La solución para la inflación que propondrá la Unión Industrial Argentina es establecer una “tregua de precios y salarios” por 180 días. Durante ese período, los sueldos quedarían congelados y los empresarios se comprometerían a no aumentar sus bienes. Sería una fuerte señal política para cortar las expectativas inflacionarias, de acuerdo con la versión de la central fabril. Pasados los seis meses, los trabajadores recibirían una compensación equivalente al alza del Indice de Precios al Consumidor (IPC) generada durante el tiempo que se extendió el acuerdo. La idea será debatida con la CGT, en la mesa de diálogo que instalaron empresarios y sindicalistas. El Gobierno por ahora se limita a observar cómo se desarrollan esas negociaciones, en un marco de preocupación por la escalada del costo de vida.
Néstor Kirchner y Roberto Lavagna se reunieron ayer dos veces en la Casa Rosada por ese motivo. El Presidente dijo la semana pasada que la inflación lo “desvela” y el tema ocupa un lugar central en la agenda económica postelectoral. El diagnóstico del titular de Hacienda es que los precios suben porque se produjo un desfasaje entre el crecimiento del consumo y la capacidad productiva para hacer frente a esa mayor demanda. La solución de fondo, repite, es generar las condiciones para un aumento de la inversión. Pero, mientras tanto, hay que hacer algún movimiento para resolver el problema en el corto plazo. Por esa razón, Lavagna estaría de acuerdo en esta oportunidad con que avance un acuerdo de cúpulas que defina reglas de juego en materia de precios y salarios.
“El Gobierno no veta las negociaciones, pero no se inmiscuye”, le dijo un miembro del gabinete a Página/12. “Si llegan a un acuerdo constructivo será bienvenido”, agregó, aunque no pudo disimular su escepticismo sobre las posibilidades de éxito de las gestiones. Desde Economía confirmaron que las conversaciones del titular de esa cartera con el Presidente estuvieron centradas en los pasos a seguir para controlar la inflación. Ese fue el tema, sobre todo, en la reunión de la mañana, mientras que durante el encuentro de la tarde conversaron también sobre la nueva licitación de deuda y de “los temas económicos que se tratarán en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata”.
Con respecto a las negociaciones entre la UIA y la CGT, Lavagna las había rechazado de manera categórica en marzo pasado. Aquella vez consideró que ese diálogo no hacía más que poner el tema de la inflación en primer plano, lo cual era contraproducente. La respuesta de la central empresaria fue que buscaba encauzar una incipiente puja distributiva para evitar desbordes, todo lo contrario a la acusación oficial. Pero tuvo que aguantar el reto público del ministro de Economía y seguir trabajando en silencio, hasta que ahora el contexto le da oxígeno para ir adelante.
Para salvar las apariencias, la UIA y la CGT rescataron la experiencia española, adonde funciona un Consejo Económico Social con participación empresaria y sindical. El presidente de la central fabril, Héctor Méndez, y el número dos de la CGT, José Luis Lingeri, viajaron hace dos semanas a España para conocer de primera mano el funcionamiento del Consejo. El paso siguiente fue convocar al presidente de esa entidad, Jaime Montalvo Correa, y con él de la mano se pasearon anteayer por tres ministerios y reinstalaron la idea del acuerdo estratégico entre la producción y el trabajo.
Lavagna, Carlos Tomada y Julio De Vido recibieron al español, acompañado por sus anfitriones Méndez y Lingeri. El jefe de Economía dijo en esa reunión que ahora acepta la construcción de un espacio de diálogo entre empresarios y sindicatos porque en el último año hubo más gimnasia de discusiones salariales y porque ya pasaron las elecciones. Los ministros de Trabajo y de Planificación también dieron su aprobación al intento de arreglo empresario-sindical.
La Unión Industrial tiene dos motivaciones para impulsar el convenio. La primera es que teme que se desate un proceso de fuertes reivindicaciones salariales que termine erosionando la rentabilidad obtenida desde la devaluación. Es decir, quiere proteger lo que ganó hasta ahora. Los empresarios consideran que éste es un buen momento para llegar a un primer acuerdo por seis meses porque la mayoría de los gremios fabriles acaba de arreglar sus salarios en negociaciones paritarias. Pero su objetivo de máxima es extender el mecanismo a dos años, con pactos que se revisan cada 180 días. La segunda motivación, en el corto plazo, es su inquietud por una eventual espiralización de la inflación.
Uno de los referentes de la central industrial, José de Mendiguren, indicó que “Lavagna nunca pensó que la herramienta (del pacto social) no era válida, sino que no era el momento” para aplicarla. Lingeri, por su parte, sostuvo que “éstos son los primeros esbozos para ir delineando un acuerdo que se irá plasmando en el tiempo” y no descartó que “el Consejo del Salario Mínimo sea el ámbito para llegar a un acuerdo social”. En ese caso, involucraría al resto de los sectores empresarios.