Su caso tiene filones de novela. Dora Mariana Gesualdi es titular del Juzgado Nacional en lo Civil 5, pero por sus antecedentes académicos está ternada para cubrir una vacante en la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero. En julio de 2003, un empleado la denunció ante el Consejo de la Magistratura por “arbitrariedades” y supuesto “abuso de poder”. Mencionó maltratos, dilación en las sentencias y aseguró que usaba a una empleada de ordenanza del juzgado como empleada doméstica en su casa. El expediente acumuló una veintena de testimonios y elementos de prueba, pero el Consejo acaba de desestimar el caso y ordenó el archivo del expediente.
Tras muchas batallas, testimonios, pedidos de medidas de prueba y hasta la intervención del cuerpo de auditores de la Corte, la causa Gesualdi terminó archivada sin pena ni gloria el 24 de noviembre. Sólo cuatro consejeros se opusieron al cierre, desestimado tanto por la Comisión de Acusación y, tras dos años de investigación, por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
La causa se inició el 10 de julio de 2003 con una presentación de Juan Pablo Iribarne, por entonces prosecretario del juzgado nacional de Gesualdi. Desde que había llegado al despacho, el prosecretario observó “una situación de caos” llamativo, pero le fue mal cuando intentó remediarlo.
–Pero escuchame –le dijo un día a una secretaria–, ¡hay que sacar esto de acá!
Para colaborar con el cúmulo de expedientes hasta ofreció ponerse a trabajar en equipo pero a la jueza no le gustó:
–Pero cómo me van a ayudar –protestó ella–, ¿para que después digan que me hacen las sentencias?
Como sucedió ese día, cada vez que Iribarne hacía una propuesta, la jueza las rechazaba “sistemáticamente”, explicó en la denuncia. Y su gesto le valió, además, una declaración de guerra de parte de la jefa: Gesualdi, “dejó de darle el trato de estrecho colaborador para tratarlo como oponente”.
La denuncia contenía una serie de “arbitrariedades en el manejo del personal” y “otras irregularidades” con efectos en el estado general del juzgado. En su reseña, el prosecretario sintetizó otros datos como el affaire con la ordenanza. La empleada llegaba al juzgado todos los días a las 7 de la mañana pero en vez de cumplir con sus horas de trabajo reglamentarias, a las 9 la jueza la mandaba a trabajar a su casa.
“Desafectar a una empleada judicial y abocarla a la realización de tareas domésticas en el domicilio particular de la titular del juzgado, compromete la dignidad del cargo de quien ejecuta dicha conducta”, señaló tiempo después la consejera y diputada Marcela Rodríguez (ARI) en un dictamen de evaluación del caso. La empleada de limpieza no declaró en la causa, pero varios empleados confirmaron la situación. Incluso lo hizo la propia jueza convocada por los consejeros. Gesualdi reconoció la situación pero explicó que el sueldo de la empleada no lo pagaba el Poder Judicial sino ella misma con dinero de su bolsillo. Aunque los consejeros no pudieron comprobarlo, algunos de los que evaluaron a la jueza entendieron que aun así se trató de una situación de “desvío de poder” y “abuso” sobre el personal subalterno. Situación que, por otra parte, cierta parte de los consejeros admiten como naturalizada entre la familia judicial.
El affaire de la empleada doméstica constituyó “una arbitrariedad y un aprovechamiento impropio de un magistrado”, agregó la diputada del ARI durante el plenario en un dictamen en disidencia. La misma postura tomó la consejera sobre la situación de dos hermanas, Mariana y Fernanda Bueres, empleadas del juzgado e incluidas en la denuncia. Las hermanas son hijas de un vocal de la Cámara de Apelaciones, titular de la Cátedra de Derecho Civil de la UBA en la que Gesualdi se desempeña como adjunta. “En nada favorece a la imagen de la Justicia –escribió Rodríguez– cuando quienes serían las hijas de un camarista civil trabajan en un juzgado del mismo fuero en el que se desempeña su padre y a las órdenes de una jueza que es adjunta del mismo en una cátedra universitaria.”
Los auditores de la Corte constataron, además, “que existen datos incontrastables de la caótica tramitación en el tribunal, con documentos y expedientes extraviados, falta e respuesta a los requerimientos de otros magistrados y dictado de medidas de sentencia mal pronunciadas”. En cuanto a las supuestas dilaciones, encontraron “demoras promedio entre la fecha del llamamiento y la clausura del período probatorio de más de 27 meses en el 31,08 por ciento de las causas”. Aunque fallaba dentro de los plazos procesales, la jueza usaba una lógica “perversa”: “Para salvar su responsabilidad, suspendía sistemáticamente la(s) audiencia(s) y prorrogaba artificialmente los plazos reales mediante el dictado de nuevas medidas que retrasaban nuevamente los plazos, por eso siempre actuaba dentro de los plazos pero –dice el expediente– utilizando en todos los casos al misma artimaña”.
Nada de todo esto sirvió para sancionarla. Sólo Rodríguez, Juan Jesús Mingues, Humberto Quiroga Lavié y el abogado Beinusz
Szmukler se opusieron al cierre de la causa. Liberada del expediente, ahora Gesualdi sigue camino hacia la Cámara.