“Es muy distinto a nosotros. Y piensa muy distinto a nosotros.” Con esa frase, pronunciada como si bastara para explicar todo, el Gobierno describía el enfrentamiento de la senadora Cristina Fernández de Kirchner con el vicepresidente, Daniel Scioli. La pelea pública se acentuó con las declaraciones del jefe de Gabinete y del ministro del Interior, quienes salieron a respaldar a la primera dama. Anteayer, en medio de una agitada sesión en el Senado, Cristina Kirchner responsabilizó a Scioli por impulsar “una operación de prensa” y lo retó por “no cuidar que se propalen hechos falsos”. Se refería a la difusión por varios diarios del desplazamiento del socialista Rubén Giustiniani de la Comisión de Justicia. Ayer, cerca del vice no podían salir del asombro por la dura respuesta oficial. “Es todo muy irracional. Y la información salió del despacho de Giustiniani”, dijo a Página/12 un colaborador de Scioli.
Si alguien pensaba que la airada irrupción de Cristina Kirchner quedaría en el recinto, se equivocaba. Ayer se sumaron las dos espadas mediáticas del Gobierno, Alberto y Aníbal Fernández. Los dos reforzaron la interpretación que había hecho la primera dama –ligando una serie de supuestos “errores” cometidos por Scioli– y defendieron su potestad de cuestionar públicamente al vicepresidente y titular del Senado. “Cuando los errores aparecen por los diarios dejan de ser errores y pasan a ser operaciones”, dijo el jefe de Gabinete en diálogo con Página/12.
Más enfático, su homónimo de Interior defendió el “derecho a quejarse” de Cristina Kirchner y la ensalzó con elogios de todo tipo. “Cristina tiene mil veces más poder sin ser ni siquiera vicepresidenta de la Nación. Debe ser uno de los políticos más importantes del país, uno de los cuadros más importantes de los últimos 50 años. Y porque sabe ejercerlo (el poder), no necesita intentar una cosa de esa característica”, dijo. Fue su manera de contestar las versiones que responsabilizaban a la primera dama por el desplazamiento de Giustiniani de la Comisión de Justicia.
El choque de la senadora con Scioli puso en el centro de la escena al secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada. Durante la discusión en el recinto, este funcionario técnico de la Cámara alta –que se encarga de redactar los decretos y es designado por el titular del cuerpo– había reconocido un error en el primer decreto parlamentario que informaba los nombres de los integrantes de la Comisión de Justicia. Con fecha del 13 de diciembre, en ese dictamen figuraba el socialista Giustiniani, quien había renunciado a la comisión en abril de 2004. Siete días después, el 20 de diciembre, el Senado emitió otro decreto que reemplazaba a Giustiniani por Fernández de Kirchner.
Para el jefe del bloque de senadores oficialista, Miguel Pichetto, Estrada cometió un “error involuntario”, porque incluyó a la primera dama en la Comisión de Justicia cuando ella no había pedido integrarla. Sin embargo, en el segundo decreto (69/05) se menciona una supuesta comunicación del bloque mayoritario. Ese mensaje, según algunas fuentes del Senado, podría haber sido sólo verbal. Si no existió un escrito previo, Scioli –por haber firmado el decreto– podría haber incurrido en el delito de “falsedad ideológica”, tal como lo planteó el jueves la propia Cristina Kirchner.
Las explicaciones de Estrada no parecen haber conformado al Gobierno. Con ánimo crítico, en el Ejecutivo comentan que el secretario parlamentario suele ser un hombre de confianza del titular del cuerpo, que no es otro que Scioli. Sin embargo, el pasado cercano muestra que también puede ser un hombre cercano del jefe del bloque mayoritario: así sucedió con Mario Pontaquarto, quien se encargaba de esas cuestiones (y otras menos sanctas) en el gobierno de la Alianza. Pontaquarto estaba más cerca de José Genoud, jefe del bloque radical, que del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
Con lecturas conspirativas, en el Gobierno vinculan la gaffe de Scioli al hacer jurar a Cristina Kirchner con otro (supuesto) error al nombrar a José Pampuro. Según ellos, esos hechos alimentan la teoría de la mala intención. Desde el entorno del vicepresidente, en cambio, desmienten todo y, como descargo, piden que se analice “de dónde salieron los faxes” con la información que enojó a la primera dama. El dedo índice está dirigido al propio Giustiniani.