Si después de su desconfianza inicial, el empresariado adoptó un discurso más amigable para referirse al Gobierno, luego del reciente triunfo electoral difícilmente queden detractores del kircherismo. En on o en off the record, los hombres de empresa celebran la consolidación del poder presidencial como un hecho que disminuye la incertidumbre sobre el rumbo económico y algunas decisiones clave, como la política cambiaria o la renegociación de los contratos con las privatizadas. Aún así, subsisten incógnitas acerca de cómo se estimularán las inversiones privadas o cómo zanjará el Gobierno en la previsible puja distributiva por un aumento de salarios, alentada por una inflación que cuesta controlar.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, destacó a los comicios como “un éxito electoral formidable, que despeja el camino de incertidumbre por dos años”. Para el dirigente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren, lo más alentador es que “hoy el modelo no se discute”, ya que la magra cosecha de votos que obtuvo tanto la izquierda como la derecha deja poco margen para replantearse aspectos de la política económica que resultaron muy alentadores para los industriales, empezando por el actual tipo de cambio.
El uno y el otro apuntaban en la misma dirección el alto ejecutivo de un holding local: bien sea a través del arrasador triunfo de la senadora Cristina F. de Kirchner, bien por la pobre performance de Hilda “Chiche” Duhalde, lo cierto es que el Presidente consolidó su poder y eso le permitirá avanzar en algunos puntos estratégicos “sin necesidad de apelar a decretos de necesidad y urgencia”.
Es cierto que la inminente renovación del Parlamento no exime al oficialismo de realizar negociaciones para conseguir la aprobación de algunos proyectos, pero allana mucho el camino y disminuye la posibilidad de discusiones que en otro contexto político podrían trabar las iniciativas. En la agenda parlamentaria hay varias iniciativas sensibles para los hombres de negocios. La prórroga de la Emergencia Económica, el régimen de incentivos fiscales para inversiones, una nueva ley de ART, la aprobación de un cargo para ampliar la infraestructura de servicios públicos o el aval a los nuevos contratos que se renegocien con las empresas privatizadas forman parte de ese menú.
Desde la perspectiva empresaria, cómo se resuelvan éstas renegociaciones resulta decisivo para inferir cuál será el marco para futuras inversiones, aun fuera de la órbita de las privatizadas. Presuntamente, los nuevos acuerdos podrían mostrar el patrón oficial para retribuir al capital, bien sea habilitando los precios o tarifas “necesarios” para garantizar un buen retorno o apuntalando los proyectos con subsidios, camino que el Gobierno ya eligió en varios casos. Si el descubrimiento de ese parámetro será o no suficiente para atraer nuevos capitales o no es algo aún por verse.
“Vamos a un escenario de demandas salariales generalizadas”, se afligía ayer el máximo ejecutivo de una empresa energética. Es ese previsible contexto de reclamos sindicales un desvelo patronal común, al margen de la actividad. La pregunta que inquieta a las empresas es si después de haber desistido expresamente de propiciar recomposiciones salariales por decreto, el Gobierno retomará este camino de intervención, alentado por la revalidación de su poder, o preferirá dejar la resolución de cada puja librada a su suerte.
Incluso para los hombres de la UIA, entidad desembozadamente oficialista, es deseable que el Gobierno haga algo para contener el conflicto social. De Mendiguren lo expresa en términos cuidados pero claros. “La inflación de dos dígitos genera una puja. Por eso es importante anticiparse con un diálogo social serio, con un marco avalado por el poder político, que dé previsibilidad.”