La salida de Top Air Security (TAS) del aeropuerto de Ezeiza puede convertirse en cuestión de Estado. Tras la publicación de la resolución 261/05 en el Boletín Oficial, la jefatura de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) recibió quejas no oficiales pero quejas al fin de la Embajada de Estados Unidos. Según el jefe de la intervención de la PSA, Marcelo Saín, las “presiones” comenzaron en marzo, cuando su gestión decidió avanzar con las primeras medidas contra TAS. “En nombre de intereses comerciales –dijo Saín a Página/12– me piden que yo sostenga un acuerdo con el remanente de las empresas de (Alfredo) Yabrán.”
La saga de la empresa de seguridad vinculada con un grupo de marinos de la ESMA puede terminar con un conflicto diplomático. Tras un año de investigaciones, reclamos y suspensiones, Marcelo Saín decidió sacar a TAS definitivamente de los aeropuertos de jurisdicción de la PSA. Tal como señaló este diario en su edición de ayer, el último 15 de noviembre vencía la habilitación de TAS para poder operar en el aeropuerto. Desde 1994 la empresa conseguía la renovación ininterrumpida año tras año de su contrato de parte de la Fuerza Aérea. Este año, Saín suspendió dos de sus servicios en marzo y ahora el 15 de noviembre no renovó la habilitación de la compañía por primera vez en diez años.
La medida provocó distinto tipo de presiones. Entre ellas, el funcionario denunció lobbies empresarios, pero ayer se refirió especialmente al frente diplomático. Aunque señaló a distintos representantes de las agencias de seguridad norteamericanas, se refirió especialmente a los contactos habituales de su área con miembros de la Agencia norteamericana para la Seguridad de Trasporte (TSA), uno de los sectores sensibles de la Embajada de Estados Unidos, creado después de los atentados del 11 de septiembre.
“Recibimos presiones y críticas por la forma que hemos decidido sacar a TAS del aeropuerto”, sostiene Saín. Las primeras quejas comenzaron a llegar a la jefatura de la PSA a partir del lejano mes de marzo. La TSA se “puso quisquillosa”, dice Saín, que recuerda entre los principales reclamos un pedido insistente de “más tiempo para acomodar los contratos de las empresas”. Hace una semana, tras la última resolución del jefe de la intervención, la TSA volvió a repetir el pedido ante sus subinterventores. “Desde marzo estamos con esto –protesta el funcionario– y todavía me piden tiempo cuando lo que está en juego son cuestiones de seguridad.”
Por eso, Saín habló también de “paradojas” antes de repasar detalles de los acontecimientos que se sucedieron en los últimos meses. “Para pedirnos por TAS invocaron intereses de las empresas privadas, pero no puede haber intereses de empresas aerocomerciales cuando lo que está en juego es la seguridad.” En ese contexto subrayó el significado simbólico de lo que Estados Unidos exige: “Quieren que mantenga una asociación con el remanente de las empresas de Yabrán”.
Yabrán murió hace años. TAS se quedó en Ezeiza sin su amparo y creció hasta quedarse con el 70 por ciento del mercado. Una de las hipótesis de Saín es que la empresa logró su permanencia y parte de su crecimiento a partir de una política de bajos costos sostenida en una estructura deficitaria en capacitación, inversiones y renovación tecnológica. Pero la hipótesis se modifica cuando pone en juego las presiones de los sectores que impulsan la permanencia de TAS, como los pedidos que hicieron empresas aerocomerciales de primera línea o integrantes de la embajada norteamericana. “Muerto Yabrán –dice Saín–, uno se pregunta realmente cómo hicieron para quedarse con el 70 por ciento del mercado. ¿Con quiénes lo hicieron?”
Hasta ahora se sabe que una línea interna de la Fuerza Aérea sostuvo y consintió la presencia de los marinos en el aeropuerto. Pero la posición de Saín sugiere cierto consentimiento también de parte de los norteamericanos. ¿Cual sería el interés? Por el momento, Saín no lo dice, aunque en su entorno mencionan una explicación digna de una novela de espías: según esa lógica, hay un sector interesado en que TAS no deje de operar en el aeropuerto porque buena parte de su estructura durante años funcionó como red de información para los norteamericanos. Si la empresa se va, la estructura en cuestión se perdería.
“¿Cómo puede ser que se quejen en nombre de las empresas y por otro lado hablen de su preocupación por la seguridad?”, insistió el funcionario. Estados Unidos, dijo, “nunca trabajó tan seriamente con nosotros como ahora. Cuando asumí fui a la embajada, me puse de acuerdo y empezamos a trabajar bien; pero lo que no aceptamos son dobles discursos”. En ese sentido, la jefatura de la PSA se sorprendió de la actitud que tomó American Airlines con la suspensión de TAS. Contra los “supuestos” intereses comerciales invocados por los funcionarios norteamericanos, la compañía cambió de empresa y le envió una carta de agradecimiento a la PSA. En un mensaje dirigido al subinterventor Julio Postiglioni, American agradeció “la colaboración que usted ha brindado en la aceleración de los trámites correspondientes a la creación y consolidación de la empresa Longport Aviation Security Argentina”, una de las nuevas compañías –de capital norteamericano e inglés– que reemplazará el servicio de TAS en Ezeiza.