El gobernador de Tierra del Fuego, Jorge Colazo, está que arde. Por segunda vez, la Legislatura provincial lo suspendió en el marco de un juicio político en el que lo acusan de haber retenido fondos de coparticipación del municipio de Río Grande y por supuestas irregularidades en la ejecución presupuestaria de 2004 por 14 millones de pesos. La medida se tomó tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial que lo restituyó en el cargo. Colazo desconoció la nueva suspensión y acusó penalmente a los legisladores por sedición. El principal opositor es el vicegobernador Hugo Cóccaro, que ya comenzó a armar su gabinete para asumir la gobernación por 60 días.
Colazo, de origen radical, llegó al gobierno en alianza con un sector del peronismo liderado por Cóccaro para desplazar al histórico del menemismo Carlos Manfredotti. La luna de miel entre Cóccaro y Colazo duró lo que un suspiro. Además, el gobernador comenzó a tener problemas con su propio partido. Luego de ser suspendido por la UCR por su apoyo explícito al presidente Néstor Kirchner, Colazo quemó las naves, abandonó el radicalismo y se pasó al Frente para la Victoria la semana pasada.
En septiembre, la Legislatura lo suspendió para iniciar el juicio político. Colazo planteó la inconstitucionalidad de la medida y un fallo del Supremo Tribunal lo restituyó. Los legisladores sostienen que el fallo no declaró inconstitucional el juicio político, sino que pidió que se ampliara la fundamentación de la suspensión. Por eso, la sala acusadora votó ayer por unanimidad de los bloques del PJ, ARI y el Movimiento Popular Fueguino (con la ausencia de un diputado radical) volver a suspender a Colazo. Ayer a las 14 se notificó la medida en la casa de gobierno provincial. “Se está cumpliendo lo que marca la ley. No compartimos el fallo judicial, pero lo acatamos e hicimos la ampliación que pedía”, dijo el jefe del bloque del PJ, Rubén Schiutto. “Colazo lo que tiene que hacer es aceptar la acusación, según lo establece la Constitución”, opinó la diputada nacional por el ARI Fabiana Ríos.
Ante la nueva suspensión, Colazo desconoció la decisión legislativa. Así lo confirmó a Página/12 su vocero, Eduardo Monchietti: “El gobernador va a seguir en funciones junto a su gabinete, desconociendo esta medida, que carece de validez”. El ministro coordinador de Colazo, Edgardo Welsch, calificó la suspensión de “golpe de Estado”, aunque adelantó que si se concreta el recambio de gobernador “renunciará todo el gabinete”. Además, Colazo presentó una demanda por sedición y sublevación contra los legisladores en el juzgado federal de Ushuaia. “No son los legisladores ni los ministros los que interpretan la Constitución, sino los jueces y el Superior Tribunal que ya se expidió sobre la suspensión de Colazo”, argumentó Welsch, que remarcó la decisión de “no abandonar la Casa de Gobierno hasta que haya un pronunciamiento judicial”. “Los legisladores que votaron la suspensión responden en su mayoría al sector manfredotista y el vicegobernador encabeza la postura sediciosa”, afirmó Monchietti.
Por su parte, el ¿virtual? ministro coordinador de Cóccaro, Enrique Vallejos, consideró que “la situación es de tránsito desde la resolución de la sala acusadora hasta la puesta en función del vicegobernador”. “Estamos dialogando con la gente de Colazo, pero no vemos receptividad. No resignamos la posibilidad de que comprendan que se está obrando en el marco de la ley y no por capricho, ni personal ni partidario”, sostuvo Vallejos, que calificó la denuncia penal de “un escenario de fantasía”.
Los legisladores también rechazaron la denuncia. “Es una payasada, un acto fallido del gobierno”, disparó el diputado provincial del ARI Manuel Raibault, quien planteó que “se está buscando provocar un hecho similar a las dos intendencias en San Luis, un conflicto que justifique una intervención federal. El gobierno nacional tendrá que meditar, porque no creo que sea gratuito cobijar a un bandido”. Ayer juró la sala juzgadora ante el presidente del cuerpo (el propio Cóccaro) y se reunirá hoy a las 14 para analizar las pruebas. El lunes 24 se presentarán los cargos por la retención de fondos de coparticipación y el jueves 27, por la presunta irregularidad en el presupuesto. Tienen hasta el 14 de diciembre para expedirse. “El conflicto es entre el gobernador y el vicegobernador. No sé qué hará mañana (por hoy) Cóccaro, pero ya está a cargo del Ejecutivo y tendrá que gobernar con el respaldo de la Legislatura”, dijo Schiutto. Quedó flotando en el aire el fantasma de dos gobernaciones paralelas.

Informe: Werner Pertot