Tras reunirse con el presidente Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno, el ministro de Educación, Daniel Filmus, anunció que en cumplimiento de la Ley de Educación Técnica, el año próximo “se destinará un presupuesto de 260 millones de pesos para el financiamiento de los establecimientos y los programas de educación técnico-profesional”. El contraste es notorio si se tiene en cuenta que este año desde la Nación se destinaron a la enseñanza técnica 17 millones de pesos y en el 2004 se habían invertido 12,7 millones de pesos.
La Ley de Educación Técnico Profesional, promulgada a fines de septiembre, establece la creación de un Fondo Nacional de Financiamiento, cuyo monto anual no podrá ser inferior al 0,2 por ciento del total de los Ingresos Corrientes del sector público.
Filmus señaló que del presupuesto total previsto para el 2006, un total de 150 millones de pesos se destinarán a equipamiento de talleres en establecimientos de nivel medio y superior no universitario, además de instituciones de formación profesional; 40 millones de pesos al acondicionamiento edilicio; 16 millones para garantizar las condiciones de seguridad e higiene; y 12 millones para bibliotecas técnicas y conectividad informática. Para financiar unas 20 mil becas de 100 pesos mensuales y proyectos habrá un presupuesto de 18 millones de pesos y para la formación de los docentes otros 15 millones. También se invertirán 9 millones de pesos para desarrollar acciones que vinculen las instituciones educativas con centros científicos tecnológicos, empresas y otras organizaciones del sector socio-productivo.
Acompañado por el viceministro Alberto Sileoni y la directora del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet), María Rosa Almandoz, Filmus destacó que “los recursos se enviarán a cada una de las escuelas luego de que éstas elaboren su propio proyecto, que deberá ser aprobado en las respectivas provincias”. “Queremos que el país vuelva a tener técnicos con una sólida formación como un elemento central del modelo productivo”, sostuvo.
La ley está destinada a regular la educación de gestión estatal y privada que se imparte en 1400 escuelas técnicas, agrotécnicas y de servicios de nivel medio, 800 institutos técnicos de nivel superior, así como 2000 centros de formación. La norma cubre el vacío legal dejado por la Ley Federal de Educación que obvió la enseñanza técnica y sus efectos impactarán sobre los 900 mil alumnos que actualmente cursan talleres y laboratorios.