El ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, tendrá que explicar ante el juez federal Ariel Lijo cómo hizo para que su patrimonio trepara a cerca de 3 millones de dólares durante la década menemista. “Al momento de su designación como funcionario en el gobierno nacional” tenía “únicamente el inmueble ubicado en la calle Pasteur 629 de Martínez”, enfatiza la resolución que firmó ayer el magistrado, que lo intima a presentarse como máximo en diez días. Es un paso crucial en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario.
Lijo basó su decisión en un pedido de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) y del fiscal Federico Delgado, que calcularon que Kohan incrementó “sus activos casi en un 300 por ciento” y que no podría justificarlo con sus ingresos declarados. El juzgado sumó elementos de prueba y estima que sus bienes se multiplicaron unas diez veces desde 1989 hasta 2001. La causa también abarca a su esposa, Marta Franco, dueña de un Registro de la Propiedad Automotor. Ella aparece como titular de varios bienes y operaciones del matrimonio.
La resolución del juez detalla, tal como anticipó Página/12, que mientras Kohan tenía sólo un inmueble valuado en 155.000 dólares al asumir su primer cargo en el gobierno de Carlos Menem, al dejar la función pública definitivamente contaba con nueve propiedades, tres embarcaciones y cuatro autos costosos. Entre estos bienes figuran una casa de 1,4 millón de dólares en San Isidro, autos de 70 mil dólares y un barco valuado en 142.000. En otros rubros aparecen: un teléfono satelital de 12.100 dólares y 97 armas de fuego tasadas en 140 mil dólares.
Lijo advierte, además, que Kohan incumplió con la obligación de presentar las declaraciones juradas correspondientes a su primera etapa como funcionario, entre julio de 1989 hasta enero de 1991, cuando pasó tanto por la Secretaría General de la Presidencia como por el Ministerio de Salud y Acción Social. “Tampoco se cuenta con información”, dice, de las declaraciones de ganancias y bienes personales hasta 1994.
El informe de la FIA decía, en base a un análisis contable, que “la situación económica, patrimonial y financiera” de los Kohan “no cierra” y marcaba “inconsistencias”. Los investigadores sospechan incluso que las propiedades reconocidas por la pareja fueron declaradas por un valor menor al real. Por todo esto, la citación que le envió el juzgado dice que deberá dar una “justificación detallada” de su riqueza. Después podrían procesarlo. El enriquecimiento ilícito prevé de dos a seis años de cárcel.
Uno de los puntos más sensibles que deberá fundamentar Kohan es la compra de la mansión de San Isidro con dos préstamos. El peritaje de la FIA señalaba que parte de la cancelación de la deuda no fue declarada como consumo y que se dio como garantía de un préstamo de 450 mil dólares un inmueble de 180 mil. También le tocará hablar sobre honorarios de origen incierto, depósitos bancarios de procedencia desconocida e ingresos declarados superiores a los percibidos en los hechos. Otro tema en entredicho es el paso fugaz (un mes y medio) de Kohan por la firma Sabores SA, durante el cual registró varias operaciones millonarias como la compra de un inmueble en Puerto Madero.