El jueves, a poco menos de once meses de la tragedia de Cromañón, la Legislatura porteña votará si se abre el juicio político contra Aníbal Ibarra. Nada es certero en un Parlamento tan fragmentado, donde los bloques están en permanente vida magmática y muchos son microemprendimientos individuales. Pero los cálculos de todos los protagonistas coinciden en predecir que la Sala Acusadora del Parlamento unicameral no sumará los 30 votos necesarios para decretar el juzgamiento. El cómputo más consensuado alude a 26 votos acusatorios. Los votos absolutorios y las abstenciones (que se computan contra la apertura del juicio) serán menos pero bastarían para poner fin al proceso.
La circunstancia electoral (de la cual afortunadamente se despegó el desenlace) y la Cumbre de las Américas lo opacaron mediáticamente. Recuperará, posiblemente, centralidad en los días por venir. Lo hará por peso propio pero también porque un grupo importante de familiares de víctimas (de hecho el más importante) ha resuelto imprimir un giro a su actitud de los últimos meses y actuar con mucha energía a partir de mañana mismo. Los deudos que suelen reunirse en torno del abogado José Iglesias (quien representa en la querella penal a más de 30 familias) se han decidido a instar una breve campaña responsabilizando al gobierno nacional por lo que ellos consideran una injusta actitud de protección hacia el Jefe de Gobierno.
Es sabido que los familiares de las 194 víctimas fatales no integran un colectivo totalmente coherente en sus conductas públicas. Algunos han tenido, con el correr del tiempo, actitudes agresivas o violentas, que muchos otros no avalan. Entre las más recordables, dos agresiones físicas, una a Omar Chabán tras un escrache, otra a Estela Carlotto. Casi todos los restantes familiares, amén de deplorar estas prácticas, las consideran perjudiciales para los objetivos y la reputación del conjunto. Si bien han sido muy cautos por espíritu de cuerpo, las han cuestionado de modo público. De todos modos, no pudieron evitar del todo que el colectivo “familiares de las víctimas” se identificara a menudo, sobre todo en ciertos relatos de comunicadores, con sus emergentes más violentos.

Del diálogo a la bronca

Los deudos a que nos venimos refiriendo ciñeron su acción a los cauces institucionales, que incluyen el expediente penal y el juicio político. En aras de estos objetivos, viraron su crispación inicial contra el gobierno nacional a una tesitura en la que lo diferenciaban de Ibarra. El gobierno, a su vez, fue estableciendo lazos con los deudos, atendiendo parte de sus necesidades, intentando contenerlos y habilitando canales de diálogo. El más establecido era una reunión con el ministro del Interior, pautada ya en enero, para todos los lunes pasado el mediodía.
Los familiares confiaban en que los componentes del bloque de legisladores que responde al gobierno nacional serían facultados a votar a conciencia y que unos cuantos acompañarían la acusación. Según su relato, que varios compartieron con Página/12, una sucesión de gestos oficiales habilitaba esa conclusión, incluidas palabras del ministro del Interior y declaraciones públicas del jefe de Gabinete Alberto Fernández.
Las primeras acciones de Rafael Bielsa como candidato a diputado nacional alimentaron esa expectativa. El canciller participó (vía la presencia física de su esposa) en una conferencia de prensa de familiares con candidatos que impulsaban el juicio político. Y en un encuentro celebrado en su propia casa con deudos, sobre el que este diario informó en su momento, les comentó que propugnaba el voto de conciencia y que estaba convencido de que juicio político era “ineluctable”.
La participación, no avisada previamente, de Néstor Kirchner y Aníbal Fernández en una misa por los muertos celebrada en la Catedral fue leída como una suerte de promesa por los deudos.
La inminencia de la sesión del jueves 10 fue aclarando los términos posibles de la votación, que ya se reseñaron. A esta altura se da por hecho que ningún legislador kirchnerista aprobará la acusación aunque, ya se explicará, no todos votarán igual. Los familiares perciben que se ha producido un giro que atribuyen a directivas expresas de la Casa de Gobierno, “bajadas” por Alberto Fernández. En el decurso de los últimos meses, pari passu con ese cambio, su trato con el gobierno se enfrió. Los encuentros semanales en Interior se discontinuaron. Bielsa no insistió en Cromañón durante la campaña. Sus principales adversarios tampoco lo mentaron, tan es así que la tragedia ni fue nombrada en el debate televisivo entre el canciller, Elisa Carrió y Mauricio Macri.
Lógicamente, el núcleo del enojo de los deudos es el resultado anunciado de la votación parlamentaria. Pero, en su versión, las gotas que colmaron el vaso de su paciencia fueron una imagen que se difundió después del comicio, una foto en la que Kirchner, Aníbal Fernández e Ibarra se dejaban ver trasuntando amistad. También los enconó, refieren, que un par de altos funcionarios del gobierno les comentaran que su reclamo carecía de apoyo ciudadano, criterio que sustentaron aludiendo encuestas de opinión.
Por último, Miguel Talento, el legislador K en el que cifraban más esperanzas, emitió un dictamen personal. Afirma que hay nulidades absolutas que impiden que el juicio político avance, que sólo podrían repararse retrogradando los trámites. No es exactamente un voto por la absolución ni (a la luz de los números que se disponen) es un voto decisivo, pero lo que ellos interpretan como un cambio de actitud de Talento los enardeció. Tanto que el abogado Iglesias, su portavoz, que ha hecho un culto de la templanza, lo recriminó a los gritos en un encuentro casual.
Los familiares no comparten siquiera los sondeos que manejan el gobierno nacional y el de la ciudad. Prefieren creer en uno del consultor Carlos Fara, cuyos datos proponen que una proporción alta de los porteños considera que Cromañón era (para las elecciones) un tema importante y tenían buen nivel de identificación con los deudos.
Así las cosas, los familiares piensan lanzar una campaña que se desplegará entre mañana y el miércoles, acusando directamente al gobierno nacional de proteger injustamente a Ibarra. Si no desisten a último momento, algo altamente improbable, mañana mismo comenzará la colocación de afiches en la ciudad. Uno de esos afiches (que ilustra esta nota) traduce en términos políticos la foto de Kirchner, Fernández e Ibarra mencionada líneas más arriba. El miércoles habrá una conferencia de prensa. Aseguran que enfilarán con denuncias concretas contra varios funcionarios del gobierno.

El contexto

Es difícil predecir qué impacto producirá la movida en el escenario porteño. Como de algún modo ya se dijo, las dos principales fuerzas opositoras del distrito (el ARI y PRO) que instan el juicio político han desatendido el tópico como tema de campaña. Macri, que protagonizó una visible ofensiva contra Ibarra en 2005, percibió que eso perjudicaba su imagen pública. Sus asesores, el ecuatoriano Jaime Durán Barbas a la cabeza, le dijeron que lo evitara durante la campaña. El empresario, que se apega mucho a los consejos de sus asesores, le hizo caso a pies juntillas. Queda por verse qué piensa ya pasadas las elecciones, estando revalidado electoralmente y con un bloque muy fuerte en la Legislatura a partir de diciembre.
Otro tanto puede decirse de Carrió, quien preconizó no mezclar cuestiones institucionales con campaña y honró su promesa. Su bloque de legisladores será mucho más importante en el próximo mandato. La perspectiva de acciones conjuntas entre la líder del ARI y el de Pro, que hubieran sonado a disparate hace unos meses, no parecen tan exóticas hoy, después de las flores que se arrojaron durante la campaña.
Pero cualquier hipótesis actual sería una mera especulación.

Verdad y justicia

“En Atocha murieron tantas personas como en Cromañón, y allá se cargaron un gobierno. Acá ni siquiera se juzga a un jefe comunal”, compara, se indignan los familiares. Las comparaciones son complejas y siempre discrecionales, pero dan cuenta de la desolación que trasuntan los protagonistas. Comparada con otras grandes tragedias con posible responsabilidad estatal, la de Cromañón dista de ser la más impune. A menos de un año, el juicio político llega a su culminación, tras un procedimiento no demasiado lucido (muchas veces torpe y descomedido) pero no demasiado objetable en lo formal.
El expediente criminal avanza. Hay identificados posibles responsables y varios procesados. La Cámara Penal ha prefigurado la posibilidad de que el trámite se abra en dos juicios orales. Uno para los implicados directos (Chabán y su personal, Callejeros) y otro para los funcionarios. Si el juez Julio Lucini aceptara ese criterio, el primer tramo podría pasar a juicio oral en 2006, un plazo razonable en la Argentina, máxime en una causa con tantas partes. En verdad, parece que el funcionario no está dispuesto a seguir ese camino, lo que postergaría algo la elevación. Lucini también tiene in pectore la decisión a tomar respecto de Ibarra, en Tribunales se da por hecho que la dará a conocer una vez que se sepa qué pasa con el juicio político.
Los familiares, aun los más transigentes, sólo aceptan una respuesta de la Legislatura y la administración de justicia. En eso, todos son uno. Puestos a actuar, no lo son. Tanto que integrantes del sector más moderado e institucional avizoran que su unidad, cada vez más formal, sólo pervivirá hasta que se cumpla el primer aniversario de la tragedia, el 30 de diciembre. “Para entonces nos vamos a dividir, como Memoria Activa y los familiares de víctimas de la AMIA”, especula, quizá anuncia, uno de los deudos más afines al sector de Iglesias. Es de desear que, más allá de sus percepciones subjetivas, no terminen tan desposeídos como tantos otros argentinos que reclaman verdad y justicia.