Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

La Cámara Federal de Córdoba ratificó la inconstitucionalidad del indulto que benefició a Luciano Benjamín Menéndez. En este caso lo hizo al fallar en una causa en la que se investiga el asesinato en 1976 de treinta personas alojadas en la Penitenciaría de San Martín y en la D2 de Inteligencia de la Policía, ambas en esta capital. La importancia de la resolución radica en que la mayoría de las víctimas fue detenida antes del golpe del 24 de marzo y estaba procesada por jueces federales o a disposición del PEN.
Ahora, sin amparo legal, Menéndez podría ser llevado a juicio oral y público junto a otros represores. Los camaristas Humberto Aliaga Yofre, Gustavo Becerra Ferrer, Alejandro Mosquera, Ignacio Vélez Funes y el juez federal Ricardo Bustos Fierro aplicaron los mismos lineamientos jurídicos que hace quince días, cuando dictaron la inconstitucionalidad del Indulto en otra investigación –que reúne más de 450 casos– contra Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979.
“Esta es una de las causas en el país con más elementos probatorios. Además de Menéndez, que fue el máximo responsable militar y el que dio la orden de matar a estas treinta personas, están implicados magistrados, fiscales, abogados defensores, secretarios judiciales, médicos y demás personas pertenecientes al Estado de aquellos años, algunos de los cuales siguen ejerciendo su función al día de hoy”, dijo a Página/12 Rubén Arroyo, quien junto a María Elba Martínez es uno de los abogados querellantes.
Esta investigación abarca los asesinatos, a manos de militares y policías, de treinta presos políticos llevados a cabo entre el 28 de abril y el 11 de octubre de 1976. Casi todos habían sido detenidos antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y la mayoría se encontraba procesada por la Justicia federal cordobesa y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Sin embargo, durante siete años, hasta el 16 de marzo de 1983, cuando el ex preso político Fermín Rivera denuncia los asesinatos ante la Justicia federal, ningún funcionario judicial investigó las muertes, dando como veraces los comunicados de Menéndez, que decían que los presos habían muerto aplicándose la famosa ‘Ley de fugas’–, metodología criminal por la cual las Fuerzas Armadas justificaban ante la sociedad sus crímenes”, sostuvo Arroyo.
El primer crimen se cometió contra tres personas en la D2 de Inteligencia de la Policía de Córdoba, mientras que otros dos sucedieron dentro de la Penitenciaría. Los veinticinco restantes se llevaron a cabo en supuestos “traslados” de prisioneros, algunos de los cuales ocurrieron a cuadras del penal de San Martín. Los casos más recordados son los de René Moukarzel, estaqueado un día entero en el patio de la Penitenciaría, y el de Raúl Augusto Bauducco, fusilado dentro de la cárcel y ante mas de sesenta testigos por el cabo Miguel Pérez, quien reconoció su autoría años atrás.
“Todos los casos fueron comunicados a los jueces Adolfo Zamboni Ledesma y Miguel Angel Puga, quienes corrieron vista a los fiscales que, en vez de investigar, decidieron sobreseer las causas por muerte de los acusados”, denunció Arroyo.