La mayoría de los miembros del Consejo de la Magistratura decidió proteger al juez federal Claudio Bonadío en los expedientes en los que fue denunciado por no investigar las irregularidades en la causa AMIA. Los consejeros resolvieron que las actuaciones queden en la Comisión de Disciplina, que sólo analiza faltas menores y como mucho impone apercibimientos o llamados de atención a los magistrados. El titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, advirtió que esa medida va a contramano de la decisión del Estado argentino “que ha reconocido su responsabilidad en el encubrimiento de los hechos y se ha comprometido a profundizar las investigaciones” y “sancionar a los responsables” que obstaculizaron “la búsqueda de la verdad”.
El primer planteo contra Bonadío ante el Consejo por el caso AMIA llegó de la Cámara Federal en 2003. El tribunal lo cuestionaba por negarle el acceso a la causa sobre las irregularidades en la pesquisa del atentado a la Oficina Anticorrupción y la Unidad que dirige Rúa. Después, este funcionario lo denunció por “retardo de justicia”: desde 2001, advirtió, no había tomado medidas importantes para desentrañar lo que después el Tribunal Oral 3 describió como una trama de encubrimiento.
El tema llegó ayer al plenario porque en los últimos tiempos se agregaron presentaciones contra el juez. Una de ellas, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, denunciaba la supuesta amistad de Bonadío con el destituido Juan José Galeano, a quien debía investigar, y pese a lo cual no se excusó. En otra, Rúa, advertía sobre la lentitud de la investigación en la Comisión de Disciplina, a cargo del consejero y senador Miguel Pichetto, hombre del Gobierno en el Consejo. Pedía el pase a la Comisión de Acusación, que es la que promueve los juicios políticos.
La diputada Marcela Rodríguez (ARI) reclamó ayer que Acusación asuma estos expedientes. Sólo logró el respaldo de tres consejeros. Pichetto y Jorge Yoma fueron siempre los más reacios a agravar la investigación. Ellos sí cosecharon apoyos. Rodríguez ironizó después de la votación: “Lamento que los nuevos aires del Gobierno no lleguen a los jueces federales”. Aludía a que varios votos provenían de consejeros cercanos al oficialismo, incluso del representante del Poder Ejecutivo. Pichetto, con tono de campaña, contestó: “Qué me vienen con el contrato moral y toda esa verdura”.
Los organismos que lograron que el Estado reconociera su responsabilidad por el encubrimiento del ataque a la AMIA (Memoria Activa, CELS y Cejil), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también han manifestado preocupación porque las actuaciones contra Bonadío sigan en Disciplina.