Apenas el Congreso comience a desperezarse tras las elecciones, se reavivará la discusión sobre el proyecto de Presupuesto del 2006, una de las iniciativas de sanción urgente y por la que se están movilizando los operadores del oficialismo. La agenda de los legisladores incluye otras varias propuestas en materia económica de gran sensibilidad y trascendencia, como las prórrogas de la Emergencia Económica, de la vigencia de tributos clave como Ganancias o Bienes Personales o la legalización de un cargo fijo para costear obras de privatizadas.
El jujeño y esmerado oficialista Carlos Snopek ya puso manos a la obra para que esta misma semana visite el Parlamento el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, o, en su defecto, el titular de la AFIP, Alberto Abad. La idea es cumplir con la rutina de desmenuzar el Proyecto de Presupuesto 2006 lo más rápido posible, neutralizando con explicaciones técnicas los reparos que ya esbozó la oposición.
Duhaldistas y kirchneristas saben que, si bien las facultades delegadas lo fueron con algunos límites impuestos a último momento, no está cerrada la puerta para el ejercicio de los denominados “superpoderes”, algo que irrita a cualquier dirigente político ajeno al manejo de los crecientes recursos de la Nación.
Una vía para que el Poder Ejecutivo logre ese manejo discrecional de los fondos es la denunciada de subestimar la recaudación: así, el superávit excedente no tiene destino asignado por el Congreso y puede disponerse de él libremente. El otro instrumento para disponer de los recursos a su arbitrio es el rubro denominado en el Presupuesto como Obligaciones a Cargo del Tesoro, de hecho, una especie de caja chica que en ejercicios anteriores redondeaba los 2700 o 2800 millones de pesos y era administrada por Hacienda. Para el 2006, ese monto ya supera los 9500 millones y su distribución es ahora potestad del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
En un Congreso remozado, estas cuestiones pueden resultar muy irritantes o pasar desapercibidas. Lo mismo que puede ocurrir con las prórrogas a los impuestos a la Ganancias, al cheque o a Bienes Personales, tributos directos que se imponen por un tiempo determinado, cuya vigencia debe extenderse al final de cada ejercicio.
Esas aprobaciones pueden ser un simple trámite burocrático o transformarse en un objetivo difícil si las provincias, vía sus legisladores, insisten en conseguir una proporción mayor de la recaudación de esos gravámenes o si la oposición plantea revisar los mínimos no imponibles. En este último caso, será difícil para los parlamentarios K defender topes tan bajos, que obligan a pagar el gravamen sobre la renta a un trabajador con carga de familia que gana poco más de 2000 pesos o a cualquier ciudadano que tiene bienes por más de 102 mil pesos, monto fácilmente superable con un modesto departamento en Capital.
En un Parlamento más activo –y con ciertos espacios políticamente menos disciplinados–, también pueden mirarse con lupa algunas propuestas del Ejecutivo, como la que pretende crear cargos fijos para costear obras de infraestructura energética. Algo que ya ocurre de hecho con los extraordinarios adicionales sobre las tarifas que Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur cobran a los usuarios industriales para ampliar la capacidad de sus ductos sin que haya norma que los avale. Este proyecto del PEN ya ganó detractores en el Congreso por el amplio margen de decisión que pretende otorgar a ese poder, tanto para imponer aquel pago adicional a todas las categorías de clientes de las prestadoras de servicios públicos como por la discrecionalidad para decidir las obras.
También podrían generarse eventuales enfrentamientos en torno de aquellos proyectos a simple vista están inspirados en propósitos loables, que cualquier legislador avalaría. Entre ellos, el que pretende eximir de Ganancias a las inversiones de las pymes. Pero, según hilan fino algunos legisladores del propio PJ, no da prerrogativas fiscales para importar bienes de capital usados ni contempla expresamente a los microemprendimientos. Sutilezas que sólo pueden ponerse sobre la mesa si es necesario negociar duramente el dictamen de comisión.
Algo similar a lo que podría ocurrir con la propuesta ingresada al Senado para garantizar un gasto en Educación equivalente al 6 por ciento del PBI, pauta ya utilizada para elaborar el proyecto de presupuesto del año entrante. En los debates preliminares nadie se atrevió a objetar la meta, pero sí cómo se manejarían los recursos disponibles: más de una provincia hizo saber que no tiene intenciones de subordinar la política salarial de sus docentes a eventuales dictados impartidos por la Nación.
Antes del brindis del Año Nuevo, el Parlamento tendrá que sancionar la ineludible prórroga a la ley de Emergencia Económica que, entre otros permisos, habilita la renegociación de los contratos con las privatizadas. En la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas, que fiscaliza desde el Legislativo lo que se hace invocando esa ley, no se esperan grandes diferencias a la hora de analizar los nuevos acuerdos celebrados con las empresas por el Ejecutivo y cuya aprobación hasta ahora el duhaldismo avaló sin reparos.
Una de las activistas más destacadas de esas aprobaciones expresas o fictas (las que tienen lugar automáticamente, a los sesenta días de ingresado el nuevo contrato) es la diputada Graciela Camaño, próxima a las huestes duhaldistas. Una prueba de que, salvo algún imprevisto cambio de humor en el interior del justicialismo, las grandes iniciativas económicas tienen el camino allanado más allá del nuevo cuadro de bancadas.