Después de confesar la “preocupación y desazón” del Gobierno por la decisión de la Justicia uruguaya de archivar la causa por el secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena –la nuera del poeta argentino Juan Gelman–, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió ante el juez federal Norberto Oyarbide la captura internacional y extradición de los siete militares y el policía implicados en “ese delito de lesa humanidad y como tal imprescriptible”. Desde Montevideo, el secretario de Presidencia de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, dijo a Página/12 que “nos parece correcta la decisión de la Argentina: tiene pleno derecho a reclamar la extradición y apenas llegue a Uruguay le daremos curso”. Fernández aseguró también que “continuarán las excavaciones” en campos del ejército en busca de los restos de detenidos-desaparecidos porque “ésa es una decisión del Ejecutivo”.
Acompañado por el abogado Ciro Annicchiarico, Duhalde se ocupó en destacar que la denuncia no alteraría las buenas relaciones con Uruguay. “Encontramos en Tabaré Vázquez la misma búsqueda de verdad y justicia que nos anima a nosotros. No existe razón para que esta causa nos divida sino para que nos una más”, dijo el secretario. El Presidente uruguayo está de gira en Europa y regresa recién el jueves próximo; el vicepresidente a cargo, Rodolfo Nin Novoa, quien ayer recorrió las instalaciones de las papeleras que se están construyendo en Fray Bentos y tantas protestas generan desde la costa argentina por la contaminación que provocarían, evitó opinar sobre el planteo judicial por el caso de la nuera de Gelman.
María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires en agosto de 1976. Tenía 19 años y estaba embarazada de Marcelo Gelman –quien también fue víctima fatal del terrorismo de Estado–. Fue mantenida en cautiverio en el centro clandestino “Automotores Orletti”, uno de los lugares de destino de los secuestrados en el marco del Plan Cóndor de coordinación de las políticas represivas en el Cono Sur. El 30 de septiembre o el 1 de octubre de ese mismo año fue trasladada a Uruguay. Allí continuó su detención clandestina hasta que dio a luz a una nena de la cual fue despojada. La presentación realizada por Duhalde ante Oyarbide precisa que “luego fue ultimada probablemente por el oficial de la policía uruguaya Ricardo José Medina Blanco. La niña quedó en manos del coronel Jorge Silveira y de Medina Blanco, quienes la entregaron en enero de 1977”. Macarena recuperó su identidad veintitrés años después cuando su abuelo Juan Gelman la encontró tras una minuciosa investigación que fue hilvanando los retazos de aquel horror.
Silveira y Medina Blanco son dos de los represores que el gobierno argentino pidió que sean detenidos y extraditados junto al mayor José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Manuel Cordero, el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti y el capitán José Arab (alias El Turco). “La decisión del tribunal uruguayo consagra la impunidad de los represores implicados en la causa y, de hecho, han cesado las medidas que les prohibían salir del país lo cual aumenta las posibilidades de fuga”, explicó Duhalde para abundar en que atendiendo a esta situación se le pidió a Oyarbide que “no limite la investigación a la desaparición de María Claudia en territorio argentino porque tratándose de un delito permanente corresponde que el juez argentino lo haga por la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad: hemos invocado principios de justicia universal, esa justicia que adquiere vigor cuando los jueces del país donde se comete el delito garantizan la impunidad”.

La otra orilla
Oyarbide ya había pedido a Uruguay la detención y extradición de los represores implicados en el caso de María Claudia García Irureta Goyena. El gobierno de Jorge Batlle rechazó el planteo respaldándose en la Ley de Caducidad de los delitos cometidos por los militares de ese país. Sin embargo, con la llegada del Frente Amplio a la presidencia renació la posibilidad de encontrar algún atajo que permitiera hacer justicia. En primera instancia se logró que el caso de la nuera de Gelman no fuese incluido en esa norma, ya que había sido secuestrada al solo efecto de apropiarse de su criatura. Esta semana un tribunal de segunda instancia revió la decisión y archivó la causa.
–¿El Poder Ejecutivo puede apelar esa decisión? –le preguntó este diario a Gonzalo Fernández, el virtual jefe de Gabinete de Tabaré Vázquez.
–Existe una tercera instancia de Casación ante la Suprema Corte que tengo entendido que va a intentar el abogado denunciante (en representación de Gelman). Es un tema en discusión si puede haber una apelación privada. El Poder Ejecutivo no puede apelar ni interponer ninguna clase de recursos, lo que va a hacer es continuar con el proceso de búsqueda de los cuerpos, de excavaciones, en los cuarteles. Afortunadamente ese proceso no fue judicializado y ese fallo no lo detiene.
–¿Van a presentar un proyecto para rever la vigencia de la Ley de Caducidad?
–Al regreso del Presidente creo que va a haber medidas importantes en ese sentido.
Gonzalo Fernández comentó que apenas se enteró del fallo de la Justicia de su país se comunicó con el embajador argentino Hernán Patiño Meyer y luego con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con Eduardo Luis Duhalde para transmitirles la sorpresa de su gobierno por ese fallo y la decisión de impulsar las medidas que reclame la Argentina.
Una de las alternativas en estudio en la coalición Encuentro Progresista Frente Amplio es el reconocimiento por ley de la figura de la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad y como tal imprescriptible. El debate recién despunta y no es menor la evidente decisión de la Justicia de conjurar los caminos de revisión del terrorismo de Estado. Una puja que el planteo del gobierno argentino reactualizará la próxima semana apenas el juez Oyarbide decida qué hacer con el pedido presentado ayer por Eduardo Luis Duhalde.
El secretario de Derechos Humanos insistió en el encuadramiento legal del planteo del gobierno de Néstor Kirchner. Puso como ejemplo que “nosotros no objetamos el juicio y condena a Adolfo Scilingo –el marino argentino juzgado en España–, porque al momento en que se instruyó ese proceso la Argentina no estaba dando respuesta a esos crímenes horrendos y lo mismo está sucediendo hoy en Uruguay” y aclaró que distinto es el caso de Alfredo Astiz quien es requerido por Francia pero como está procesado y detenido en el país no se hace lugar al pedido de extradición.
“Esta no es una lucha entre uruguayos y argentinos sino entre los que buscamos memoria y justicia y los que buscan consagrar la impunidad. De parte del Estado argentino vamos a agotar todas las instancias necesarias para que el crimen de María Claudia García Irureta Goyena no quede impune”, destacó Duhalde.