La Legislatura porteña dio otro paso en el proceso de juicio político contra Aníbal Ibarra. Anoche, tras ásperas discusiones, la comisión investigadora de la Sala Acusadora cerró el período de prueba. Por siete votos a tres rechazó un pedido del jefe de Gobierno para que continúe abierto y se le tome declaración a testigos que habían sido citados pero que no pudieron concurrir por motivos laborales o personales. “‘Testigo que falta, testigo que no declara’, ésa parece ser la norma de esa comisión, con clara violación al derecho de defensa en juicio. Nunca se vio semejante máxima en tribunal judicial o político”, cuestionó Ibarra en una carta enviada al cuerpo.
Ahora los trece miembros de la comisión investigadora tienen hasta el 31 de octubre para expedirse si, tras el análisis de las pruebas, se inclinan por la “acusación” o por la “no acusación” contra Ibarra. Consultados por Página/12, legisladores de Compromiso para el Cambio, del Interbloque de Izquierda y del ARI aseguraron que no se pronunciarán antes de los comicios del 23 de octubre para no politizar el tema. Para que no queden dudas, la comisión investigadora votó que la próxima reunión se realice recién dos días después de la elecciones. “No hubo casi contrapruebas de Ibarra frente a los cuestionamientos al ejercicio del poder de policía. Sólo se defendió en relación con cómo actuó ante la emergencia. Con lo cual el dictamen lo podríamos tener la semana próxima, pero no queremos mezclarlo con las elecciones”, señaló a este diario Gabriela Michetti, titular del bloque de Compromiso para el Cambio. Lo más probable es que el ARI, el macrismo y los partidos de izquierda se inclinen por un dictamen acusatorio. Mientras que el kirchnerismo se pronuncie por la “no acusación”.
Estos dictámenes pasarán a ser votados por el total de miembros de la Sala Acusadora, que suman 45. Para resolver que Ibarra sea juzgado se requieren 30 votos. Tienen tres semanas para votar. Ayer, fuentes del ibarrismo aseguraban que, de acuerdo con sus cálculos, no se llegaría a esa cantidad. Si gana un dictamen acusatorio, el jefe de Gobierno quedará automáticamente suspendido en sus funciones y la Sala Juzgadora, formada por 15 legisladores, tendrá cuatro meses para finalizar el juicio político. Durante ese tiempo puede llamar a declarar a Ibarra. Si al término de ese plazo no se pronuncia, el juicio cae y el jefe de Gobierno vuelve a su cargo.
Anoche, votaron por cerrar el período de prueba los macristas Marcelo Godoy, Jorge Enríquez y Osvaldo Borrelli, Jorge San Martino, de Recrear, Ariel Schifrin, de Confluencia, y Daniel Betti y Rubén Devoto, del Interbloque de Izquierda. En contra, los kirchneristas Miguel Talento y Diego Kravetz y el macrista Alvaro González. De los casi 380 testigos propuestos por Ibarra, la comisión investigadora le aceptó 40.
En la carta en la que pidió que se extienda el período de prueba, Ibarra volvió a hablar de “golpe institucional”. “Aquí no hay un juicio político. Aquí se quiere llegar a un objetivo político de cualquier manera. Algunos legisladores, con el juicio político como excusa, pretenden llegar a un golpe institucional”, sostuvo el jefe de Gobierno, que puntualmente cuestionó que “no se reprogramó ninguna audiencia para testigos que no pudieron concurrir por motivos laborales o personales”.