La Corte Suprema, integrada por conjueces pero presidida por Carmen Argibay, tiene la oportunidad de revisar el régimen de privilegio que exime a los jueces de pagar el impuesto a las Ganancias. El tribunal empezó a discutir ayer el planteo de un juez de San Juan que reclama que se le siga reconociendo el beneficio aunque se haya jubilado. A este expediente se sumarían otros dos. El fallo, que se firmaría a fin de mes, podría aludir también a los magistrados en actividad.
Los jueces federales de todo el país están eximidos de pagar Ganancias gracias a una acordada de la Corte del menemismo, que en 1996 declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de ese impuesto a los funcionarios judiciales, por considerar que viola la intangibilidad de sus salarios. La disposición hacía extensiva esa prerrogativa a los jueces jubilados. La situación es disímil en las provincias, ya que cada una tiene sus normas.
Cuando Enrique Petracchi asumió la presidencia de la nueva Corte, algunas conversaciones internas hacían pensar que derogarían la vieja resolución. Petracchi, de hecho, no la había firmado por considerar que debía basarse en un caso concreto, algo que no ocurría. La Corte tiene ahora al menos tres expedientes sobre el tema. Los cuatro supremos nombrados por Néstor Kirchner se pronunciaron a favor de que los jueces tributen Ganancias durante la audiencia pública en el Senado, antes de asumir. Sin embargo, la única integrante de toda la Corte que aceptó intervenir en los casos en trámite fue Argibay. El resto se excusó por razones de decoro. Entonces fueron convocados los presidentes de las cámaras federales pero, como no todos aceptaron, llamaron conjueces de una lista de abogados prevista para estos casos. Quedaron: el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, los juristas Alberto García Lema y Héctor Méndez y los camaristas Leopoldo Schiffrin, Jorge Ferro, Gabriel Chausovsky, Juan Carlos Poclava La Fuente y Carlos Pereyra González.
Con Argibay a la cabeza, el tribunal suplente comenzó a debatir ayer el pedido de un juez sanjuanino que quiere que la ANSeS le devuelva lo que le descontó por Ganancias y que abre varios debates cruzados. Un dilema es si la exención impositiva rige de igual modo para los jueces en actividad y para los jubilados. Otro se refiere a si la jurisprudencia de la Corte que se utiliza a nivel nacional corresponde también a las provincias. Y los conjueces podrían también analizar qué validez la dan a la antigua acordada cortesana que mantuvo a los magistrados a salvo del tributo.
“Que los jueces paguen Ganancias, como todos los ciudadanos, es una reforma necesaria para transformar la Justicia y que recupere la confianza de la sociedad. La Corte tiene ahora una gran ocasión para dar un mensaje contundente”, dijo Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las ONGs autoras del documento “Una Corte para la Democracia” que históricamente le reclama que el alto tribunal que anule la excepción de los tiempos de Julio Nazareno. Esta semana reiterarán su pedido. También le solicitarán a Kirchner, al Palacio de Hacienda y a Diputados que tomen medidas para que la ley de impuesto a las Ganancias se aplique a todo el mundo por igual.
Según la oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía, por la exención impositiva a los funcionarios judiciales se dejaron de recaudar 82 millones de pesos y este año 94,3 millones. En 2006 serán 100 millones. Los conjueces también podrían resolver demandas presentadas por estados provinciales al encontrarse con que la AFIP pide que sus respectivos poderes judiciales le hagan la retención de Ganancias a los jueces. A fin de mes se volverán a reunir. Allí se definiría qué predisposición tienen a desafiar los intereses de la corporación.