Contra la opinión de los principales involucrados –abogados, jueces, académicos, partidos políticos de la oposición–, con el peso que le dan los números y la decisión de aprobarlo sí o sí en lo que falta del año, el oficialismo intentará hoy tener un nuevo dictamen para reformar el Consejo de la Magistratura. La iniciativa impulsada por Cristina Fernández de Kirchner perdió estado parlamentario luego de la renovación de la Cámara alta. Sin la presencia de la primera dama –ya que su mandato caducó y el nuevo comenzará a regir recién mañana, cuando vuelva a prestar juramento—, el partido de gobierno pretende conseguir que los nuevos miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales pongan su firma en el mismo dictamen que habían refrendado dos semanas atrás. El mismo reduce el número de integrantes de 20 a 13, disminuye la participación de casi todos los estamentos, incluida a la minoría política en el caso de los parlamentarios, y da al oficialismo un peso determinante.
La decisión de CFK respecto del proyecto no tiene dobleces. La propuesta figura en uno de los 23 puntos incluidos por el Ejecutivo en el llamado a sesiones extraordinarias. El apuro por conseguir su media sanción en las escasas sesiones que le quedan al Senado lleva a los legisladores de la mayoría a intentar firmar hoy un nuevo dictamen. Sin esperar la semana que reglamentariamente demoran los proyectos en llegar al recinto, la mayoría lo elevará mañana. A pesar de que el radicalismo no contribuirá a los dos tercios que se necesitan para que la propuesta pueda ser tratada, el bloque PJ-Frente para la Victoria cuenta con los números suficientes para llevarlo al recinto. Y aprobarlo.
En este caso, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales será presidida por Marcelo Guinle. Debido a los recambios legislativos, a la estratégica comisión se incorporarán los kirchneristas Nicolás Fernández y Mario Daniele y también el riojano Carlos Menem. Los nuevos nombres vienen a reemplazar a Jorge Yoma, Mabel Müller y Eduardo Menem.
Para la diputada del ARI Marcela Rodríguez, la nueva ley significaría “la muerte del Consejo de la Magistratura o por lo menos su acta de defunción”. No duda en calificar al proyecto como una fuerte “injerencia en la Justicia propia de los años noventa”. En este punto recuerda que precisamente fueron los abogados y las minorías los que impulsaron cada caso de juicio político.
A partir de la reforma, el oficialismo tendría no sólo quórum propio para el funcionamiento del Consejo, sino que sus números son imprescindibles para llegar a los dos tercios necesarios para la destitución o nombramiento de un magistrado. El nuevo quórum se alcanza con siete miembros. Seis son legisladores, en cada caso la mayoría obtiene dos por cada cámara. A ello se le suma un representante por el Ejecutivo.
Entre los cambios se destacan que los jueces se reducen de cuatro a tres. También pierde su puesto el titular de la Corte Suprema de Justicia, los abogados se reducen de cuatro a dos, los académicos de dos pasan a tener un miembro. El tribunal de disciplina pierde su status de órgano permanente para transformarse en un cuerpo ad hoc para cada caso puntual. El Jury se formaría cada seis meses y por sorteo. El Consejo de la Magistratura nació luego de la reforma constitucional del año ’94. El constitucionalista Daniel Sabsay señaló que esta modificación alteraría el equilibrio previsto en la Constitución. Fue el titular de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto, quien en el debate de comisión aseguró que “el equilibrio es un concepto relativo”.