Aníbal Ibarra presentó ayer la prueba con la que se defenderá en el juicio político por el incendio de República Cromañón y se plantó una vez más en el centro del escenario. “A los gobiernos los cambia la sociedad y no un grupo de legisladores”, advirtió el suspendido mandatario, quien adelantó que hoy recusará al zamorista Gerardo Romagnoli porque incurrió en “prejuzgamiento como integrante del tribunal” que debe juzgarlo. Durante las audiencias en las que se definirá su futuro, Ibarra se propone demostrar que “la tragedia ocurrió a pesar de todo lo que se había hecho en materia de control” y con ese objetivo pidió, entre otras cosas, que se convocara a 44 testigos. Los legisladores que actuarán como fiscales solicitaron, por su parte, la citación de 104, entre ellos el gerenciador del boliche de Once, Omar Chabán. “Puede aportar datos sobre conocimiento que el gobierno tenía del funcionamiento de Cromañón y del abandono de sus facultades de controlar”, explicaron.
El ofrecimiento de prueba por parte de Ibarra y de los tres legisladores que sostendrán la acusación –Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto– es el avance más concreto que registra el juicio político al jefe de Gobierno desde que la Legislatura decidió suspenderlo hace un mes y sentarlo en el banquillo de los acusados por el incendio de Cromañón. Los mecanismos del proceso fueron puestos en marcha por el presidente del Tribunal Superior de Justicia porteño, Julio Maier, y el camino para enjuiciar a Ibarra quedó allanado el último sábado, cuando las nueve vacantes que dejaron en la Sala Juzgadora los legisladores salientes fueron cubiertos por los que estrenan mandato.
“Lo grave es que un jefe de Gobierno dependa de un sorteo”, advirtió una vez más Ibarra y reiteró que “deberían haber continuado aquellos que ya estaban definidos hace dos años para que no haya especulaciones”. Entre sus flamantes juzgadores está Romagnoli, el legislador de Autodeterminación y Libertad al que recusará por haberlo comparado con el ex comisario Alfredo Fanchiotti, acusado por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Puente Pueyrredón.
“Hacer una comparación pública entre un comisario procesado y que tiene pedido de prisión perpetua por doble homicidio con alguien a quien él tiene que juzgar en los próximos días es un prejuzgamiento de aquí a la China”, enfatizó Ibarra en la conferencia que ofreció junto a su defensor en el juicio político, el ex fiscal Julio César Strassera, para precisar los detalles de la prueba con la que tratará de refutar los argumentos de la acusación. Allí puntualizó que el eje de su defensa será “mostrar todo lo que se hizo estos años en áreas vinculadas al control, los problemas que se encontraron y las decisiones que se tomaron” con el propósito de probar que “la tragedia ocurrió a pesar de todo lo que se había hecho”.
Los testigos propuestos por el jefe de gobierno son 44, entre funcionarios de su administración; miembros de organismos de control, como la defensora del Pueblo, Alicia Pierini; ex convencionales constituyentes porteños; e integrantes de la Justicia, tal el caso del fiscal general contravencional Luis Cevasco. En la nómina se destacan Gladys Colonel y Juan Carlos Santillán, ambos padres de víctimas del boliche de Once.
Ibarra pidió también que se cite a indagación sumaria a Juan Carlos López, quien estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad cuando ocurrió la tragedia, como así también que se incorpore el testimonio que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, brindó ante la comisión investigadora de Cromañón. Además, solicitó que se tenga en cuenta el descargo que hizo en la etapa de la acusación y se pidan las causas judiciales por falso testimonio que involucran al médico Juan Antonio Mazzei y del ex defensor adjunto del Pueblo Atilio Alimena. Mientras Mazzei cuestionó la atención a las víctimas y la noche de la tragedia estaba en Punta del Este, Alimena dijo en su momento que había advertido a Ibarra de que podía ocurrir una tragedia en algún boliche. Acompañado por la casi totalidad de su gabinete, Ibarra dijo esperar “un debate público y no dejar que pase el tiempo”. “Quiero volver a ser jefe de Gobierno como corresponde”, agregó un Ibarra que en todo momento se mostró a la ofensiva frente a los legisladores y no dio mayor importancia a la posibilidad de que Chabán testifique en su juicio.
El gerenciador de Cromañón se distingue en la lista de testigos presentada por los acusadores, quienes pidieron también que sea citado a declarar el abogado José Iglesias, cuyo hijo murió en el incendio.
La prueba ofrecida por Ibarra y sus acusadores no generaría mayor controversia, pero la recusación de Romagnoli dará lugar a la polémica. En función de los tiempos procesales, la primera audiencia del juicio sería recién a fin de mes o principios de enero y por el número de testigos propuestos el debate promete prolongarse.