“La Justicia es particularmente hostil a las mujeres”, advierte Susana Villarán, la única mujer que integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De sonrisa fácil y voz seductora, esta periodista y educadora peruana logró poner por primera vez en la agenda de la CIDH como “tema prioritario” una realidad crucial para miles de mujeres en el continente: los obstáculos que enfrentan para acceder a la Justicia, en particular cuando han sido víctimas de violencia y discriminación. “Tras una consulta hemisférica con expertas y expertos para desentrañar esta problemática en cada país, la CIDH emitirá a fin de año recomendaciones expresas a los gobiernos”, anuncia Villarán, en una entrevista con Página/12, en la que analiza las barreras que impiden a las mujeres llegar a los tribunales en términos igualitarios.
Además de ser la única mujer entre los siete miembros de la CIDH, es la única que no es jurista. Actualmente, Villarán encabeza la Relatoría de Derechos de la Mujer del organismo de la OEA, cuya función –entre otras– es “formular recomendaciones específicas que fomenten el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de igualdad y no discriminación”, describe a este diario. A los 56 años, su trayectoria en el área de los derechos humanos es extensa. Y en Perú, donde condujo programas de radio y televisión, lidera el Partido por la Democracia Social, desde el cual aspira a pelear la presidencia de la Nación. “Es raro ¿no?, pero hace 36 años que estoy casada con el mismo hombre”, comenta, entre risas, en el lobby de un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Vino al país para encabezar una consulta con expertos del Cono Sur a fin de identificar los obstáculos en el acceso a la Justicia por parte de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Reuniones similares se están llevando a cabo en el resto del continente.
–¿Cuántos casos de mujeres han llegado a la CIDH?
–Tenemos en estos momentos más o menos sesenta casos en diversas instancias judiciales. Son casos emblemáticos. Ninguno ha llegado a la Corte Interamericana porque se han resuelto a través de soluciones amistosas con los Estados, que son muy importantes porque han tenido como consecuencia modificaciones legislativas que benefician a otras mujeres. Como el caso de María Eugenia Morales de Sierra, una jurista de Guatemala que hace una petición en su país ante la Justicia porque el Código Civil le impide trabajar y ejercer otros derechos sin el permiso de su marido. En Guatemala el hombre tiene potestades mayores al interior de la pareja. María Eugenia hace un litigio a nivel nacional y no logra ningún resultado. Entonces, recurre a la CIDH, y se logra una solución amistosa entre el Estado y la víctima, que termina con la modificación del Código Civil guatemalteco.
–¿Recuerda otros casos?
–Sí, hay otro muy diferente, el de dos niñas, Dilcia y Violeta, hijas de migrantes haitianos que están como ilegales en República Dominicana. No las dejan ingresar a la escuela porque no tienen documentación. La CIDH dicta una medida cautelar y no sólo las niñas pueden ir al colegio sino que se modifican una serie de disposiciones en ese país para garantizar el derecho a la educación a todos los chicos. En Chile tuvimos el caso de una estudiante secundaria expulsada de un colegio privado, subsidiado por el Estado, porque queda embarazada. La solución significó la aprobación de leyes que garantizan que las embarazadas puedan continuar en las escuelas.
–¿Están analizando alguna demanda de Argentina?
–En estos momentos no. Pero ha sido muy importante el caso de María Merciadri de Morini (una ex diputada radical) que inició su reclamo contra el Estado argentino ante la OEA en 1994 por considerar que en la provincia de Córdoba la UCR no había cumplido con la ley de cupo femenino en el armado de listas para la elección de octubre de 1993, la primera oportunidad en que se aplicó esa normativa. La solución amistosa implicó que el presidente De la Rúa dictara un decreto que reglamentó la ley de forma más estricta para impedir interpretaciones erróneas que limitaran el derecho político de las mujeres.
–¿Cuál es el principal problema por el cual las mujeres en el continente recurren a la Justicia?
–Las mujeres son las usuarias más importantes del sistema de Justicia, en primer lugar, para reclamar alimentos (a su ex pareja para sus hijos), por causas de tenencia y de violencia. Las denuncias por violencia doméstica son muy recientes y son cada vez más, lo que significa que hay cada vez más conciencia. Pero hay un problema grave: el mismo sistema disuade a las mujeres víctimas de ir a los tribunales porque hay muy pocas sentencias condenatorias. También el propio núcleo familiar las presiona para no seguir adelante porque la denuncia las va a dejar sin sustento económico. Y son intimidadas por el agresor, que las amenaza diciéndoles que van a sufrir una violencia mayor. Todo esto sucede porque todavía no hay muchos refugios para mujeres golpeadas o no reciben la protección judicial adecuada. En Guatemala hay datos estremecedores: en el 31 por ciento de los casos de homicidios de mujeres registrados en la fiscalía de Guatemala, las víctimas habían denunciado a su pareja por violencia y no habían recibido protección.
–En Argentina no hay estudios estadísticos de ese tipo, pero la información periodística indica que aquí se repite el mismo fenómeno.
–Muchas veces la mujer que se anima a denunciar, que rompe un terror muy grande, se encuentra con que la primera persona que la recibe le dice: ¿Pues qué habrás hecho hijita para que te traten así? Y termina sin ninguna protección. Del análisis de los casos que llegan a la CIDH surge que la Justicia es esquiva para las mujeres. Si bien la falta de acceso a la Justicia afecta a varones y a mujeres, a nosotras nos afecta de una manera especial. La Justicia es particularmente hostil a las mujeres, como se ha dicho en esta consulta de la región del Cono Sur. Incluso en Argentina, eso lo han dicho las mismas expertas argentinas.
–¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas?
–Este es un problema que tiene que ver primero con una desventaja en términos de conocimiento: las mujeres no tienen conciencia de que son sujetos de derecho y, por lo tanto, no pueden activar los mecanismos para disfrutar efectivamente de esos derechos, por ejemplo, por la concepción de que la violencia en el hogar es algo natural. Uno podría pensar que en el Cono Sur, en países como la Argentina y Uruguay, esto podría ser diferente porque tienen niveles de educación un poco más altos. Pero no es así, porque muchas veces no tiene nada que ver el nivel educativo con el grado de sumisión y sometimiento y de naturalización de la violencia que existe en las mujeres.
–¿Qué medidas deberían tomarse para prevenir la violencia doméstica?
–El corazón del problema son los patrones socioculturales. Que la violencia contra las mujeres, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, sea el crimen más extendido en la Humanidad, que tengamos mujeres asesinadas en la proporción en que estamos teniendo en estos momentos y que resulte algo prácticamente natural en nuestras sociedades, nos está diciendo que hay una discriminación profundísima contra las mujeres. Desde que somos niños mamamos, hombres y mujeres, el hecho de que las mujeres estamos en un rol de subordinación, de dependencia afectiva, emocional, económica. A pesar de que estamos avanzando muchísimo todavía subsisten estos patrones. La escuela es una transmisora de eso. ¿Qué se tiene que hacer? Todo el mundo tiene que trabajar para que la mujer pueda ser consciente de que tiene derechos, para que la mujer reciba la misma paga a igual trabajo que el hombre, tiene que haber políticas públicas sociales importantísimas que pongan un gran énfasis en la desventaja que tienen las mujeres. Ser tratadas de manera igual, aunque seamos diferentes, es el inicio de su acceso a la Justicia.
–¿Qué cambios habría que implementar en el sistema judicial?
–Se tiene que hacer una reforma muy profunda de mentalidades. Los jueces y las juezas, a veces, tienen mentalidades absolutamente misóginas, machistas, patriarcales, una imagen de familia muy contraria a aceptar que la mujer pueda estar viviendo una situación de violencia.
–A través de la consulta hemisférica que están realizando, ¿cuáles son las mejores prácticas que han detectado en el continente para enfrentar estos problemas?
–Una experiencia muy interesante es la de los tribunales políticos que se están haciendo en Chile y en otros países de Latinoamérica: son simulacros de juicios en casos reales de delitos sexuales, de mujeres desaparecidas, de violación de derechos económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos. Estos juicios tienen gran impacto político por su repercusión en los medios. Otra experiencia interesante es la de las defensoras comunitarias: mujeres, muchas veces de sectores muy pobres, que en algún momento accedieron a una ONG o a un servicio de una iglesia, porque eran víctimas de violencia doméstica y fueron formándose y se dedican a concientizar y ayudar a otras mujeres víctimas de violencia en sus barrios.
–En la Corte Suprema argentina por primera vez hay dos mujeres.
–Es un dato para destacar, pero el hecho de que haya más mujeres en las cortes no significa nada. No creo que las mujeres per se tenemos que tener una posición a favor de la equidad de género. No nacemos perfectas y las mejores transmisoras de la cultura patriarcal somos las mujeres: dicen que el machismo es una enfermedad que padecen los hombres, pero que es transmitida por nosotras, lo cual es absolutamente cierto. Para que se produzcan cambios hay que partir de que las mujeres que ingresan a las cortes tengan conciencia de la situación de desventaja en que nos encontramos.