“Si hoy matan a un jubilado por cien pesos ¿cómo no vamos a tener miedo?”, se quejó el juez Claudio Kiper. “No quiero exponerme a ser extorsionada por las partes de un juicio”, dijo otra jueza, Victoria Pérez Tognola. “En la Justicia no hay corrupción”, defendió el salteño Abel Cornejo. Con argumentos variados, los jueces renovaron su resistencia a hacer público su patrimonio, pese a que lo exige la Ley de Etica Pública. Fue ayer, durante un plenario del Consejo de la Magistratura en el que se debatió un nuevo sistema de publicidad de sus declaraciones juradas. El proyecto que cosecha más apoyos no prevé un libre acceso de los ciudadanos a los datos de Sus Señorías. La votación fue postergada.
Con el régimen actual, los jueces deben entregar una vez al año su declaración jurada de bienes a la administración de la Corte Suprema, pero el acceso del público para conocerlas no está garantizado. Ninguna ONG logró verlas y reclaman ante la Justicia por eso. El Consejo, cuando vote nuevas reglas, pasará a custodiar las presentaciones patrimoniales de los jueces inferiores. La Corte sólo guardará las propias.
Hay dos proyectos en pugna. Uno, de la Comisión de Reglamentación, propone un trámite de múltiples pasos. Incluye seis notificaciones –una de ellas al juez, que puede oponerse–, contempla el rechazo del pedido de una declaración jurada y puede demorar un mes. El otro, que impulsa la diputada Marcela Rodríguez (ARI), sostiene que las declaraciones se deben entregar a quien las pida en 72 horas, sin obstáculos, como lo hace la Oficina Anticorrupción (OA) con las de los funcionarios nacionales. El dictamen también plantea que se controle si los jueces cumplen con su presentación anual y que se publique la lista de incumplidores. En ambas propuestas quedarían preservados datos sensibles sobre los bienes como domicilio, patentes y números de cuentas bancarias.
–Ustedes están intentando cambiar algo para no cambiar nada –exclamó Rodríguez al abrir la sesión, en alusión al borrador mayoritario. Para rebatir a quienes dicen sentirse expuestos a la inseguridad, señaló que la OA recibe 28 mil declaraciones juradas al año y nunca hubo problemas.
–En la Constitución no está el derecho natural a conocer el patrimonio del otro pero sí el derecho a la privacidad –se defendió Kiper, camarista civil, representante de los jueces en el Consejo. Kiper dijo que tiene temor desde que se difundió que tenía 200 mil dólares en el banco, cuando obtuvo el primer amparo de la Corte contra el corralito. Habló de que los jueces lograron un buen nivel de vida en los noventa y que “puede ser mal visto” mostrar lo que tienen. “Yo no conozco el patrimonio de mi hermano”, comentó. “También podemos ser objeto de burla”, sorprendió.
El juez Cornejo se alineó con Kiper en una idea: “Las declaraciones juradas no sirven para atacar la corrupción”. Quien tiene algo que ocultar, razonaron, usa un testaferro. Igual aclararon que creen que no hay corrupción en la Justicia. Cornejo dijo que los jueces ya cumplen con presentar su manifestación patrimonial. Sin embargo, entre los consejeros circulaba una nota de reclamo de la administración a los incumplidores.
La jueza Pérez Tognola continuó: “Yo quiero saber quién pide mi declaración jurada”. Luego advirtió que la información “puede usarse como presión para perjudicar nuestro buen nombre y honor”. Rodríguez retrucó: “El que se siente extorsionado es el que tiene algo que ocultar”. “Los jueces deben cumplir con la Ley de Etica, no tienen más privilegios que otros funcionarios”, insistió. El senador Jorge Yoma recordó que en la Cámara alta, para cumplir con la ley una vez al año, se abren públicamente las declaraciones de bienes. El académico Humberto Quiroga Lavié alentó auditorías periódicas, por sorteo, sobre el patrimonio de los jueces.
“Hace dos años que se discute todo esto”, protestó el abogado Beinusz Szmukler. “Tener la declaración jurada de alguien no hace falta para cometer un secuestro”, dijo. Propuso, para saldar el debate, que los magistrados declaren una cifra global y que la muestren en Internet. En el plenario estuvo Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales alertó en una nota que el proyecto mayoritario “no satisface los estándares de acceso a la información pública ni de transparencia y podría ser declarado inconstitucional”. Es contrario a la ley y a la Convención contra la Corrupción. La votación sería en la próxima reunión del cuerpo.