La urgencia está inscripta en el código genético del actual gobierno. En parte es un recurso de Néstor Kirchner para consolidar su legitimidad. Demostrar un acelerado contacto con las necesidades masivas y “la realidad”, proponerse como dueño absoluto de la iniciativa son sus objetivos recurrentes. Al Presidente le fascina sorprender, como modo de reforzar su poder.
El Gobierno también es corrido por la propia urgencia como producto de sus improvisaciones. El pago definitivo al Fondo Monetario Internacional (FMI) venía siendo rumiado por Kirchner desde bastante tiempo atrás, pero su oportunidad se resolvió muy de prisa, tras la consonante decisión de Lula da Silva. Así las cosas, la implementación respectiva no estaba pensada ni por el Banco Central ni mucho menos por la flamante ministra de Economía Felisa Miceli. El consiguiente proyecto de ley salió, pues, entre gallos y medianoche.
La prórroga de la Ley de Emergencia, que se terminó votando con estrépito, tenía un plazo legal irrevocable, el 31 de diciembre. Nada obstaba a que fuera presentada con mayor (con mejor) antelación. El susodicho proyecto se traspapeló en la premura del cambio de autoridad económica y entró en tiempo de descuento.
La urgencia de la modificación del Consejo de la Magistratura es, por decirlo mal y pronto, inexistente aunque el imaginario y el discurso oficial aseguren otra cosa.

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La obstrucción parlamentaria y la permanente denuncia mediática están inscriptas en el código genético de casi toda la oposición. Quienes se enconaron con el maratón legislativo instado por el Gobierno son en su abrumadora mayoría fuerzas políticas bastante extrañadas de la función ejecutiva. Los radicales más enconados no son los que responden a gobernadores boinas blancas, sino los que no gobiernan ninguna provincia. El ARI y el duhaldismo tampoco tienen gobernadores. Al duhaldismo le quedan algunas intendencias, cuyos titulares (todo lo indica) pasarán en tropel a las huestes del Frente para la Victoria. El ARI casi ninguno. PRO ninguno.
El cuadro parlamentario se complementa, en juego de espejos, demasiado con la lista de invitados al Salón Blanco para anunciar el pago al FMI. El Gobierno sólo interpela e invita a un fasto institucional a los opositores que ejercen cargos ejecutivos. A los otros, los deja afuera. Los otros, desde afuera y como pueden, apedrean el rancho.
La supuesta coalición opositora es un trasunto de debilidad. El ARI, el radicalismo, el duhaldismo, PRO, no han compartido (que se sepa) tribunas, seminarios, espacios académicos, ni siquiera trasegado demasiados cafés. El supuesto mínimo común denominador es la preocupación republicana. Pero cuesta creer que Elisa Carrió, tan despiadada con Aníbal Ibarra, Hermes Binner o Martín Sabbatella, no muestre pruritos para compartir un espacio de reivindicación republicana con el duhaldismo. El reclamo de transparencia colectivo colisiona con la pertinencia de varios de sus expositores. Suena excesivo que Graciela Camaño sea una vestal de las formalidades democráticas o que su compañero colega y tocayo Eduardo Camaño se haya reconvertido en una versión bonaerense de Thomas Jefferson. El espontáneo frente del rechazo parlamentario corre el riesgo certero de ser juzgado por sus eslabones más débiles que son, también, los más astutos.

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La expresión “clase política”, muy socorrida en el corriente siglo en un remoto país del sur, fue concebida por el estudioso italiano Gaetano Mosca allá por la década del 30 del siglo XX. Mosca, un conservador enemigo delsufragio universal, postulaba con finos argumentos que, en todo régimen político, la actividad de gobernar es concentrada por “una clase especial (.) una escasa minoría ante la masa de gobernados a la que se impone”. Mosca desdeñaba (como poco atenuaba) las diferencias entre los regímenes supuestamente democráticos y los aristocráticos puntualizando que en todos una pequeña elite domina a las masas. Italiano él, sus argumentos fueron retomados y potenciados por el naciente fascismo al que el hombre se opuso sin mayor fortuna. El vocablo “clase” es casi superfluo destacarlo, también discutía con el relato marxista.
Cuando en estas pampas se hace prosa (sin saberlo) con Mosca, se pretende sindicar a la dirigencia política como un conglomerado aislado de la sociedad, una casta. Un razonamiento sofisticado y hasta ambiguo deviene (manes de la comunicación de masas) en un sambenito simplote, numerosas veces cualunquista o trivial. A veces, en esta semana, los dirigentes democráticos parecieron dedicarse a justificar esta crítica no siempre sincera ni consistente.

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Discutir contrarreloj si el país sigue en emergencia o zafó de ella es todo un intríngulis que la clase política obvió por el peor camino. El oficialismo pecó de levantamanos. Los recintos fueron sobrevolados por sombra de José Astorgano, el diputado del primer peronismo cuya única función era proponer el cierre del debate. La oposición extremó el reglamentarismo y en realidad apostó más a la frustración que al debate.
Se polemizaba si el artículo primero del proyecto de ley es una autolimitación del Ejecutivo o una extensión de sus prerrogativas. La tradición nacional, incluida la de este gobierno, propicia más la segunda interpretación que la primera. Pero, en cualquier caso, el debate parlamentario (en el que los oficialistas podían haberse extendido acerca de cuánto se ata las manos el Presidente) es un recurso básico para interpretar la ley. Se lo llama en derecho “interpretación auténtica”. Sin ser obligatoria, es una referencia válida para dilucidar en el futuro qué quiso decir una ley mal redactada por apresuramiento, impericia, picardía o todo junto. El Gobierno pierde credibilidad cuando no sustenta su propio punto de vista.

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La extensión de la emergencia, en su faz ocupacional, incluye la prórroga de la vigencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Si la norma no se votaba, como intentó la oposición, el menguado subsidio quedaba sin sustento legal. Nadie cree que la oposición quiera eso, en cualquier caso no lo propone, pero ésa podía ser una consecuencia de sus actos, de la que nadie hablaba, alentando una lectura resignada: el juego parlamentario es un rol playing en el que todos buscan sacar ventajas dando por hecho su resultado final, que es el que aconteció. Una hipótesis imposible de corroborar pero, lamentablemente, tan creíble como decepcionante.

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Según nuestra Constitución (que no inventa nada en ese rubro) los elegidos por el voto no representan a quienes los votaron afirmativamente sino al conjunto. Eso, que alguien llamó “la magia de la representación” varía el concepto de mandato y de representado. Cristina Fernández, por caso, debe hacerse cargo de la mayoría que no apoyó a la primera minoría en la que ella revista. Elisa Carrió no es, a fuerza de diputada, sólo la mandataria de quienes creen en su prédica intransigente sino también de aquellos a quienes fustiga por haberse equivocado malamente y otorgado un cheque en blanco a un gobierno imbancable. El ejercicio democrático se resiente si todos priorizan la parte al todo, si le niegan pertinencia al otro. Y, sobre todo, si todos (sin estar conjurados pero como si lo estuvieran) cooperan para arrogarse el monopolio de la verdad y aun de la buena fe.

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La emergencia sanitaria, que también se votó a paso redoblado, es una rémora de los malos tiempos que merecería una atención política mayor. Se la reguló en plena crisis de 2002, postergando el pago de impuestos a las prepagas médicas. Fue una medida extrema, tratando de evitar quiebras en cadena, cortes de servicios y despidos masivos en un sector mano de obra intensiva. Suspender la cobranza de tributos es un paliativo por definición precario, cuya persistencia agrava una distorsión congénita. La persistencia de ese parche es, ya, una falta de seriedad. En parte funciona como un privilegio para uno de los sectores de servicios más cartelizados de la economía pero su transitoriedad incluye un riesgo fenomenal que es que las deudas no han sido canceladas y penden como una espada de Damocles. La perpetuación de ese disparate fue un implícito que presidió la firma del convenio colectivo entre el Sindicato de Sanidad y las patronales no se sabe si morosas o exentas. El Gobierno aduce que la AFIP y Jefatura de Gabinete están preparando una salida legal del entuerto.
Si al lector le parece que al Frente para la Victoria le cabía poner en conocimiento público esta situación y a la oposición hacerse cargo de sincerar su postura y sus propuestas (más allá de su juego parlamentario) tal vez no esté tan descarriado.

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El año que termina ha sido más propicio que los anteriores. El crecimiento económico y la regeneración del espacio político permitirían (valga el potencial) nuevas agendas con más márgenes de discusión y sofisticación. De momento, están pendientes.
La crispación de la “clase política” que (huelga decirlo) transcurrió en una burbuja alejada de las tribulaciones de las gentes de a pie, es una mala señal. La intolerancia crece cuando debería mermar.
Gobierno y oposición se encaprichan en adjudicarse todas las virtudes y en ningunear el rol del otro, que es irremplazable. El Gobierno es dueño de la escena y de la iniciativa y tiene todo por ganar (o por perder) en función de sus desempeños concretos. Pero traducir entonces que sus logros excusan (o hasta valorizan) sus recurrentes inconsistencias institucionales es un error que serrucha el piso compartido común.
La oposición suele arrogarse el monopolio de la moral y del saber y apuesta todo al fracaso del Gobierno, negándose incluso a hacerse cargo de la agenda inexorable que habilita la gestión estatal.
Por momentos, cada uno se asemeja demasiado a la caricatura impiadosa que pinta de él su rival.