de los expedientes, juzgado, nombre de las empresas o imputados. La información compilada permite conocer la etapa de instrucción en la que se encuentra cada causa, lo mismo que sus imputados. De las 750, 407 corresponden a causas del fuero federal, 116 del ordinario, 131 del penal económico y 84 del tributario. Y entre los imputados –1485 en total– se encuentran nombres tan clásicos como el del ex presidente Carlos Menem, Germán Kammerath, Ricardo Cossio y Gerardo Sofovich.
La misma base de datos permitió elaborar, además, una hipótesis de presuntos daños sociales acumulados. Unos 10 mil millones de dólares cuando analizan los delitos detectados, pero unos 40 mil millones si “a ello se le suman los 30 mil millones que se estiman –explicaron– de los capitales fugados por empresas y personas públicas al exterior”. Para los promotores del proyecto, esta base de datos es parte de una “lucha social” aún pendiente.