El fiscal Bernardo Schell y los abogados de las familias Kosteki y Santillán pidieron la prisión perpetua para el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, Alejandro Acosta. Así lo plantearon en sus alegatos ante el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora, tras señalar el “manifiesto desprecio por la vida humana” mostrado por los policías al haber disparado sobre Darío Santillán mientras “estaba indefenso, sin representar ningún peligro, tratando de auxiliar a un compañero herido”. El pedido de penas para los dos acusados fue el máximo posible: 25 años. Pero Fanchiotti no llegó a escuchar el número: pálido, con mala cara, había solicitado retirarse de la sala bastante antes de que los alegatos llegaran al final.
El y su chofer fueron considerados por la acusación como coautores de las muertes de Kosteki y Santillán y de otros siete intentos de homicidio. El comisario y Acosta, dijeron los querellantes, actuaron “de común acuerdo, disparando con munición de plomo para dar muerte a los manifestantes, sabiendo cada uno lo que hacía el otro y prestándose mutuo apoyo”. Los abogados usaron el ejemplo del pelotón de fusilamiento para su acusación: todos los que hacen fuego contra la víctima son responsables, más allá de cuál sea el arma de donde salió el proyectil letal.
Para los otros cinco policías juzgados en este proceso solicitaron castigos de 4 o 3 años por encubrimiento, ya que ocultaron los crímenes, y 10 meses de detención a Celestino Robledo, un retirado que se sumó a la represión. El imputado de mayor rango, el comisario inspector Félix Vega, quedó en una situación delicada, ya que dos de los abogados plantearon que debe ser investigado como responsable de los homicidios, por negligencia.
En el juicio no han quedado dudas sobre lo que ocurrió en Avellaneda, porque prácticamente toda la represión está filmada y fotografiada. Ayer, los abogados se preguntaron qué hubiera pasado sin esas imágenes. Gran parte de su tarea consistió en ponerles palabras a las fotos que se vieron en las audiencias. En ese sentido señalaron que:
u Es evidente que los manifestantes no representaban ningún peligro. La mayoría se estaba replegando. Algunos tiraron piedras, que no implicaban riesgo alguno porque los gases lacrimógenos los mantenían muy lejos.

- Fanchiotti pudo elegir el accionar menos dañoso, pero siguió el más violento. El fotógrafo Sergio Kowalewsky, por ejemplo, le preguntó para qué avanzaba si la gente estaba huyendo. Es decir que la situación le fue puesta ante sus ojos y sin embargo continuó. Momentos después entró con su grupo a la estación de Avellaneda donde fue asesinado Santillán.

- Fanchiotti “tuvo una influencia nefasta sobre Acosta”, y debe reprochársele haber inducido con su ejemplo (el de disparar sobre los piqueteros) a un subordinado. Acosta, que pudo negarse, actuó de acuerdo con él. “¿Hubiera habido muertos si les decía a las cámaras de televisión que su jefe estaba disparando con plomo?”, preguntó uno de los abogados.

- Ambos actuaron con alevosía, ya que se aprovecharon de la indefensión de sus víctimas.

- Acosta fue quien disparó contra Santillán. Tuvo una actitud “desproporcionada y fría”, le disparó por la espalda, sin darle chances de defenderse, ni siquiera de tratar de esquivar la agresión.

- Fanchiotti lo respaldó: no sólo no lo detuvo tras el asesinato sino que resaltó su actitud al cachear de manera innecesaria, dos veces y de forma brutal, al herido.
Si por la fiscalía alegó Schell, en representación de la querella lo hicieron Claudia Braccamonte (Kosteki), Mariano Bergés, Ignacio Irigaray (Santillán), Rodrigo Borda, Gerardo Fernández y Rodolfo Yansón (por los heridos).

Fueron ellos quienes dieron el paso de reclamar que se investigue la responsabilidad de los funcionarios políticos. “Lo que ocurrió no puede ser entendido como hechos aislados, atribuibles sólo a la iniciativa de un par de policías bonaerenses”, señaló Borda. Por el contrario, el gobierno “generó un clima, hizo gestos que incitaron a la represión (...) alentó el uso de la violencia” frente a ciudadanos “que estaban cayendo en la indigencia y se organizaron para reclamar”.
Los querellantes solicitaron que se investigue al ex titular de la SIDE Carlos Soria y a su segundo Oscar Rodríguez por haber ordenado hacer inteligencia sobre las organizaciones sociales y políticas que convocaron a la marcha. Bergés apuntó que los archivos mostrados en este juicio son “la punta del iceberg” y criticó el decreto presidencial que los abrió, “un decreto firmado sin convicción”, ya que el grueso quedó sin conocerse.
Los querellantes pidieron que a la causa abierta en la justicia federal sobre las responsabilidades políticas se agreguen las declaraciones del ex ministro de seguridad bonaerense Luis Genoid y el ex de Defensa Horacio Jaunarena. En aquel expediente ya figuran como imputados Eduardo Duhalde y Juan José Alvarez, entre otros. Hasta ahora, la causa no ha mostrado avances. Soria y el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi fueron denunciados también por falso testimonio.