Aníbal Ibarra no descarta ninguna alternativa para defenderse de la acusación de mal desempeño de sus funciones por la cual fue suspendido para ser sometido a juicio político y una de las posibilidades que mantiene al alcance de su mano es la de recurrir a la Justicia. A lo largo del proceso que le abrió la Legislatura, su defensa dejó en claro en más de una ocasión que se reservaba el derecho de trasladar sus quejas a los tribunales y el propio jefe de Gobierno volvió ayer sobre ese asunto: remarcó la irregularidad que representa que la Sala Juzgadora que decidirá si debe ser destituido o repuesto en su cargo no tenga un reglamento definido de antemano y anticipó que jugará su carta judicial si considera que los legisladores lo redactan uno con el propósito de perjudicarlo.
Una de las aristas de la estrategia que Ibarra se trazó con el propósito de recuperar su puesto es la jurídica. Las otras son la gestión, la política y el afianzamiento del vínculo con la sociedad.
Para estrechar los lazos con vecinos que por estos días llaman a las radios para manifestarle su respaldo y que le envían mensajes de apoyo a la Jefatura de Gobierno, empezará hoy mismo un raid que con el paso de los días lo llevará por distintos barrios de la ciudad. Ese recorrido arrancará esta tarde a las cuatro en La Paternal, donde visitará un centro de jubilados. Hasta allí llegará con el objetivo de dialogar, manejando su propio auto, no sólo como un gesto deliberado, sino también porque a partir de su suspensión no desocupó su despacho, pero sí dejó de utilizar el vehículo oficial.
La visita a ese barrio porteño terminó de definirse al cabo de las reuniones que Ibarra mantuvo con diversos colaboradores para analizar los pasos a seguir. En ese marco, consideró también compartir un acto hoy en Puerto Madero junto a los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Educación, Daniel Filmus. A última hora de anoche, su presencia en esa actividad no estaba confirmada.
Instalado en la sede de la Fundación de Políticas Públicas que lanzó hace poco más de un año, Ibarra se reunió, además, con legisladores afines para analizar la situación en la Legislatura. Al mediodía hizo un alto para almorzar con su hermano Rubén, de cumpleaños. Entre otros familiares y allegados, también estuvo en la mesa su hermana Vilma. Al margen de la celebración, las consideraciones políticas fueron inevitables.
Ibarra también batalló en los medios. Insistió con que enfrenta una “parodia de juicio”, que las imputaciones que le hacen son imprecisas y que sólo persiguen su destitución y volvió a acusar a Mauricio Macri de buscar una “revancha política”. “Napoleón no ganaba las batallas sólo con franceses”, dijo para desacreditar la réplica del empresario de que menos de la mitad de los legisladores que aprobaron su juicio político son del macrismo.
La novedad fue que Ibarra puso mayor énfasis al hablar de la posibilidad de recurrir a la Justicia. En diálogo con el programa Aire comprimido, de Rock & Pop, remarcó que el hecho de que la Sala Juzgadora no tuviera aún reglamento daba pie a la redacción de uno con la finalidad expresa de perjudicarlo y que de ser así, haría un reclamo judicial. “Es una alternativa clara a jugar cuando lo consideremos necesario”, confirmó después a Página/12 un alto funcionario de su gobierno.
Su defensa planteó en el proceso que viene tramitando la Legislatura la reserva de la vía judicial; esto es, recurrir en algún momento en queja a los tribunales. Los abogados de Ibarra tomaron ese recaudo frente al rechazo de las distintas nulidades y recusaciones que plantearon.
Hay un antecedente que los asesores jurídicos de Ibarra tienen en cuenta. Meses atrás, la Legislatura abrió un proceso de juicio político a cinco integrantes del Consejo de la Magistratura que no prosperó y Diego May Zubiría –uno de los acusados– cuestionó ante el Superior Tribunal de Justicia porteño que la Sala Acusadora hubiese redactado su reglamento enpleno proceso. El fiscal José Luis Mandalunis dictaminó que la Justicia debía intervenir recién cuando se veía vulnerado algún derecho y el Superior Tribunal no se pronunció porque, además, el juicio quedó en nada.
Hasta el momento, Ibarra no apeló a la Justicia porque sus asesores presumían que la respuesta sería la misma, pero ahora entienden que ya hay un derecho afectado porque fue suspendido. La vía judicial presenta, de todos modos, un dilema de hierro: prolongaría el proceso en el tiempo lo cual colisiona con su deseo de acelerar los plazos para volver a su cargo a la mayor brevedad posible.