El ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que los manifestantes que agredan físicamente a un policía u otro efectivo de seguridad “tienen que ir presos” y negó que la decisión apunte a judicializar la protesta social. A través de la resolución 2021 –publicada en el Boletín Oficial– Fernández instruyó a los titulares de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeronáutica para que denuncien penalmente a quienes se resistan a la autoridad y agredan o lesionen al personal uniformado durante el ejercicio de sus funciones. Aunque nadie lo admite, la medida apunta a zanjar las diferencias entre las denuncias públicas, que incluso realizó el propio ministro ante hechos de “violencia política”, y las decisiones judiciales que no las contemplaron.
“No, usted agrede y tiene que ir preso, listo, no discutamos más”, fue la escueta y cortante respuesta de Fernández a los periodistas que lo consultaron si la medida no era una forma de judicializar la protesta social. “Ahora –agregó el ministro– si usted va y protesta y no agrede físicamente al funcionario policial que es el que está conteniendo la situación, por qué tiene que estar involucrado en un hecho policial.”
Fernández argumentó que “desde el primer momento que me hice cargo de las fuerzas de seguridad insistí y recalqué que tenían que prepararse para contener los problemas sociales y no para reprimirlos, y lo hemos conseguido, lo pueden ver”. Y justificó la decisión al afirmar que “hoy se puede presentar un profesional sin casco, sin tonfa, sin bastón y sin ropa adecuada ni escudo para contener una situación de esa característica”.
Aunque la actitud de las fuerzas de seguridad ante la “protesta social” es el fundamento central de la resolución. “Resulta de público conocimiento la política adoptada por el gobierno nacional en la materia, en el sentido de mantener el delicado pero necesario equilibrio entre la ‘protesta social’ y los derechos del resto de la ciudadanía”, dice su texto. Fernández también se refirió concretamente a las agresiones: “Cuando el personal policial, que no solamente tiene que tener coraje sino preparación, es agredido, no estamos dispuestos a soportarlo más, hay que denunciarlo penalmente y los responsables pagar por ello”, ratificó.
Aunque nadie en el ministerio lo admite, las instrucciones impartidas a las fuerzas de seguridad para que ellas mismas realicen las denuncias penales –con el apoyo la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera política–, están vinculadas a divergencias con la Justicia. A pesar de las denuncias públicas hechas por funcionarios políticos, jueces y fiscales liberaron a los detenidos por los hechos de violencia que se produjeron en Mar del Plata y Buenos Aires en medio de las protestas contra la visita de George W. Bush, y sólo quedan algunos demorados por los incidentes en las estación ferroviaria de Haedo, aunque por delitos menores y excarcelables. Desde la Justicia se justifican afirmando que nunca se presentaron las pruebas para demostrar esas denuncias.