La acalorada polémica por el documento de los obispos volvió a cruzar voces del oficialismo, de organismos de derechos humanos y de la Iglesia que ayer intentó bajarles el tono a las repercusiones del mensaje difundido el sábado, al término de la 90 Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. Varios referentes católicos repitieron a lo largo del día que, con el documento, la Iglesia “no le echa la culpa al Gobierno” sobre el aumento de la desigualdad, dado que se “trata de un proceso de larga data”. Los mismos voceros calificaron, sin embargo, de “abusiva” la lectura del Gobierno sobre la “recreación de la teoría de los dos demonios” en la interpretación del clero sobre la década del ’70. En el arco oficial, en tanto, no hubo nuevos pronunciamientos, pero los piqueteros kirchneristas redoblaron las críticas: Luis D’Elía reclamó “vergüenza y memoria” a los obispos.
El documento de los obispos tiene la impronta del vehemente Carmelo Giaquinta. El obispo de Resistencia, que días atrás llamó a una “insurrección civil” ante la eventual aprobación de la ley de educación sexual, estuvo a cargo de la redacción del documento. En el mes de agosto, el pleno de los obispos encargó a la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, a cargo de Giaquinta, la elaboración del documento de Pilar, el primero pronunciado por la conducción de la Iglesia Católica desde la asunción de Néstor Kirchner. Aunque el texto completo estuvo listo el lunes de la semana pasada, cuando comenzaba la asamblea y fue sometido a correcciones y discusiones –incluso el párrafo dedicado a la dictadura militar–, terminó aprobado por los cien obispos reunidos en Pilar.
Aunque no hizo ninguna declaración oficial sobre el contenido del documento, el Gobierno se pronunció el domingo a través de su jefe de Gabinete. En un alto durante el “retiro” de El Calafate, Alberto Fernández criticó en primer término la denuncia de la Iglesia sobre el aumento de la desigualdad porque, dijo, “no se corresponde con la realidad”. Y cuestionó la “poco feliz” interpretación sobre la dictadura militar que le pareció “una recreación” de “la teoría de los dos demonios”.
Requeridos por distintos medios, a lo largo del día de ayer, una larga lista de obispos de todo el país salieron a responderle. En general sostuvieron la posición del documento, pero le bajaron el tono a la interpretación sobre los datos de la “conflictividad social” y el aumento de la pobreza y, en diálogo con Página/12 Jorge Lozano, obispo auxiliar de Buenos Aires, reconoció –por primera vez– que “puede ser que la afirmación (sobre el terrorismo de Estado) no sea todo lo que uno espera o espera el Gobierno; eso es posible”. Pero la interpretación de Alberto Fernández, dijo, sobre la “recreación” de parte de la Iglesia de la “teoría de los dos demonios” “me parece que es abusiva”.
En tanto, el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto –actual presidente de la Pastoral Social– reconoció que se ha superado en “gran parte la pobreza, pero también reconocemos que faltan muchas cosas”. Y en defensa del documento, dijo, “queremos conservar la libertad de decir lo que pensamos”. En esa línea, se pronunció también el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, y el vocero de la Conferencia Episcopal, Jorge Oesterheld. Explicó que “no es algo que está dirigido al Gobierno, ni se le echa la culpa al Gobierno”, sino que la desigualdad social “es una cuestión que ocurre a nivel mundial”.
En el arco contrario, se instaló el obispo emérito Justo Laguna, ya fuera de servicio. Fue el único que pronunció cierta disidencia más clara sobre la advertencia del documento referida a los “peligrosos enfrentamientos sociales”. “Yo no hubiera dicho lo de la explosión social”, dijo. Y agregó: “El mérito que tiene Kirchner es que ha tratado de que no haya represión sangrienta”. Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, criticó la evaluación de la Iglesia y desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini la calificó de “hipócrita”.