Un clásico de fin de año son los rumores de blanqueo de ciertos empleados en el Congreso. La versión que recogió este diario indica que habría intención de pasar a planta permanente a un grupo de “ñoquis” de diferentes partidos antes de que finalice el actual período legislativo. Con esta información, el oficialismo en la Cámara baja prendió las alarmas, mientras que las autoridades de Diputados admitieron que existen negociaciones con el sindicato que los nuclea, aunque le quitaron toda connotación política.
“Como otros años, estamos discutiendo con el sindicato el pase a planta permanente del personal que está en condiciones de hacerlo, es un reclamo gremial y de ninguna manera tiene otro significado”, afirmó el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, consultado por la agencia DyN. Camaño se reunió la semana pasada con Norberto Di Próspero, titular de la Asociación de Empleados Legislativos (APL), y lo volvería a hacer esta semana. Sin embargo, desde la APL indicaron que “sólo se trata de rumores, no hay nada concreto”.
En cualquier caso, la preocupación también recorre el entorno del diputado electo Alberto Balestrini, uno de los favoritos para suceder a Camaño. El dato que les llegó a sus hombres es que entre los posibles blanqueados hay empleados que responden al duhaldismo y también algunos de partidos opositores, a partir de un acuerdo al que habrían llegado las actuales autoridades de diferentes bancadas y el gremio de los legislativos. Se trataría de efectivizar a gente contratada con cargos políticos antes de que asuman las nuevas conducciones. “No hay nada de eso”, respondieron airados desde la presidencia de la Cámara.
“Si se pasa personal de planta transitoria a permanente debe ser después de la asunción de las nuevas autoridades, no acompañamos que la decisión la tome (Eduardo) Camaño”, advirtió el diputado kirchnerista Juan Manuel Irrazábal, flamante secretario parlamentario de la mesa de conducción del bloque justicialista. El misionero consideró que si la APL concreta la movida ahora podría ser responsable de una hipotética anulación de los nombramientos por parte de las nuevas autoridades, lo cual ya ocurrió cuando cambió el gobierno de Carlos Menem a manos de la Alianza.