Luego de varios entuertos judiciales, la causa por la toma de la comisaría en La Boca –que se produjo tras el asesinato del dirigente del comedor Los Pibes, Martín “El Oso” Cisneros– inició en la Justicia ordinaria una contramarcha de lo que ocurría en la federal. Con el proceso en manos del juez federal Jorge Urso, el líder piquetero oficialista Luis D’Elía había sido imputado por 11 cargos. Urso se concentró en detenerlo, pero la Cámara Federal envió la causa a la Justicia ordinaria y el fiscal César Giménez fijó ayer tres cargos: robo, daños y amenazas. El más grave es robo, con una pena máxima de seis años. “Es un avance. Este fiscal nos adjudica tres cargos excarcelables. Cuando seamos sobreseídos, quedará demostrado que nos comimos un garrón para nada”, consideró D’Elía.
“El cargo de robo no tiene ningún fundamento, porque cuando nos fuimos de ahí hicimos un acta donde consta que no nos llevamos nada”, afirmó D’Elía. “Tendrán que probar quiénes hicieron daños. Yo tengo testigos como (el ex subsecretario de Seguridad Interior, José María) Campagnoli, que dice que D’Elía intentó conciliar en todo momento”, sostuvo el dirigente, que el 26 de junio de 2004, junto a un grupo de vecinos y piqueteros, tomó la comisaría 24, para reclamar la detención del presunto asesino de Cisneros, Juan Carlos Duarte. La jueza María Angélica Crotto ordenó el desalojo del lugar, pero el entonces secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y su segundo, Campagnoli, resolvieron negociar la salida de los manifestantes y dar intervención al juez federal Norberto Oyarbide. Ambos funcionarios fueron investigados por “desobediencia judicial” en una causa que fue cerrada en septiembre.
Oyarbide se excusó porque consideró que no hubo delito federal. La causa pasó a Urso, que pidió el desafuero de D’Elía como diputado provincial y su detención por lesiones, privación ilegal de la libertad, coacción, robo, daño, instigación a cometer delito, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, resistencia a la autoridad, ocultamiento de pruebas y encubrimiento. D’Elía, que en diciembre perdió los fueros, fue eximido de ir a prisión. Finalmente, la Cámara Federal resolvió que el fuero federal sólo es competente para investigar a los funcionarios –ahora sobreseídos– y la causa pasó a la Justicia ordinaria.
El fiscal de Pompeya, Giménez, intervino luego de que se excusase su par de La Boca, Campagnoli, por haber estado involucrado. Giménez presentó la imputación contra D’Elía y otros 36 piqueteros ante el juzgado donde Julio Lucini subroga a Crotto por enfermedad hasta el 31 de diciembre. La causa pasaría a su reemplazante, el juez Néstor Costabel (que también quedará a cargo de la causa por Cromañón), que deberá resolver la situación de D’Elía. En Tribunales estimaban que no habrá decisiones hasta febrero.