Los represores de la Masacre de Margarita Belén quedaron a un paso del juicio oral. El juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky procesó a ocho militares y dos policías con prisión preventiva por desaparición y homicidio doblemente agravado por número de partícipes y por alevosía. La defensa de los militares tiene tres días hábiles para presentar una apelación. En caso de que no apele, se cerrará la etapa de instrucción y se elevará la causa a juicio oral. “Para nosotros, éste es un muy importante avance, pero estamos muy lejos todavía de decir que se ha hecho justicia. Queremos el juicio y castigo a todos los responsables”, sostuvo Mario Bosch, abogado de la agrupación HIJOS.
El 13 de diciembre de 1976, un grupo de presos políticos fue trasladado por el Ejército desde la cárcel de Resistencia (U7) a la Alcaidía policial, donde fueron torturados junto con un grupo de desaparecidos. Luego fueron llevados a Margarita Belén, a pocos kilómetros de Resistencia, y terminaron fusilados. De los 22 asesinados, se desconocen los nombres de cinco.
El juez Skidelsky procesó como autores de los asesinatos a los militares Luis Patetta, Horacio Losito, Jorge Carnero, Athos Renes, Ricardo Guillermo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme y Ernesto Simoni y como partícipes secundarios quedaron procesados los policías Carlos Carballo y Alfredo Chas. Por otra parte, declaró extinta la acción judicial contra Jorge Alcides Larrateguy, uno de los principales responsables de la masacre, que falleció este año. En su fallo, el juez consideró que la masacre formó parte de “un plan general establecido por las Fuerzas Armadas en nuestro país”. Skidelsky afirmó que “es aberrante el crimen aquí juzgado porque este grupo de seres humanos fue muerto por sus captores cuando se encontraban a su total merced, sin medios de oponerse a sus victimarios en medio de la noche y en una ruta desierta”.
Otro de los represores, Norberto Toso, se encuentra prófugo tras haber sido excarcelado el 22 de julio de 2003 por los camaristas Tomás Inda y María Beatriz Fernández, en una maniobra que fue repudiada por los organismos de derechos humanos. Los camaristas enfrentan un juicio político a causa de esta decisión. “Responsabilizamos a los jueces porque hoy no se pueda juzgar a Toso. Además de la impunidad de ese fallo, aquí vemos sus efectos”, señaló Bosch. En mayo de este año, los represores volvieron a prisión, con excepción de Toso, que tiene pedido de captura internacional.
“Hay muchos otros ejecutores directos que aún no están siendo juzgados, como tampoco los que impartieron las órdenes”, explicó Bosch en referencia al ex juez Luis Córdoba y los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, que enfrentan un sumario en la Procuración de la Nación, acusados de haber asistido a las sesiones de tortura y haber sido cómplices de la masacre. La Cámara Federal de Resistencia, integrada por conjueces, consideró que debe investigarse penalmente la complicidad de estos funcionarios. “El terrorismo de Estado y la Masacre de Margarita Belén pudieron tener lugar y se podía desaparecer y torturar en pleno centro de Chaco porque estos personajes le garantizaban la impunidad. Exigimos que sean separados de su cargo. Nos parece una contradicción del Estado nacional, que impulsa los derechos humanos, que estas personas sigan en sus funciones”, concluyó Bosch.

Informe: Werner Pertot.