El reloj empezó a correr para Antonio Bussi y los otros represores involucrados en violaciones a los derechos humanos en Tucumán. Luego de varios intentos por parte de los abogados de Bussi de demorar la indagatoria arguyendo problemas de salud, el juez Jorge Parache ordenó el traslado de Bussi desde el country de su hija en Pilar en el que cumple arresto domiciliario para indagarlo el 21 de febrero. Además fueron citados los represores Roberto y Hugo Albornoz, los coroneles Arturo González Naya y Mario Albino Zimmerman y el general Luciano Benjamín Menéndez, responsable del III Cuerpo del Ejército. Los abogados de Bussi intentarán apelar el fallo por su “estado de salud gravísimo”.
Bussi será indagado en las casi 500 causas por privación ilegítima de la libertad, tormentos, trato cruel e inhumano, asociación ilícita y homicidio calificado. “Para los organismos de derechos humanos es de mucha importancia, porque estamos ahondando en esa trama secreta que fue la represión ilegal durante los ’70”, planteó la abogada de familiares de desaparecidos Laura Fidalgo.
Bussi está detenido desde octubre del 2003. El juez le había permitido viajar a Buenos Aires a hacerse análisis de salud. Quedó en un country en Pilar con arresto domiciliario, luego de que tuvo que renunciar a la intendencia de Tucumán para la que fue electo en el 2003. El secretario de Derechos Humanos provincial, Bernardo Lobo Bugeau, pidió en noviembre que se le revocara el beneficio cuando se lo descubrió violando el arresto domiciliario: fue visto haciendo compras en el Jumbo de Pilar, jugando al tenis y tomando café en confiterías de la zona. A pesar de esto, sus abogados plantearon en sucesivos recursos que estaba incapacitado para viajar porque tenía problemas cardíacos. “Parache pidió tres informes médicos de peritos de la Corte Suprema sobre la salud de Bussi, lo que llevó más de un año. Luego del tercer informe sacó la indagatoria y le ordenó a Bendini que lo traslade en un avión sanitario”, explicó a Página/12 Lobo Bugeau. Los informes determinaron que tiene hipertensión, pero que puede viajar.
Entre febrero y marzo, también desfilarán otros represores. El juez Parache ordenó la detención del teniente primero Arturo González Naya, que se encuentra prófugo y está acusado de actuar en secuestros y en el enlace entre el Ejército y el CCD que funcionaba en la jefatura de policía. Además ordenó que se tome indagatoria al jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) de la policía, comisario inspector Roberto Albornoz, y a su hermano, Hugo Albornoz, además del coronel Mario Albino Zimmerman, que está internado en el Hospital Militar. También citó a indagatoria al responsable de la represión en el III Cuerpo del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez. Todos deberán responder en febrero y marzo, cuando se cumplen 30 años del golpe de Estado de 1976.

Informe: Werner Pertot.