Los primeros rumores bastaron. A la tardecita, varios funcionarios se apresuraron para empezar con la mudanza. Se llevaban documentos de las oficinas mientras el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego confirmaba, por unanimidad, la suspensión por el término de 60 días del gobernador Jorge Colazo. La medida tendrá vigencia hasta que los siete legisladores locales concluyan el juicio político en marcha. Aunque en ese lapso pueden “restituir o destituir” a Colazo, en Tierra del Fuego, su visceral enfrentamiento con el vicegobernador Hugo Cóccaro, es probable que este sea el final del mandatario, quien también fue expulsado de la UCR, su partido original. Cóccaro, ayer entró en funciones. Y en medio de un revuelo emitió los tres primeros decretos.
Hasta que cayó en desgraciada era uno de los gobernadores que más proclamó su proximidad con el presidente Néstor Kirchner. A mediados de la década del ’80 dejó sus pagos cordobeses para abriurse espacio entre los fueguinos, con una casita del Instituto Provincial de la Vivienda en Río Grande. Carismático, especialmente querido entre los más pobres, en los ’90 se postuló como intendente por la UCR y tras la victoria volvió a apartarse de la política.
Como intendente acompañó a Menem y para el año 2000, Colazo ya había sido intendente dos veces, y también acompañó a Fernando de la Rúa como interventor del PAMI y de la Anses de Río Grande, para luego permanecer en el Senado. Entró a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego en mayo de 2003 para desplaxzar al gobernador ultramenemista Carlos Manfredotti con una alianza cercana al kirchnerismo, pero los tiempos de bonanza con el equipo y el vicegobernador justicialista Hugo Cóccaro se terminaron rápidamente.
Sobre aquel comienzo, a su vice siempre se lo oye contar cómo le costó seducir a Colazo para la fórmula. Lo que fuera que hizo, finalmente, resultó. Aunque la apuesta le salió algo chanfleada: seis meses después de que ambos llegaran a la Casa de Gobierno, Colazo desarmó el gabinete pactado con sun aliado y nombró a su gente. Hubo amenazas y aprietes denunciados públicamente por sus ex funcionarios.
El caso fueguino se disparó a nivel nacional en septiembre, cuando la Legislatura local, muchos de cuyos integrantes provienen del sector manfredotista del PJ, resolvió impulsar el juicio por presuntas irregularidades en la Cuenta General del Ejercicio 2004 y supuesta retención indebida de fondos a la ciudad de Río Grande. Una pieza clave del proceso fueron dos denuncias de un abogado de Río Grande, una de ellas por supuesto enriquecimiento ilícito. El abogado Jano de la Riva ayer relató ante la Sala Juzgadora de la Legislatura alguno de los fundamentos del pedido. Según el abogado, entre marzo de 2004 y julio de 2005 gobernador consiguió 1.400.000 dólares con los que compró una finca en Carlos Paz, otra en Río Grande y un Toyota, dos Cherokee, un Pathfinder y una Minicooper para uno de sus hijos.
Desde aquel mes de septiembre la provincia quedó sumergida en una novela de ficción a raíz de los enfrentamientos entre el gobiernador y su vice que funcionaba con un virtual gabinete paralelo. El artículo 118 de la Constitución provincial prevé que mientras el juicio político avanza el funcionario acusado debe ser “suspendido” en sus funciones. Una medida que Colazo no aceptó y que determinó la judicialización de su salida a través de una presentación impulsada por el vicegobernador ante el Superior Tribunal de Justicia.
Ese es el proceso que ayer terminó. Colazo había presentado dos recursos de amparo ante la Justicia de la isla para dejar sin efecto la suspensión ordenada por la Legislatura y para cuestionar la legitimidad del proyecto. El 12 de septiembre, con un polémico fallo dictado en tiempo récord, el Supremo Tribunal de Justicia aceptó sus reclamos y lo restituyó en su cargo. Pero además, le pidió a la Legislatura que vuelva a revisar los argumentos. Con la firma de los jueces Walter Tabarez Guerrero, Francisco de la Torre y Mario Arturo Robbio, ayer el Supremo Tribunal resolvió darle lugar a la decisión de la Legislatura y comunicarle a Colazo que “se encuentra suspendido en el cargo de gobernador, conforme lo resuelto por el órgano mencionado”.
Se supone que a partir de ahora, entonces, Colazo se alejará del gobierno. “No creemos que se resista”, evaluó anoche Enrique Vallejo, flamante coordinador de Gabinete de la nueva gestión. La nueva gestión llega con un gabinete que durante estos últimos meses funcionó como gobierno paralelo. “Llegamos para poner la casa en orden sobre la base de que existe un enorme desorden y caos administrativo” afirmó Vallejos. De todos modos, la situación en la isla difícilmente se apacigüe porque los ánimos están divididos.
En las puertas de la Legislatura se había reunido un grupo de simpatizantes para apoyar a Colazo, pero poco a poco se fueron retirando cuando llegó un grupo del sindicato de camioneros que respalda a Cócaro, el actual gobernador interino.