Siete manifestantes de la marcha contra Bush en Buenos Aires fueron procesados por daños, intimidación pública y lesiones, acusados de haber cometido los destrozos en varios bancos y locales de comidas rápidas en la zona de la Plaza de Mayo. El juez federal Jorge Ballestero, quien dictó la medida, les fijó además un embargo de 5 mil pesos a cada uno.
En su resolución, Ballestero consideró que los imputados tuvieron “en todo momento una actitud agresiva”, arrojando piedras “contra los comercios y los policías”. Los delitos por los que fueron acusados son excarcelables, por lo cual quedaron en libertad bajo palabra.
Los disturbios ocurrieron el viernes 4 de noviembre, cuando organizaciones sindicales, piqueteros y partidos de izquierda marcharon desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para repudiar la presencia de Bush en la Argentina, por la Cumbre de las Américas.
Cuando la movilización terminaba, luego de quemar banderas norteamericanas, un grupo de manifestantes rompió el McDonald’s y la sucursal del banco HSBC sobre la Avenida de Mayo. También sobre la calle Florida fueron rotos un Burger King y el BankBoston y varias cabinas telefónicas.
Aunque se identificó a los detenidos como de la organización Quebracho, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), aclaró que sólo tres de los procesados son de esa agrupación. Entre los imputados hay también integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez-Coordinadora de Unidad Barrial (MTR-Cuba) y otros manifestantes sin ninguna filiación política.
Verdú anticipó que apelarán el fallo de Ballestero. “El juez sostuvo la acusación sólo con declaraciones de los policías, sin otras pruebas. Una de las personas procesadas, por ejemplo, es un señor de bastante edad del Movimiento de Renovación Sindical que aparece señalado como dirigente de Quebracho. Lo acusan de haberle pegado patadas y palazos a un subcomisario, cuando tiene una discapacidad por la cual lo conocen como el rengo. De hecho, él nos cuenta que lo metieron preso porque no puede correr y la policía lo alcanzó.”
Para Ballestero, sin embargo, está “acreditado con el grado de certeza que requiere el dictado del auto de procesamiento que todos los imputados en la causa ejecutaron acciones que produjeron daños, ya sea en el local de McDonald’s o en el de Burger King”.
Los procesamientos incluyen la imputación del delito de lesiones contra los policías (según informó aquel día la Federal, hubo ocho policías golpeados). La decisión judicial está en sintonía con la reciente orden del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad para que denuncien penalmente a quienes se resistan a la autoridad o agredan a personal uniformado.
Aunque nadie lo admite oficialmente, aquella instrucción surgió por la molestia del Gobierno ante la decisión de la Justicia de liberar a los manifestantes detenidos por los destrozos que se produjeron en Buenos Aires y Mar del Plata en las protestas contra Bush y los incidentes en la estación ferroviaria de Haedo, hecho por el que sólo quedan algunos demorados.
Los jueces habían planteado, a su vez, que nunca se presentaron pruebas para acusar a los detenidos, quienes en general habrían sido arrestados por la policía después de terminados los disturbios, por la necesidad de mostrar control sobre la situación.