Alberto Kohan tiene tres embarcaciones y cuatro vehículos, tres de ellos Mercedes-Benz. Su cuantiosa lista de posesiones incluye nueve propiedades, entre ellas la famosa mansión de Acassuso comprada al término de su mandato y escriturada en 1,4 millón de dólares. El ex secretario presidencial de Carlos Menem tendría todo eso y mucho más, pero lo que seguramente no tendrá serán unas felices fiestas. El juez federal Ariel Lijo que conduce la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito acaba de ponerle fecha a su declaración indagatoria, prevista para el próximo 20 de diciembre. La citación es un paso decisivo: por primera vez, Kohan puede terminar una causa judicial con un procesamiento.
La causa de Kohan se reactivó el 14 de octubre del año pasado cuando Lijo impulsó la investigación prácticamente paralizada. Desde ese momento, el expediente sumó el trabajo de investigación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) y del fiscal Federico Delgado que calcularon en un 300 por ciento el incremento del patrimonio del ex funcionario. Con los elementos de prueba sumados ahora, el juzgado estima que los bienes de Kohan se multiplicaron unas diez veces desde su primer mandato en 1989 hasta el año 2001.
“La situación económica, patrimonial y financiera de Alberto Kohan y su esposa Marta Franco, como se diría vulgarmente, ‘no cierra’ ni siquiera con sus propias declaraciones (juradas)”, expresó la FIA hace menos de un mes en una presentación realizada ante el juzgado de Ariel Lijo. En ese momento, el organismo a cargo de Manuel Garrido agregó que, por ese motivo, la situación patrimonial de Kohan “debe ser explicada y justificada”.
Así sucedió poco más tarde. Lijo hizo lugar a ese pedido y citó al ex funcionario menemista para que explique cómo logró multiplicar su patrimonio en diez veces en menos de una década. La respuesta de Kohan y el análisis de su presentación culminó el lunes pasado: como aparentemente los elementos aún “no cierran” el juzgado ordenó la indagatoria de Kohan, una medida pedida por la fiscalía.
En esas condiciones, Kohan deberá presentarse en los tribunales el próximo y emblemático 20 de diciembre. Su causa ha acumulado hasta aquí numerosos y abultados elementos de prueba sobre los que él deberá dar detalles. Tal como informó este diario oportunamente, entre los elementos existe una pericia contable que pone en duda el valor declarado de algunas de sus propiedades y señala operaciones que no justificó.
La biografía judicial de Kohan ubica temporalmente sus comienzos en 1989 cuando el ex secretario del presidente Menem sólo tenía una casa en Martínez vendida en el año 2000 en 370.000 dólares. De allí en más la adquisición de autos, propiedades, embarcaciones y depósitos que se le atribuyen parece una parábola del menemismo.
Entre 1990 y 1991 compró una propiedad sobre la calle Pasteur de Martínez, en la misma cuadra de la casa anterior. Adquirió una camioneta Pathfinder, un Fiat Uno y un vehículo Nissan Bayal. Un año más tarde, sumó una casa en Olivos, una embarcación valuada en 15 mil dólares y, precavido, una parcela en un cementerio privado.
La evaluación judicial de compras y ventas llegó a 1999 cuando concluyó el período de gobierno de Carlos Menem, aunque la pesquisa podría avanzar. Entre otros casos relevantes, existen datos como la compra de una moto acuática de 9000 dólares en 1994. Según los papeles del ex funcionario, esa moto dejó de pertenecerle pero Prefectura informó que sigue bajo su nombre. Los investigadores retomaron, además, una de sus compras más populares: la adquisición de la famosa mansión de San Isidro de 1998, una propiedad valuada en 1,4 millón de dólares.
El enriquecimiento ilícito prevé una condena de dos a seis años de cárcel. Kohan puede terminar la indagatoria con un procesamiento, pero difícilmente quede preso por menos antes del juicio oral. Su situación en todo caso puede parecerse a la de María Julia Alsogaray. La ex secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del menemismo quedó detenida por una causa de sobreprecios pero no por la investigación de enriquecimiento ilícito que estaba en trámite. Sólo cuando la funcionaria estuvo detenida, el Tribunal Oral la condenó a tres años de prisión con cumplimiento efectivo. En camino hacia el juicio oral se encuentra, en cambio, el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, procesado por no poder explicar su aumento de patrimonio. El turno lo tiene ahora el ex secretario presidencial.